Las estafas a costarricenses siguen dando de qué hablar. Según datos otorgados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante los últimos 12 meses se han contabilizado más de ¢3.289.000.000 en pérdidas para los usuarios.
Lo anterior mediante un sofisticado método en el que los privados de libertad logran engañar a la ciudadanía haciéndole creer que forman parte de una institución bancaria o bien del Ministerio de Hacienda y les piden información sensible relacionada con sus cuentas.
De acuerdo con las autoridades, con un poco de hablada y buen conocimiento de lo que sucede actualmente en procesos bancarios y debido a la implementación de la factura electrónica, consiguen que clientes y comerciantes les den todo lo que necesitan.
Karla Chinchilla, oficial de investigación de la Unidad de Fraudes Bancarios de la Sección de Fraudes del OIJ, comenta que los estafadores siguen encontrando víctimas y a la población le hace falta malicia en este asunto.
“Tenemos una problemática muy alta por las estafas de ingeniería social que se hacen desde centros penales, como la llamada tripartita, el falso funcionario bancario se ha actualizado un poco, dificultando todo”, dijo.
“Conocen que todos los comercios deben tener factura electrónica, están llamando a los comercios diciendo que deben hacerlo y les ofrecen una manera de hacerlo desde la computadora, por esto se reportan más de ¢2.742.978.000 en total”, agregó.
Chinchilla explicó que, aprovechándose de la inocencia de muchos, les dicen que bajen programas que permiten obtener control remoto de las computadoras o bien ver todo lo que el usuario debe ingresar en los sitios web.
Con dicha información, obtienen luz verde para horas o incluso minutos después ingresar y realizar transferencias de distintos montos a una serie de cuentas bancarias pertenecientes a los mismos estafadores.
Cuando los afectados ven el faltante de dinero, acuden a los bancos, los cuales les dicen que ellos no tienen representantes que realicen ese tipo de servicio, por lo tanto, descubren que fueron víctimas de una estafa de alto calibre y deben poner la denuncia ante las autoridades.
1.800 ESTAFAS EN 12 MESES
Otro asunto por el cual el OIJ mostró preocupación consiste en que, desde julio del año anterior hasta julio de este año, se reportan más de 1.317 denuncias recibidas en total y puede haber cientos que por vergüenza no dicen nada, o bien no se han dado cuenta del robo.
De estas, 855 fueron con el timo del falso funcionario, otras 146 por llamada tripartita en la que participa más de un estafador y el resto por modalidad de phishing, es decir correos o mensajes a nombre de la supuesta entidad o institución para que las personas introduzcan sus datos.
Esto representa más de 100 nuevas denuncias cada mes que los investigadores deben atender para evitar que haya más víctimas, pero aun así parece que la gente no entiende y sigue aumentando la estadística de robos.
Sin embargo, la Policía Judicial asegura que las indagaciones avanzan por buen camino, pues tienen identificadas un total de 1.818 cuentas como destino de los fondos obtenidos.
ADULTOS JÓVENES, LOS MÁS AFECTADOS
Aunque muchos pueden creer que las personas de edad avanzada se convertirían en las víctimas más probables, la realidad es muy distinta.
Según estadísticas, se han dado casos tanto en adultos mayores como en jóvenes de 18 años, pero la población más propensa ha sido aquella entre los 35 y los 45 años de edad, quienes tienen más contacto con la tecnología en la mayoría de los aspectos de su vida, trabajan con una computadora y además son la población económicamente activa más fuerte.
TELEFÓNICAS NO PUEDEN HACER NADA
El hecho de que el 100% de las llamadas sale del Centro Penitenciario La Reforma mantiene en vilo a las autoridades, pero preocupa más aún a las empresas de telecomunicaciones.
De acuerdo con Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), el proyecto de ley que se maneja en la Asamblea Legislativa, que pretende bloquear la señal celular en centros penales, no sería la solución al problema, sino que la respuesta es acabar de una vez con todas con el ingreso de dispositivos móviles a dichos recintos mediante mejores cateos y controles por parte de las autoridades.
“Las mejores prácticas apuntan a que sea el Estado, mediante sus autoridades competentes, quienes gestionen, a través de empresas especializadas, una solución que abarque todas las posibles comunicaciones”, afirmó.
Entre las acciones de corto plazo que plantea la Cámara, destaca organizar un taller conjunto con expertos internacionales y autoridades costarricenses para incorporar las mejores prácticas en la propuesta legal, para atender la problemática de las comunicaciones no deseadas desde una perspectiva integral y efectiva, de modo que no queden únicamente sobre ellos las responsabilidades del caso.
