La noticia de la desestimación del Ministerio Público de una denuncia presentada por el ciudadano y empresario de origen italiano, Roberto Vicenzo Musella, bajo el número de expediente 15-027741-0042-PE, ha tenido eco entre las autoridades del Banco Nacional de Costa Rica, que niegan la existencia de $8 mil millones, depositados desde el banco UBS de Mónaco.
Tras acogerse al secreto bancario luego de la consulta de DIARIO EXTRA, por medio de un comunicado de prensa los jerarcas desestimaron la denuncia y las pruebas aportadas. Aseguran que en 2013 se les comunicó a los interesados, entre ellos la beneficiaria del traslado de fondos, Teresa Guillén Berrocal, que los fondos no estaban depositados en el Banco Nacional y aseguran que no lograron presentar pruebas de las transacciones reportadas.
“La señora que menciona el medio gestionó en el año 2008 ante el Banco Nacional, la entrega de supuestas transferencias de fondos que –según indicó— le habría enviado el Sr. Musella en ese año. Sin embargo, nunca pudo aportar los documentos legítimos que acreditaran dichas transferencias, ni el Banco recibió los fondos indicados. Incluso el Banco instó a la señora a presentar la queja ante las autoridades judiciales”.
POSIBLE FRAUDE
Según el comunicado, en el 2012 el banco compartió información al Organismo de Investigación Judicial, para establecer un posible fraude en proceso y señalaban a Guillén Berrocal como la promotora de la trama, la cual fue interpretada por las autoridades bancarias como un ilícito que se le comunicó a los abogados de la mujer.
“A la misma señora y a su abogado, el Banco Nacional le comunicó en oficio de la Dirección de Seguridad D.S. 327-07-2012 de fecha 5 de julio del 2012, que “podríamos encontrarnos ante la posibilidad de un intento de fraude contra el Banco Nacional, por parte de personas ignoradas a la fecha, por lo que se comunicará lo acaecido al Organismo de Investigación Judicial para lo que en derecho proceda”, indican en el comunicado.
SOLICITAN DINEROS
Las autoridades del banco mencionan el oficio de la Dirección de Seguridad, dirigido a la señora Guillén, pero omiten una solicitud que, en setiembre del 2014, presenta el representante del empresario italiano, Natale Pirello, que pone en entredicho la figura de la beneficiaria y motivó que en el 2015 se presentara la denuncia en Costa Rica e Italia.
En setiembre del 2014, mediante el oficio 2014-0908-1, Natalie Pirello, presentó un oficio al entonces presidente de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica, Víctor Carranza Salazar, manifestando ser el apoderado especial de las transacciones conocidas como “Fondo Musella”, para un proyecto de área humanitaria y de medio ambiente localizados y recibidos por el BNCR, conforme al Swift de conjunto serial MT103 girado en noviembre del 2008.
La comunicación menciona a la costarricense Teresa Guillén Berrocal como la beneficiaria inicial de las multimillonarias transferencias, que solicitan sean devueltas al empresario italiano y que luego de las negativas propiciaron otras acciones por parte del representante del empresario.
Entre lo manifestado se pone en entredicho las operaciones que llevó a cabo Guillén Berrocal.
“Iniciaremos de inmediato la respectiva medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que a esta representación se le haga respetar como dueño de los fondos y se detenga cualquier eventual desembolso establecido sin la presencia nuestra, sin escatimar otras medidas de carácter judicial nacional”.
Las acciones legales fueron presentadas por un abogado de apellidos Blanco Alvarado, quien gestionó la solicitud y posterior denuncia que terminó desestimando el Tribunal Penal de San José.
MERCADO DE VALORES
En el oficio presentado a las autoridades del Banco Nacional, se adjunta la denuncia que el empresario italiano presentó a la Procuraduría General de Italia, en la que se menciona al Mercado de Valores de Costa Rica en las operaciones de traspasos.
“Los fondos financieros provenientes del Banco UBS (Mónaco) es para proyecto de tipo ambiental, recibidos en el Banco Nacional de Costa Rica para crédito a Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica, cuenta 100-02000-06-43-46-0”
El documento presentado a las autoridades de Turín indica que los fondos son sujetos de liquidación la fecha de solicitud, y que no han sido desestimadas en ese país.
TRANSFERENCIAS
En la denuncia número 000-15-02-980-11 que manejó Interpol-OIJ y la Fiscalía de Trámite Rápido del Ministerio Público, se adjuntó pruebas de los controversiales depósitos, cuya existencia niegan las autoridades bancarias.
A la Fiscalía se adjuntó la documentación y adjudicación de las misivas enviadas desde Mónaco hacia Costa Rica, en la que se detalla la operación financiera del banco UBS de Mónaco, con registro de operación, fecha y hora de la transferencia, registro del Swift con el cual se operó el traslado de los dineros, referencia del banco destinatario y número de operaciones utilizadas.
El documento indica que un ejecutivo del UBS Mónaco identificado como Oswald Gruebel, avaló la operación que las autoridades del Banco Nacional niegan que se ejecutó.
Un año antes, en setiembre del 2013, el representante Natale Pirrello, presentó ante el Principado de Mónaco, un oficio para desestimar como representante en Costa Rica a la administradora de empresas, Teresa Guillén, y en su lugar se registró a una entidad llamada Fundación Madre Tierra Verde, como actores de las cuentas transferidas por Roberto Vincenzo al país.
Se menciona a dos representantes identificados como Carlos Castillo Salazar y Eduardo Abarca Fernández, como parte de la Fundación que de esa fecha en adelante estarían tras los cobros de los fondos, que tal y como el día de hoy mencionan las autoridades bancarias, se le negó a esta Fundación la existencia de los mismos.
REACCIONES
El tema preocupa en diferentes sectores como la Asamblea Legislativa, que, tras conocer la posición de las autoridades bancarias, aseguran que se tuvo que emitir la alerta por parte de las entidades fiscalizadoras, ya sea por la existencia de los fondos o por la intención que indican los bancos de ser sujeto de una estafa internacional.
“Como no hacen preguntas claras del origen de estos dineros y permitieron que las platas fueron enviadas a otras cuentas parece que estamos ante una estafa internacional, donde los dineros fueron desviados para otros fines y los bancos del Estado no aplicaran los controles”, indicó José María Villalta, diputado del Frente Amplio.
Otras legisladoras confirmaron que luego de conocer la noticia por medio del Periódico de más Venta en Costa Rica, estarán ventilando el tema en el plenario para determinar si efectivamente los hechos sucedieron y bajo qué condiciones.
Me parecería importante, el próximo lunes estaré utilizando parte de mi tiempo de control político para hablar de este tema y pedir que se haga una investigación al respecto” indicó Erick Rodríguez Steller, diputado independiente.
El abogado penalista Juan Diego Castro, también se refirió a los hechos, los que considera graves por varios motivos, entre ellos los controles bancarios que parecieran no registraron los hechos y por otro lado el papel de las autoridades judiciales, que ad portas y en una dependencia sin músculo para investigar envía al Poder Judicial la desestimación.
“Hay una nebulosa y una gran pregunta de dónde estaban las autoridades de los bancos que tramitaron ese dinero, los auditores de la Sugef y si el fiscal general informó a la Corte Suprema de Justicia. Y por qué razón cuando se nombró a una comisión investigadora por los casos de Yanber y el Cementazo, que se vuelven caricaturas en comparación de este caso de $8 mil millones, nadie dijo nada, menos el fiscal”, expresó Juan Diego Castro, del Bufete Jurisis.
Este lunes el Poder Judicial indicó que los jueces del Tribunal Penal de San José, desestimaron la causa que les enviara la Fiscalía.
“El Juzgado Penal de San José que, luego de atender la solicitud del Ministerio Público de desestimación, el Juzgado Penal así lo ordenó el 19 de julio de 2017”, consignaron por medio del departamento de prensa.
La fiscal general, Emilia Navas, informó a este medio que se analiza la causa desestimada para determinar la exactitud en la información compartida y analizar los procesos que terminaron en la solicitud de desestimación, y posteriormente se referirá al tema en cuestión.
Se trató de contactar nuevamente a Eliécer Gerardo Céspedes Morera para conocer su posición y detallar posibles depósitos multimillonarios en 6 cuentas a su nombre que fueron giradas al Scotiabank de Costa Rica, pero fue imposible localizarlo.
POLÍTICOS REACCIONAN
• Erick Rodríguez Steller
Diputado independiente
“Es preocupante la situación por la cantidad obscena de dinero de la que estamos hablando y por el hecho que la Fiscalía, como era costumbre de don Jorge no haya hecho nada al respecto y desestimara el caso”.
• José María Villalta
Diputado Frente Amplio
“Es un tema preocupante porque muestra una vez más las debilidades de nuestro sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y la libre circulación en Costa Rica de capitales de dudosa procedencia, ya que de la nota del Diario Extra se desprende que los bancos no fueron rigurosos a la hora de cumplir con los procedimientos para conocer el origen de los fondos que ingresan”.
• Francisco Prendas
Diputado Restauración Nacional
“Vamos a solicitar una reunión con autoridades bancarias y la Fiscalía para determinar la magnitud del problema y los pasos a seguir con nuestra potestad de control político. Esta denuncia es muy delicada y queremos tener los insumos para determinar que se siga investigando”.
• Gustavo Viales
Diputado Liberación Nacional
“En cuanto a la Sugef, llama la atención la ausencia en este caso donde los bancos se excusan bajo el secreto bancario para poder emitir información. Estoy valorando pedir información de este caso y que me indiquen los alcances que ha tenido, pero igual me resulta sorprendente que teniendo el OIJ pruebas, la Fiscalía desestime estos temas de mucha envergadura y tomando en cuenta que estamos ante un eventual lavado de dinero”.
• Juan Diego Castro
Bufete Jurisis
“Aquí hay una irregularidad. Por qué un caso de $8.000 mil millones llega a una fiscalía de trámite rápido y no pasó a las fiscalías de crimen organizado, legitimación de capitales y la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción, porque allí hay funcionarios de alto rango involucrados”.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Martes 22 Mayo, 2018
HORA: 12:00 AM
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