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Opinión

El gobierno del PAC arrodillado ante los gremios

ANFE

El lunes 3 de septiembre del 2018 nos enteramos por medio de una gran conferencia en Casa Presidencial de que se bautizaba la semana como la “semana de la reactivación económica”, como que si la reactivación económica estuviera esperando a tener “una semana” para activarse. Con bombos, platillos y muchos jerarcas presentes anunciaron la intención de que a futuro van a eliminar algunos trámites, ahora como siempre, queda esperar los resultados de reales. 

Adicionalmente, en el marco de la “semana de la reactivación económica” nos encontramos ante otras dos acciones que nos recuerdan las muchas contradicciones entre el discurso y las acciones del Poder Ejecutivo:

La primera, el Presidente de la República aparenta estar arrodillado ante el gremio de los taxistas y por eso decidió instar a la plataforma Uber a irse del país. 

Sí, en medio de una crisis fiscal, una declaratoria de huelga indefinida, el tipo de cambio subiendo, el desempleo subiendo, el Presidente decide “instar” a cerrar operaciones a una plataforma que da 22.000 empleos y cuenta con más de 800.000 usuarios. 

Pero eso no termina ahí, cuando Uber le pidió al gobierno dialogar para definir una hoja de ruta y lograr modificar el marco legal, la respuesta del Ministro del MOPT fue que el mandato es una mesa de trabajo sólo con los taxistas, no con Uber, porque son ilegales y ni tan siquiera piensan en la incorporación de los usuarios en dichas mesas de trabajo.

La segunda contradicción se trata de la instrucción que le dio el Poder Ejecutivo al diputado oficialista Welmer Ramos, para que se retractara en la votación de una moción que había sido aprobada en el trámite del paquete de impuestos, dicha moción había eliminado el “enganche salarial” de los médicos, un privilegio odioso, injusto y nefasto. El diputado Ramos fundamentó su votación diciendo que el Ministro de Presidencia lo había solicitado, argumentando que ese cambio pudo generar problemas de inconexidad y habría derrumbado la reforma fiscal; algo que el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa salió a desmentir y aun así el diputado Ramos se rehúsa a incorporar nuevamente dicha disposición. 

Como ha sido del conocimiento general, los pluses y beneficios de esa ley han representado una carga enorme para las finanzas del sector público y en sector privado. 

Por ejemplo, en el 2018 la CCSS gastó aproximadamente ¢475 mil millones en pluses, sin contemplar las cargas sociales que implican y en el sector privado tiene a varias empresas al borde de la quiebra por reclamos salariales. Lo que le debe quedar claro a los ciudadanos es que al gobierno le dio miedo quitarles privilegios a los médicos y no están dispuestos a realizar los urgentes cambios estructurales para reducir gastos.

Esos son sólo dos ejemplos contundentes de cómo la administración del PAC está llena de contradicciones. Por el bien de Costa Rica, el gobierno del PAC debería dejar de estar arrodillado ante los gremios, si la semana pasada fueron los taxistas y los médicos, nada impide que la otra semana sean otros.

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Miércoles 12 Septiembre, 2018

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