Hoy, las trabajadoras del Poder Judicial realizarán una vigilia en Casa Presidencial, con el propósito de pedirle al mandatario Luis Guillermo Solís que vete la reforma a las pensiones judiciales, alegando que la ley aprobada por los diputados contiene una grave discriminación de género.
Las funcionarias argumentan que, tras la reforma discutida en el Congreso, se cambió el criterio para la edad de pensión estableciendo uno único tanto para hombres como para mujeres.
Los legisladores determinaron que la edad de jubilación en el Poder Judicial será de 65 años, basados en el estudio actuarial que les recomendó la Universidad de Costa Rica (UCR).
Hoy día, las mujeres trabajadoras del Poder Judicial se pueden pensionar a los 60 años y los hombres a los 62.
Estas trabajadoras, con el apoyo de los gremios judiciales, insisten en que la reforma lesiona sus derechos al establecer una edad única, como, por ejemplo, se da en el régimen de la Caja.
“Múltiples estudios respaldan la necesidad de que las mujeres deban jubilarse a una edad más temprana, considerando las condiciones propias que tenemos desde el punto de vista biológico y social”, indica un comunicado enviado este domingo.
VETO
Desde días atrás, los gremios judiciales han solicitado al mandatario que no permita que la reforma se convierta en Ley.
Las solicitudes de veto a esta legislación ya llegan a 100 y comprenden más de 5 mil firmas.
“Estamos solicitando, como ciudadanos y funcionarios, que nos escuche y que, si no ha sido bien informado, conozca de la incoherencia y la irresponsabilidad de una ley como esta”, aseveró Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura.
“No me imagino a una agente del OIJ haciendo allanamientos o metida en los laboratorios con los muertos a los 65 años. Hay acuerdos que Costa Rica ha firmado que impiden eso y vamos a seguir en la lucha, inclusive afuera de la Asamblea”, subrayó el diputado frenteamplista Jorge Arguedas.
La reforma se basa en el informe actuarial elaborado por Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que pagó la Corte.
En él se reflejó un déficit proyectado de ¢5,3 billones si no se producían cambios, aunque los gremios judiciales siempre refutaron estas proyecciones e insisten en que no hay peligro de quiebra.
Otra variación relevante es el aporte de los trabajadores, que pasa de un 11% a un 13%, aparte de un tope de pensión establecido en 10 salarios base (alrededor de ¢4 millones), y una contribución solidaria que sobrepase el tope y se aplica de manera escalonada, entre un 35% y hasta un 55%.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 30 Abril, 2018
HORA: 12:00 AM
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