La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) pudo haber informado a la prensa sobre la resolución en el caso del expresidente Luis Guillermo Solís el propio 27 de abril, día que emitió el informe de desestimación.
Asimismo, la PEP, por un análisis de conveniencia, pudo haber notificado a los diputados pasado el periodo de transición y el establecimiento de los nuevos legisladores.
Esa es la opinión de Gilbert Calderón, exprocurador de la Ética Pública entre 2004 y 2015.
INFORMACIÓN A LA PRENSA
Para el exprocurador, sobre el primer punto, al tratarse de una resolución, ya que no se determinaron faltas éticas por parte de Solís, el documento no debió tener carácter confidencial.
“Cuando una denuncia genera una responsabilidad, por ejemplo que la Procuraduría de la Ética encuentra faltas éticas, eso genera un informe que es confidencial, pero cuando en una denuncia no se encuentran responsabilidades éticas lo que genera es una resolución, que puede ser apelada y esta entonces no es confidencial.
De tal manera que en este caso era una resolución que no era confidencial, que podía haber sido conocida por toda la gente, incluso por la ciudadanía”, destacó.
Para Calderón, no comunicar a la población un caso tan importante que vincula la actuación de un presidente en el ejercicio de sus funciones puede rozar el principio de rendición de cuentas y transparencia.
“El día que (se) notificó eso a la Asamblea Legislativa, (se hubiese informado) tanto los medios de prensa, como a las partes y a la ciudadanía. Todos hubiéramos estado enterados de cómo se había resuelto la denuncia que ellos recibieron”, indicó.
Dijo que en el caso de que la notificación fue el pasado 27 de abril, prácticamente a un día de que acabase la anterior legislatura (ya que 28 y 29 eran sábado y domingo), la población y la prensa al estar enteradas hubiesen llevado el pulso de las apelaciones.
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA
Sobre el segundo punto, Calderón dijo que, al finalizarse el informe en fechas tan comprometidas, la PEP bajo un análisis de conveniencia, tenía la posibilidad de informar a la Asamblea días después.
Cabe recordar que la PEP envió la resolución a la Asamblea el viernes 27 de abril.
El lunes 30, el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, comunica a las partes interesadas. Ese era el último día de trabajo.
El martes 1 de mayo era feriado y se instauraban las nuevas autoridades en Cuesta de Moras y el 2 Solís daba su discurso de rendición de cuentas.
El periodo de revocatoria y apelación arrancó el 30 de abril y finalizó, sin pena ni gloria, el 3 de mayo.
“No se debería de dar un injustificado atraso a la hora de notificar si un documento está listo. Se procede a hacer el trámite de notificación, sea cual sea el día. Sin embargo, se podría haber hecho un análisis de conveniencia, el cual queda a criterio del procurador que está a cargo. Por un asunto de conveniencia, notificar la resolución en un momento oportuno.
Tal vez en este caso que las autoridades, que el denunciante es un órgano colectivo y estaba cambiando, tal vez por un asunto de oportunidad de conveniencia, podría haberse hecho un análisis para ser notificado en otro momento”, adujo.
Calderón insistió, sin embargo, que eso depende de cada procurador.
Cabe señalar, según la PEP, que el informe se giró en esas fechas, ya que se debe respetar un principio de continuidad.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Martes 19 Junio, 2018
HORA: 12:00 AM
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