Diario Extra - 'La reforma fiscal es un trago amargo que debemos tomar'

“No hay de otra, la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa debe aprobarse y tomarse como un trago amargo, si no queremos que las consecuencias sean peores”. Así lo explica y defiende la contralora Marta Acosta. Su posición es clara, los impuestos y cambios fiscales que se impulsan son necesarios, pero no resuelven el problema de fondo, por eso insiste que seguido de esto el país debe dedicarse a aplicar reformas estructurales de fondo que logren un equilibrio real del gasto público.

Acosta conversó con Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA.

El siguiente es un extracto de la conversación.

¿Cuál es la posición de la Contraloría sobre la reforma fiscal?

-La Contraloría está de acuerdo con la reforma fiscal porque viene a modificar el modelo tributario que tiene el país, donde casi la mitad de las empresas son de servicios y no están siendo gravadas. Porque nuestro modelo tributario es viejo. Entonces el IVA (Impuesto de Valor Agregado) viene a modernizar y lo va a pagar todo el mundo por igual, pero la gente que más puede pagará más, porque es la que más consume servicios. Se requiere generar ingresos porque la situación de las finanzas públicas es apremiante, el endeudamiento sigue creciendo y si bien es cierto la reforma no es suficiente, viene a aliviar el estrés fiscal que en este momento tenemos.

¿Por qué llegamos hasta donde estamos, a este punto de precrisis?

-El país ha venido con una tendencia creciente al gasto corriente, es decir para cubrir las operaciones del Estado, y ha crecido tanto que no alcanzan los ingresos. En parte por las políticas generosas que se han tenido, en materia de transferencias, remuneraciones y destinos específicos, porque no hay una cultura de ahorro en el país, entonces por ejemplo para abril de este año los gastos crecieron a un 8% y los ingresos a un 5%. Esa disparidad se ha venido dando por años y para cerrar esa brecha lo que hacemos es endeudarnos, por eso el nivel de la deuda pública ya está en el 49%, que es ya traspasar el límite natural del endeudamiento, entonces la situación no es sencilla.

¿Por qué son necesarios más impuestos?

-Los ingresos por impuestos de venta y de renta se han desacelerado de una manera impresionante y el gasto sigue creciendo, entonces hay que cerrar esa brecha. En este momento son necesarios los impuestos porque al no ser suficientes los ingresos lo que hace el gobierno es salir al mercado local a pedir prestado y esto hace que se restrinja el crédito al sector privado, no solo a las empresas, sino a las familias. Si esa presión sigue así, el dinero va a ser más caro, porque los que le prestan al gobierno saben que está desesperado, entonces pueden comenzar a subir las tasas de interés y todos vamos a tener que pagar más por los préstamos de la casa, del carro, los que tienen deudas en tarjetas, los préstamos de las empresas, entonces eso va a perjudicar el bolsillo de los ricos y de los pobres. Y las empresas, que manejan su estructura de costos, pues cuando algo sube por algún lado tienen que equilibrar, lo que podría producir que disminuyan su planilla generando más desempleo.

¿Hay una desaceleración en la economía?

-Sí, la gente no está consumiendo, por ejemplo, en los impuestos aduaneros la gente está importando menos vehículos y eso hace que se desacelere el cobro del impuesto. Este país ha tenido la suerte de tener espacios favorables, no hubo cambios bruscos en los precios internacionales del petróleo, cuando las tasas de interés estuvieron estables y no se aprovechó para hacer la reforma. Por eso hemos insistido en que entre más rápido tomemos decisiones menos impacto negativo vamos a tener, pero sino será más costoso para todos.

Usted dice que la reforma no es suficiente pero sí necesaria, y habla de medidas estructurales que se deben aplicar. ¿Cuáles son esas medidas?

-Bueno, eso incluye el tema de los destinos específicos de las transferencias y remuneraciones, porque el presupuesto de la República se destina en un 31% a las transferencias que es la plata que el gobierno le pasa a otras instituciones, el 28% está conformado por las remuneraciones y el otro 30% es el servicio de deuda más intereses. Los que disparan el gasto son transferencias y remuneraciones y dentro de las transferencias están los destinos específicos y las jubilaciones. Entonces para resolver esto se requiere abordar estos dos grandes temas y mucho será a mediano y largo plazo.

El tema de las transferencias de ese 31% de los ingresos, ¿cómo se podría recortar?

-Esas son las platas que el gobierno le traslada a otras instituciones para que operen, también está la plata de los regímenes de pensiones a cargo de la Dirección General de Pensiones. Ahí incluimos destinos específicos también que están ligados a variables macroeconómicas como el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se le da a la educación y otro porcentaje al Poder Judicial (casi el 10% del PIB), un porcentaje del impuesto de ventas se le da PANI, un porcentaje del impuesto a los licores al IAFA, entonces mucho de lo que el gobierno recauda ya lo tiene comprometido ya sea por Ley o por Constitución, esos que mencioné son algunos ejemplos.

¿Hay que revisar esa asignación de recursos?

-Cuando decimos que hay que revisarlos no es para que se quiten, por ejemplo, en educación el país decidió que se le diera un 8% del PIB, nunca se lo ha dado, porque no alcanzan los fondos. Yo lo que digo es que el país debería preguntarse, con el cambio demográfico que estamos viviendo, es decir que habrá menos niños y menos jóvenes y más adultos mayores, si deberíamos seguir dando ese 8% en los próximos años, uno podría pensar que eso hay que revisarlo. No estoy diciendo que se le recorte a la educación, jamás, si yo soy la primera en defender, porque soy consciente que la educación ha sido la palanca que le ha permitido a este país crecer y generar oportunidades a la gente, pero puede ser que en el futuro no sea necesario todo ese porcentaje.

El PANI por ejemplo…

-Sí, exacto, recibe el 7% de lo recaudado del impuesto de ventas, ¿qué pasa si se recauda mucho más y hay que darle más plata y tal vez la institución no está preparada para utilizarla? ¿Por qué esa diferencia no se la damos a otra que la necesita? Los destinos específicos no los está asignando el gobierno todos porque no le alcanza la plata, este año 2018 se dejaron de asignar ¢260 mil millones a educación, al IMAS, al IAFA, Dinadeco, entonces la reforma fiscal tiene un artículo que le da un nivel de flexibilidad a Hacienda para poder hacer eso, si se recaudó más no darle todo a esa institución sino a otra que no le tocó nada.

¿Qué pasa con los pluses salariales?

-El 44% del salario de los funcionarios en promedio se compone de pluses. Actualmente hay en los ministerios 127 pluses distintos, en el MEP hay 74 pluses, por ejemplo, Hacienda 27, Presidencia 20 y Seguridad es el otro con más cantidad de estos beneficios. El problema fue que el país comenzó a generar pluses porque los salarios bases eran bajos, en un estudio que hicimos, lo que decimos es que cualquier esquema de remuneración debería establecer: primero salario igual a trabajo igual, salario distinto, sólo en condiciones distintas de responsabilidades y de competencias de las personas, y los salarios del sector público debería acercarse al del sector privado donde corresponda. La normativa que sustenta estos pluses debería revisarse de manera constante y periódica para conocer del esquema que tenemos, hay normas de los años 50’s, de los 60’s, 70’s, 80’s y 90’s, el país no se ha dado la oportunidad de revisar los esquemas de empleo público.

El gobierno dice que para el 2019 presentará una propuesta de salario único para el sector público, ¿usted la apoya?

-Nosotros estamos de acuerdo con un salario uniforme, yo no hablo de único porque creo que eso hay que analizarlo dependiendo de las características, funciones y complejidades de las labores que cada empleado realice, pero sí al menos uniforme en cuanto a los criterios que van conformar los salarios de la gente. Nosotros hicimos unas simulaciones con base en el gobierno central para funcionarios nuevos con el 100% del salario uniforme. Esto nos indicó que a los 12 años comenzamos a generar ahorro. Tendríamos una planilla simétrica, la gente ganaría lo mismo por hacer lo mismo, al principio sí sería una planilla más cara, porque implica quitar pluses y subir los salarios base, pero en el largo plazo es conveniente.

¿En la Contraloría ya lo aplican?

-Sí, entramos a salario uniforme en el 2007, y hoy tenemos el 55% de la planilla en esa condición, luego de renuncias o jubilaciones. Al principio hubo juicios y contenciosos administrativos, pero siempre nos dieron la razón y estamos con una planilla más equitativa y simétrica. El tema es el compromiso como jerarcas que se tenga.

¿Por qué ha costado tanto controlar a los grandes evasores?

-Es un tema que el país debe resolver, pero para empezar nunca se va a eliminar, siempre habrá algún margen por más control que se tenga. La administración tributaria requiere modernizarse, tecnología, sistemas informáticos, controles cruzados, estar detrás del contribuyente para que la gente pague. Hay una deuda con el país en esta materia y se requieren medidas de peso y al menos veo positivas las medidas que se han aplicado que pasan de la inacción a la acción. Pero este problema no es solo de hacer leyes, se ocupa tecnología, personal entrenado, y una cultura de tributar, sin esto será muy difícil de llegar a niveles bajos de evasión.

¿Hay sectores que no quieren ceder?

-Ese es el tema que tenemos, no todos queremos aportar lo que nos toca y la situación es tal que nos tocará a todos poner de nuestra parte. Creo que hay personas que no le comprenden.

¿Son irresponsables algunos sindicatos al abordar este tema?

-No lo sé, yo tengo mi duda que comprendan a fondo lo que está pasando. Porque si esta reforma no pasa y no se toman decisiones estructurales, el costo será mucho mayor, no solo para ellos, sino para todos los costarricenses y los más vulnerables los golpeará más. El problema es que cada grupo de interés piensa en sí mismo y su afectación, pero no queremos ver que la afectación será mucho mayor, esto es un trago amargo que tendremos que pasar si queremos ordenar la casa y para el futuro de los que vienen.

¿Qué consecuencias podría tener?

-Una de las principales sería el aumento de las tasas de interés. Cuando eso pase y a la gente le rebajen la cuota del préstamo bancario se va a llevar un susto, no es la intención meter miedo, sino advertir lo que puede pasar para que no pase. Porque cuando nos dicen ahí viene el lobo y no viene, la verdad es que ya está empujando la puerta.

Los impuestos a la canasta básica han sido muy polémicos…

-Sí, pero todo sistema tributario tiene que ser equitativo y a las circunstancias que hemos llegado a todos nos tocará aportar. Uno lo que esperaría es que cuando se comiencen a sanear las finanzas públicas, todo esto se pueda compensar o devolver de mejor manera a los ciudadanos, en especial a los más vulnerables, con servicios más eficientes. Gravar la canasta básica se hace por transparencia y trazabilidad del IVA, pero esperamos que se le compense al ciudadano en mejores servicios.

Usted dice que hay que revisar también las exoneraciones…

-Sí, porque el país debe darse la oportunidad de revisar pues hay muchas que se otorgaron hace décadas para incentivar sectores de la economía. Hay que constatar si ya lo hicieron, si pueden caminar solas, y si ya no le retribuyen nada al Estado. Habrá otros sectores que se quieran incentivar, porque el gasto tributario es más del 5% del PIB y podríamos disminuirlo o reubicarlo donde se ocupe de verdad.

EXTRADIRECTO

Reforma fiscal: ¡Ya!

Remuneraciones: Llamar al orden.

Impuestos: Necesarios.

Pensiones de lujo: Que se acaben.

Destinos específicos: A revisión.

Consumidores: Aportar lo que nos toca.

Evasión: Nefasta.

Ministerio de Hacienda: Gran responsabilidad.

Déficit fiscal: Problema estructural.

Generosidad del Estado: Tiene consecuencias.

Sindicatos: Grupo de interés.