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Opinión

Hacia un mejor gobierno judicial

Parte I / Ronaldo Hernández H.*

Por lo extenso de las razones que se dirán, se ha considerado dividir este artículo en tres partes. El cambio estructural urgente en el Poder Judicial, los ámbitos de cambio y las propuestas de mejora.

Tres décadas o más de múltiples iniciativas de cambio y programas administrativos para adecuar al sistema judicial al ideario constitucional de la justicia pronta y cumplida no han sido suficientes. Intentos de hacerlo más eficiente en su operatoria no han visto los resultados deseados como una realidad hoy día. 

Lamentablemente, varias de esas iniciativas han arrojado menos resultados que los esperados, y menos resultados perceptibles por los ciudadanos. Persiste aún, después de buenas intenciones, resultados negativos entre la demanda y la oferta de servicios judiciales. 

Sin embargo, pese a estos esfuerzos de gerencia, no se aprecian mejoras significativas en el funcionamiento del sistema judicial a la altura del siglo XXI. Sigue siendo más de lo mismo. 

La evidencia está en el letargo de la oficina judicial y, por consecuente, en la tutela judicial efectiva como producto final y exigido por el usuario, misma que no se muestra, en la pragmática, como una garantía para el ciudadano usuario. 

Si se toma como punto de partida que el ser humano es la causa y fin de todo el sistema institucional, como lo postula el derecho de la Constitución, resulta evidente la necesidad de una interacción constante entre la población y el Poder Judicial como responsable del ejercicio de ese poder delegado. 

Este criterio o supuesto ontológico hace que el Poder Judicial no sea un fin en sí mismo, sino tan solo un instrumento para dar a quien corresponda la justicia reclamada y, como tal, sus funcionarios deben, como obligación principal y central de sus funciones, servirle al usuario y no servirse de ellos. 

Basta ya de un servicio deficiente. Basta ya de favorecimientos personales, basta ya de corrupción. 

La construcción -con visión participativa- de una justicia con rostro y solución humana, que reconozca las diferencias y condiciones particulares de sectores de la población, implica una apuesta por una institucionalidad robusta, sana e inclusiva que incidirá, definitivamente, en la vigencia de los derechos fundamentales de los usuarios y usuarias del servicio público de Administración de Justicia. Por ello, toda acción de gobierno judicial, ha de contener como eje transversal que es, el pragmatismo humanista. Aquí radica la esencia del cambio, transformar el obsoleto paradigma del servicio público reglamentado, y hasta de un solapado ejercicio discrecional subrepticio, hacia un servicio público práctico, transparente y eficiente por y para el usuario. 

Desde los nombramientos de los señores y señoras magistradas y sus competencias fundamentales y hasta su organización inferior. 

Se exige que las respuestas a este reto sean adoptadas, sin vanidades ni soberbias, renunciándose a nichos de confort y excesos; y que las decisiones que se tomen no sean el producto de imposiciones verticales, favorecimientos ocultos, o de otra matráfula escondida, sino con el mayor grado de consenso, transparencia, que implique accesibilidad y comunicabilidad, tanto a lo interno entre sus operadores funcionariales, como a lo externo entre los creadores de opinión, en cuanto que requieren el mayor grado de legitimidad para su éxito. 

El sistema de administración de justicia es quizás la pieza más importante del andamiaje institucional de un Estado Constitucional de Derecho. 

Sin un Poder Judicial capaz de dispensar y administrar justicia en forma adecuada, aceptable y sobre todo oportuna para los agentes económicos, sociales y políticos, es prácticamente imposible generar la confianza en que las reglas del juego en estos tres ámbitos de la vida nacional serán aplicadas en forma imparcial y de acuerdo a los méritos de cada caso. 

Esto socava los fundamentos de la convivencia entre personas, empresas y organizaciones de todo tipo, con lo que se vuelve muy difícil sumar esfuerzos y concertar voluntades para lograr los objetivos de desarrollo. 

La eficiencia se logra a partir de la superación de una gerencia institucional obsoleta, retrasada y de alto costo, por una eficaz y simplificada que excluya los gastos ociosos, superfluos e innecesarios. 

El deterioro progresivo de la imagen de la Justicia es una poderosa llamada de atención a los poderes públicos y a los jerarcas institucionales en tanto el Estado democrático de Derecho no funciona plenamente con una Justicia funcional y estructuralmente debilitada e ineficiente. 

A mayor retardo de la respuesta judicial, mayor denegación de justicia. 

Es la hora de formular un nuevo esquema, un verdadero cambio judicial, que rompa con los paradigmas establecidos, y procure al corto o mediano plazo dar el salto cualitativo hacia una justicia de primer orden a un costo razonable pero sostenible. 

Se deben abordar, con sosiego y madurez, las medidas necesarias, pero urgentes, que fomenten hacia el cambio deseado pero urgente para un Poder Judicial moderno y transparente, acorde con las necesidades de los usuarios, que permita reafirmar no solo la credibilidad en ella, sino además, para llevarlo, de una vez y por todas, sobre un camino seguro y consolidado de una tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica y, más que todo, bajo un eficiente servicio público judicial. 

Aunque en todo ensayo de esta naturaleza cabe la crítica por su insuficiencia o falta de ambición; de forma aproximativa se intentará en la próxima entrega de este artículo, a modo de continuación, hacer una propuesta, en los aspectos que presentan contornos más problemáticos en el presente en el que el Poder Judicial sufre una crisis que no es sino de crecimiento y sus debilidades, fruto de la demanda, cada vez más intensa, de los ciudadanos que reclaman un servicio judicial satisfactorio, aséptico, razonable y, sobre todo, confiable.

 

*Juez Tribunal Contencioso Administrativo

 

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Jueves 12 Julio, 2018

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