Los litigantes del frente “Abogados indignados” ganaron una nueva batalla luego de que un juez decidiera mandar al Ministerio Público (MP) que recabe información contable del Colegio de Abogados, a fin de demostrar una posible malversación y manejo fraudulento de los fondos provenientes del timbre del ente colegiado.
La denuncia para que se investigaran las presuntas actuaciones irregulares de las juntas directivas del Colegio en el manejo de los fondos de los timbres de la ley 3245 las interpusieron Didier Carranza, Mario José Montalbán, Carlos Roberto Loría y Eugenio Hernández.
Según versa en la resolución del 27 de abril de 2018, del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Judicial de San José, “las Juntas Directivas han sido negligentes a lo largo del tiempo, ya que el dinero recibido por la creación del Timbre del Colegio de Abogados ha sido utilizado en otros fines distintos a los establecidos en la Ley, cometiendo un delito de malversación en forma continuada, en perjuicio de todos los agremiados”.
Indican, además, que pese a la condena lograda bajo el expediente Contencioso Administrativo número 12-000629-1027-CA, que obligaba al Colegio a implementar el fondo de pensiones, las Juntas Directivas de 2013 a 2016 han desobedecido dicha orden, por lo que, a su criterio, cometen delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes.
HECHOS
El 20 de diciembre de 2016, el Lic. José Pablo Miranda Hurtado, fiscal auxiliar que llevaba la investigación, rechazó las gestiones de los denunciantes para que se recabara la prueba, es decir “la de secuestrar la información contable del Colegio de Abogados a fin de determinar si existe un manejo irregular de sus finanzas, indicando que no existe un grado de probabilidad suficiente como para realizar tal diligencia. Acto seguido ese mismo día, el Fiscal formuló una solicitud escrita de desestimación, por considerar atípicos los hechos denunciados”.
El 9 de enero de 2017, el Lic. Mario José Piedra Montalbán, tras el rechazo de Miranda Hurtado, acudió ante el juez penal de la etapa preparatoria del I Circuito Judicial de San José, para que se valorara si procedía o no la prueba solicitada. El funcionario judicial ordenó la devolución de la sumaria al Ministerio Público, a fin de que el acto conclusivo de desestimación cumpliera con el requisito del visto bueno de la Fiscalía Adjunta de Probidad, pero sin conocer la solicitud de practicar las diligencias realizadas por la parte ofendida.
El 22 de marzo de 2017, el fiscal adjunto de Probidad, Lic. Róger Solís Correa, aprobó el requerimiento de la Fiscalía de Fraudes, por lo que la causa se remitió al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ubicado en el II Circuito Judicial de San José, para que se conociera la solicitud de desestimación, obviando darle el trámite previo a la gestión del Lic. Piedra Montalbán.
El 25 de abril de 2018, en audiencia oral, se conocieron los fundamentos de la solicitud oral de desestimación del Ministerio Público, con los denunciantes presentes y el Lic. Piedra Montalbán interpuso protesta por actividad procesal defectuosa alegando “omisiones que pueden causar indefensión a las partes”, lo cual procedió.
Producto de lo anterior, el juez penal de Hacienda asevera: “en cuanto a la solicitud de recabar la información contable del Colegio de Abogados -por lo menos de los años 2010 a la fecha-, pues a diferencia del criterio emitido por el señor Fiscal Miranda Hurtado en su resolución de fecha 20 de diciembre de 2016, considera el suscrito Juez Penal que existen indicios de probabilidad suficientes, aportados por los distintos denunciantes en reiteradas ocasiones, en los que hace ver la posible comisión de varios delitos, no solo el de malversación, sino también posibles delitos de administración fraudulenta y/o peculado, cometidos por los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados”.
Continúa recalcando que: “como Juez Penal de la Etapa Preparatoria, en mi función de contralor de los principios y garantías constitucionales del procedimiento penal, que la gestión realizada por la parte ofendida no solo es pertinente, sino necesaria para realizar un mínimo de investigación en el caso en particular”.
Precisamente el Lic. Didier Carranza, uno de los denunciantes, sostuvo, “Este Primero de Mayo, Día del Trabajador, y que mi denuncia que lleva 2 años pegada, se nos diga ahora ‘¿dónde estan los dineros del timbre de abogados?’, y después de la desestimación que ha hecho un fiscal de la República, un juez le vaya a ordenar a la junta del Colegio de Abogados, que preside el fiscal anterior de la junta directiva, dé explicaciones de este hecho”, aseveró Carranza.
POR TANTO
Por todo lo expuesto, el juez decidió decretar la actividad procesal defectuosa y ordenó “devolver los autos al Ministerio Público a fin de recabar la prueba pertinente y se rechaza la solicitud de desestimación”, debido a que está incompleta la investigación y carece de una adecuada fundamentación; lo que significa un golpe a la junta directiva del Colegio de Abogados, pues ahora podría incluso resultar allanada y tendría que entregar los registros contables para determinar su proceder con los dineros del timbre.
PERIODISTA: Alexander Méndez
EMAIL: [email protected]
Miércoles 02 Mayo, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA