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Sucesos

Gobierno prefiere gastar ¢780 mills. que usar policías

Dinero se usa para sustituir servicio que daba Vigilancia Aérea

Según representantes sindicales, esta fotografía fue captada este jueves y muestra largas filas en la manga de salida del aeropuerto

DIARIO EXTRA dio a conocer, desde julio del 2017, el tema del cambio de seguridad policial en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que pasó ser pública a quedar en manos privadas, tras una serie de cuestionamientos relacionados con la operación y vigilancia de los aeropuertos nacionales.

La seguridad brindada por parte del Estado fue removida debido a motivos presupuestarios y ante un eventual crecimiento de la operación. No obstante, ahora Aviación Civil reconoce que la seguridad privada genera un costo de ¢780 millones anuales.

A mediados del año anterior, la empresa Aeris compartió el cartel de licitación de los servicios de seguridad aeroportuaria, tema al que se refirió el director del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), Juan Luis Vargas, quien en una entrevista detalló que la presencia de los agentes privados sería en los puestos de ingreso del aeropuerto.

La empresa designada para asumir el rol de los policías aeroportuarios fue la compañía K9 Internacional y según autoridades de Aviación Civil de la anterior administración, la idea era agilizar la operación y extenderla ante el crecimiento de los aeropuertos, la medida pretende evitar mayores inversiones del Estado en materia de seguridad.

Sin embargo, tras varias consultas de la seccional ANEP-SVA dirigidas a las autoridades de Aviación Civil, se determinó que el costo de cambiar la seguridad estatal por privada genera una carga de ¢780 millones anuales a las arcas del Estado, monto que se cuestiona, ya que quedaría en manos privadas en tiempos que el gobierno anuncia una recesión económica y el sacrificio de los costarricenses.

“Nos preocupa este tipo de acciones gubernamentales, donde se ve debilitada la seguridad nacional de potestad del Estado que tuvo que ser defendida. Esto lo califico como un negocio, porque no se le puede llamar de otra manera a desembolsar ¢65 millones mensuales a una empresa de seguridad privada que da los mismos servicios que los oficiales del Vigilancia Aérea, que tienen mayor capacitación, pericia, experiencia y que el Estado ha invertido mucho en la capacitación de los oficiales”, indicó el directivo nacional de ANEP-SVA, Jonathan Flores.

En referencia al tema, el subdirector de la Dirección General de Aviación Civil, Rolando Richmond, explicó que la operación del aeropuerto crecía junto a la demanda de turistas, por lo que se toma la decisión de reformar la operación con elementos privados, cuyo costo sería similar a los procesos de contratación de personal por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con la diferencia de los trabamientos burocráticos que pudieron tardar meses.

“Hay una facilidad de contratación más rápida y más sencilla de forma privada, que tiene la ventaja y la facilidad de adquirir más rápido el recurso en comparación con los procesos del Estado. Por otro lado, es un contrato que actualmente lo paga el Estado para generar el beneficio, sin embargo, esta inversión será asumida por las líneas aéreas y será efectivo el año entrante”, manifestó, Rolando Richmond.

 

JUSTIFICACIÓN

 

Según el oficio número DGAC-DG-OF-1160-2018 dirigido a la ANEP por parte del subdirector del Servicio de Vigilancia Aérea, la tercerización o entrega a manos privadas de la soberanía en materia de seguridad fue una decisión que tomó el Consejo Técnico de Aviación Civil, para la que se basó en algunos elementos como la saturación y largas filas que en ese momento se achacaron al servicio que brindaban los oficiales de Vigilancia Aérea.

“El mayor problema sufrido en la terminal del Aeropuerto Internacional ha sido el congestionamiento casi permanente que ha presentado la terminal ante la carencia de recurso humano por parte de la policía aeroportuaria para operar de forma continua todos los puestos de inspección de pasajeros y empleados de la terminal. Lo indicado venía provocando largas filas de pasajeros”, detalla el informe de la Dirección Civil.

Esta justificación es refutada por los representantes sindicales, quienes con pruebas fotográficas captadas esta semana aseguran que la saturación del aeropuerto continúa porque el problema no eran los oficiales.

No obstante, según señalan se usó de justificación para entregar a manos privadas una operación que ahora genera un costo multimillonario al gobierno en tiempos de crisis.

“El Gobierno central se encuentra en una crisis financiera y de seguridad, por eso nos llama la atención esta inversión. Hemos recibido documentos oficiales donde se nos indica que el cambio se dio por el congestionamiento, las filas, pérdida de vuelos y conexiones, problemas que se le achacaron al personal de Vigilancia Aérea, pero en este momento sabemos que la saturación del aeropuerto sigue presentándose y estos nos da pie a pensar que todo fue para concretar un negocio del que alguien se llena los bolsillos a costas de debilitar la soberanía nacional”, argumentó Flores.

Al respecto, Richmond aseguró que la operación del aeropuerto ha mejorado debido al rol que asumió la empresa privada y, según el jerarca, permite que los oficiales aeroportuarios realicen otras labores sin descuidar las zonas sensibles de la terminal.

 

AVAL

 

Según las publicaciones del Periódico de Más Venta en Costa Rica, en julio del 2017 la Dirección de Aviación Civil sostuvo que el Consejo daba el aval para el cambio de los oficiales aeroportuarios por privados con base en las potestades imperiales que la ley entregaba al Ministerio de Gobernación.

Enio Cubillo, exdirector de la DGME, descalificó el Manual Aeronáutico Costarricense, dicho documento habla de los avales en materia de seguridad.

Por su parte, la anterior administración del Ministerio de Seguridad Pública aseguró que solo prestaba el servicio a la administración del aeropuerto y puntualizaron que la soberanía nacional en la terminal aérea no les correspondía.

En su momento también se quiso conocer el costo y de dónde saldría el financiamiento y pago a la compañía K9, pero el tema no fue detallado por las autoridades. Es hasta ahora que se da a conocer que el Estado deberá pagar esta cara factura que meses atrás generaba costos solo para el Servicios de Vigilancia Aérea.

De acuerdo con el sindicalista Flores los costos de esa operación en el SVA pudieron asumirse con menos del valor que ahora se le deberá pagar a manos privadas; según las autoridades de Aviación Civil, el pago será asumido el otro año por las aerolíneas.

PERIODISTA: Gustavo Retana

EMAIL: [email protected]

Viernes 10 Agosto, 2018

HORA: 12:00 AM

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