Socollón en la Corte: suspensión y jubilación
Editorial
Definitivamente la apresurada renuncia de Carlos Chinchilla Sandí, anunciada hace menos de 24 horas, como presidente de la Corte Suprema de Justicia deja un sinsabor a todos los costarricenses, más cuando el Poder Judicial atraviesa una profunda crisis de credibilidad.
Esta sorpresiva decisión, que se dio a conocer en la sesión de Corte Plena de este lunes, en un documento de dos párrafos leído por la magistrada Carmenmaría Escoto, no podría verse con normalidad y menos invisibilizarse, pues apenas cinco días atrás Chinchilla fue amonestado por una acción negligente en el caso Cementazo.
Asombra la medida adoptada por el magistrado, quien apenas cumplió un año en la silla presidencial de la Corte, pues su posición de frente a los escándalos que llevaron al despido de su homólogo y amigo Celso Gamboa siempre fue vehemente, dispuesta y constructiva, pese a los cuestionamientos que también hubo en su contra por supuesto tráfico de influencias.
Pero más desconcierta la forma en que el experimentado jurista notifica su salida, no dio la cara, apenas envió un escueto comunicado con la información básica de su jubilación a partir del 16 de julio, sin demoras, sin razones, como si tratara de escapar del escrutinio público.
Este silencio se suma al que mantuvo por más de medio año. El supremo juez no dio declaraciones a los medios sobre las causas administrativa y penal que pesaban en su contra, adujo siempre que mientras existieran debía abstenerse para no entorpecer las investigaciones.
Eso sí habló, con varios medios, incluido DIARIO EXTRA, sobre una serie de reformas profundas al Poder Judicial, inauguró varias sedes en el país y mantuvo las mensuales reuniones con los supremos poderes para coordinar acciones, pero nunca tocó el tema del Cementazo. Pese a la insistencia de los periodistas por conocer su opinión, siempre guardó silencio.
Indudablemente esto se veía venir, más cuando el informe del magistrado Román Solís llevó a una amonestación escrita para Chinchilla, Doris Arias, Jesús Ramírez, Celso Gamboa y María Elena Gómez, todos en su condición de magistrados de la Sala de Casación Penal.
Dicho informe fue claro al destacar que los cuatro funcionarios, además de la fiscal Berenice Smith, incumplieron con su labor de analizar prueba que mostraba un aparente tráfico de influencias, en este caso el listado de llamadas telefónicas hecho por el OIJ entre los diputados Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños.
Pese a los datos, la Sala Tercera desestimó la causa contra los exlegisladores, lo que fue cuestionable, más cuando había prueba que determinaba el posible vínculo entre los políticos y el empresario ahora encarcelado.
El primer castigo contra los altos jueces causó estupor en todas les esferas y era de esperarse porque se catalogó como alcahuete, temerario y confabulado, cuando se conoce que, de los 22 magistrados de Corte Plena, solo 10 apoyaron sancionarlos y 12 no acogieron dicha propuesta. Lo que fue descrito como una falta grave se redujo a la nada, dejando a un país con malestar e incertidumbre sobre la transparencia y credibilidad de la Corte y sus altos jerarcas.
Las críticas no se hicieron esperar. La presión durante estos días para corregir la sanción ha sido latente y fue eso lo que posiblemente llevó a la salida de Chinchilla Sandí, pues no existe otra razón contundente para tan intempestiva decisión.
Los demás amonestados aseguran que no dejarán su cargo y más bien buscan la forma de defenderse del señalamiento, lo que en estos momentos es bastante difícil, cuando se toma en cuenta que el caso del cemento chino reveló una maraña de corrupción en los tres poderes.
Dicen que nunca es tarde cuando la dicha llega y en un acto de enmienda la Corte Plena votó este lunes por la tarde la suspensión por dos meses de los demás magistrados, corrigiendo la vergonzosa decisión que tomó hace unos días.
Quince votos a favor de la nueva suspensión solo dejan ver que el amiguismo imperó en la primera decisión. Es justo que el voto sea público y los ciudadanos estamos en la potestad de saberlo.
La salida de Carlos Chinchilla Sandí deja más dudas que respuestas. Hubiera sido interesante escuchar sus motivos para irse de la Corte, más cuando lideraba un proceso de transformación y modernización, en medio de una crisis que involucraba a cerca de 16.000 empleados judiciales que pasan el peor de sus momentos.
Lo justo era explicarles también a los ciudadanos por qué en un año tan álgido era necesaria su pensión. ¿Que implicaría su salida de la presidencia de la Corte? ¿El mea culpa?
Lo sucedido durante estos meses en la Corte nos lleva a varios puntos importantes para analizar, entre ellos la elección de magistrados del Poder Judicial, que debe despolitizarse sí o sí. Ya hemos comprobado en Costa Rica que muchos de esos nombramientos se hacen para pagar favores, por padrinazgos e influencias. Con esto no cuestionamos la honorabilidad de quienes ostentan esos cargos, pero sí los intereses de quienes los eligieron.
Hay experiencias en otras latitudes que denotarían mayor transparencia en la elección de cargos tan importantes.
Otro punto para revisar es el tiempo de vigencia en el puesto, pues la reelección sin límite parece estar siendo nociva para el sistema.
Ahora el asunto de las sanciones para los magistrados también debe revisarse con lupa porque existe una evidente dificultad para disciplinar a los pares. Mantener la imparcialidad en un órgano colegiado que se reúne con frecuencia, que permite cosechar amistades de años y relaciones hasta familiares es complicado y una nuestra constituye lo sucedido la semana anterior. Mantenerse en el sistema actual está dando muestras de ser ilógico e ineficiente.
Propuestas de reforma a la ley hay varias y deben concretarse con celeridad. Los magistrados no pueden permitir que la confianza en la administración de justicia termine de resquebrajarse, los ciudadanos urgimos de certeza, transparencia y responsabilidad de su parte.
Las reformas al Poder Judicial no deben posponerse, la inacción institucional podría ser muy cara y las muestras de ese alto precio son evidentes.
