La justicia de familia: un desafío legislativo inmediato y urgente
DIÁLOGOS SOBRE JUSTICIA / Rolando Vega Robert
La Asamblea Legislativa del período 2014-2018, de la mano del Poder Judicial emprendió la tarea de impulsar algunas reformas procesales al ordenamiento jurídico con el fin de hacer más eficiente la tramitación de los procesos en las distintas jurisdicciones.
Aprobó con éxito la Reforma Procesal Laboral y la del Código Procesal Civil, y tramitó casi hasta culminar, la del Código Procesal Agrario y la del Código Procesal de Familia. El día de hoy nos referiremos a este último proyecto en materia de familia por cuanto quedó aprobado en primer debate. Con el inicio de esta nueva legislatura, corresponderá a los nuevos diputados y diputadas darle la aprobación el segundo debate.
La Defensoría de los Habitantes en el ejercicio de sus potestades legales, planteó ante la Sala Constitucional una consulta respecto a varios temas relacionados principalmente con las pensiones alimentarias. Esta decisión del tribunal constitucional está pendiente.
Detrás de este proyecto del Código Procesal de Familia, hay mucho esfuerzo y trabajo invertido por la Asamblea Legislativa, sobre todo por la Comisión de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Servicios Técnicos. Implicó la publicación del proyecto en el 2015 y luego su texto sustitutivo en el 2018. El Poder Ejecutivo le dio seguimiento para las convocatorias a sesiones extraordinarias, incluso para desarrollar intensas negociaciones. La más reciente, fue para lograr un acuerdo respecto del tema que implicó la consulta de constitucionalidad de la Defensoría y que aspiraba a la aprobación antes del 30 de abril del presente año.
A nivel del Poder Judicial, el impulso al proyecto data del año 2006 por acuerdos unánimes de Corte Plena para encargar inicialmente la redacción del anteproyecto y luego su revisión y aprobación. Una vez presentado a la corriente legislativa, diversos funcionarios judiciales han estado atentos a coadyuvar con la Asamblea Legislativa para realizar ajustes al proyecto.
Resulta imprescindible que los nuevos diputados y diputadas, valoren todos esos esfuerzos realizados hasta la fecha y el costo en tiempo y recurso de los mismos. Sin pretender negarles su legítimo derecho de revisión y enmienda, esperaríamos que le den continuidad y sean capaces de culminar su aprobación antes del mes de octubre del presente año. Si no lo hicieren en ese plazo, tendrían que invertirse muchos recursos en capacitar al personal judicial en procesos que no han sido diseñados para tramitar los delicados asuntos familiares.
Lo anterior podría presentar una sensación de caos judicial, principalmente en los procesos que han sido regulados por el Código Procesal Civil de 1989 en materia de recursos, nulidades y otros aspectos. Como sabemos, este Código Procesal Civil dejará de ser aplicado en octubre de 2018, pues entrará en vigencia uno nuevo, el cual no tiene ninguna regulación ni referencia a los asuntos de familia, como si lo tenía el anterior Código.
Por otra parte, la Reforma Procesal Laboral dejó sin efecto el recurso ante la Sala de Casación al cual remite el Código de Familia, por lo que este es un aspecto que creará una gran nebulosa también, pues ni el Código Procesal Civil, ni el Código Procesal Laboral pusieron su atención en dicho aspecto, porque era lógica la aprobación del Código Procesal de Familia.
En una eventualidad de que no se aprobara la legislación procesal de familia, sería muy importante que al menos se dejara una previsión legal para dejar vigentes las disposiciones de Código Procesal Civil de 1989 en esta materia. Igualmente, que se reviviera el recurso de casación laboral anterior, o bien, que dispusiera cómo se aplicaría el Código Procesal Civil a los asuntos familiares o si se aplica la reforma procesal laboral y con cuáles reglas.
Esto nos lleva a señalar la importancia del texto del proyecto. Este no es un borrón y cuenta nueva, sino que simplifica al menos diecinueve procedimientos que existen en leyes especiales. Se reducen a unos pocos y se adecuan a la oralidad. Resulta impensable continuar en esta materia, con procesos adecuados a las características propias de las partes en sus formas de expresarse. Por otra parte, es muy importante que el juez que escucha la prueba no sea el que dicte el fallo. Pero con una oralidad diseñada con la comunicación y encuadres que se requieren para los asuntos propios de esta jurisdicción.
Otro de los grandes aportes del proyecto, es el abordaje integral y la competencia ampliada para el abordaje de los conflictos de pareja de forma conjunta y no como sucede actualmente de que pueden darse un sinnúmero de expedientes para la solución de un mismo conflicto: divorcio, guarda de hijos e hijas, visitas, pensión alimentaria, violencia doméstica. El proyecto lo que plantea es un principio para dar un abordaje único e integral al asunto, lo que concentra el conocimiento, y ahorra en la parte emocional de las partes, que es de lo más importante. Pero también influye lo anterior en la parte económica, en tiempo, en recursos, tanto para las partes como para el propio Poder Judicial. En fin, este es sólo un ejemplo de que en el diseño de los juicios que contiene el proyecto y en todos los demás aspectos, se busca como fin último contemplar las necesidades y características del asunto teniendo a las personas usuarias como el centro del proceso.
La materia de familia tiene en este momento un porcentaje muy alto de ingreso de casos. Basta con ver las estadísticas judiciales de divorcios, investigaciones de paternidad, adopciones, declaratorias de abandono, salvaguardas de personas con discapacidad, medidas de protección a niños y niñas, medidas de protección a personas adultas mayores, medidas de protección a favor de personas con discapacidad. A esos procesos se agregan estadísticamente muchos más asuntos de violencia doméstica y pensiones alimentarias.
Un veinte por ciento del total de asuntos entrados al sistema judicial anualmente, son de esta materia de familia en donde se ven involucrados todo tipo de personas: miles de niños y niñas, adolescentes, mujeres y hombres adultos, adultos mayores, personas con discapacidad. Tener un problema familiar o tener la necesidad de proteger sus derechos dentro de la familia, es algo a lo que todos estamos expuestos y que genera muchas depresiones, temas de salud y abordajes en instancias gubernamentales y no gubernamentales y que bien merece la pena buscar un mejor sistema.
De eso trata este proyecto de ley entre muchos otros temas y por eso lo traigo a estos diálogos sobre la justicia. Confío plenamente en la responsabilidad, dedicación y eficiencia con la que los nuevos diputados y diputadas de nuestra Asamblea Legislativa, abordarán este importante desafío de dotar a nuestro país de una nueva legislación procesal de familia.
Como siempre, muchas gracias por ser parte de estos “Diálogos sobre Justicia”.
*Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Socio Fundador de Decálogo Abogados
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PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Lunes 21 Mayo, 2018
HORA: 12:00 AM
CRÉDITOS: Rolando Vega Robert / [email protected] / Facebook: dialogossobrejusticia
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