El empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños (JCB) dejó un perro amarrado a Oceánica de Seguros por un monto de ¢466 millones. Esta cifra se desprende de los estados financieros auditados por una firma independiente al 31 de diciembre de 2017. A nivel contable aparece dentro del rubro denominado “Primas por cobrar vencidas a más de 90 días”. Para la aseguradora representa una amenaza sobre el Índice de Solvencia de Capital (ISC), el cual es necesario para operar en Costa Rica. El mínimo requerido por la Superintendencia General de Seguros (Sugese) es de 1,37 y a finales del año anterior Oceánica se colocaba en 1,30, el más bajo de la industria (ver recuadro aparte).
De acuerdo con los auditores, se desconocen los efectos que el cemento chino pueda tener sobre los estados financieros de la aseguradora. Lo que el informe no explica es por qué a estas alturas ese dinero no se pasa por incobrable o pérdida. Más aún, si se toma en cuenta que el empresario tiene más de seis meses detenido y no pudo saldar la mayoría de sus deudas, incluyendo la del préstamo para la importación del producto. DIARIO EXTRA desconoce si la aseguradora se someterá nuevamente a un proceso de capitalización porque ya venía arrastrando pérdidas por ¢4.083 millones, correspondiente a periodos anteriores. El vínculo entre Bolaños y Oceánica nace cuando acude a la aseguradora como representante de la empresa Sinocem y adquiere una póliza de caución, donde el Banco de Costa Rica (BCR) figura como el asegurado. Se supone que la póliza cubría a la entidad financiera en caso de que pasara algo con la importación del cemento y Bolaños no pudiera pagar. En su momento se dijo que había garantías suficientes para hacer frente a la cobertura y un reaseguro con un gigante internacional, pero al final nada de esto se ejecutó.
GARANTÍA NO ALCANZA
De los estados financieros se desprende que ambas empresas firmaron un contrato de fideicomiso registrado como “Oceánica-JCB-2017”, donde establecieron una serie de garantías.
Al parecer el patrimonio del fideicomiso estaba compuesto por 18 fincas con un valor de $1 millón cada una, más una adicional, cuyo precio rondaría los $4 millones.
Todo esto al final suma $21 millones. No obstante, las cauciones emitidas suman $37 millones para una diferencia negativa de $16 millones.
Se incluyen las operaciones con Asebanacio por $2,9 millones, Banco Cathay por $638 mil y BCR por $28,9 millones, más $4 millones en tradicionales.
El escenario sería peor si las fincas dadas en garantía fueran las mismas de Tempate. En cuanto al tema del reaseguro no se menciona el nombre de la compañía, ni las gestiones que podrían estar realizándose. Lo que sí queda claro es que la línea que Bolaños tenía con Oceánica era por ¢28 mil millones.
“Manifiesta el señor Bolaños Rojas, en su condición dicha y en nombre de Sinocem Costa Rica S.A. y JCB Constructora, y Alquiler S.A., que la empresa Oceánica de Seguros le ha abierto y constituido una línea de crédito para seguros de caución por hasta $50 millones”, indica el documento.
EL CASO SINOCEM
El BCR reclamó a Oceánica en diciembre la ejecución de los certificados de caución por el incumplimiento de pago de Sinocem. A finales de ese mismo mes la aseguradora rechaza el pago e indemnización solicitada por el banco. La justificación es que existían supuestos actos dolosos de Bolaños y algunos exfuncionarios del BCR que han sido calificados por las autoridades judiciales como delitos. De acuerdo con la aseguradora, esto constituye una causa de exclusión establecida en los contratos suscritos y por esa razón el pago no procede. Sin embargo todavía falta por ver si se hará un aprovisionamiento por pérdida. El Diario del Pueblo buscará hoy a los representantes de Oceánica para obtener una respuesta. Un problema adicional para la aseguradora sería que ya materializada la contingencia de Sinocem habría otro efecto, pero sobre la insuficiencia de primas.
OTRA CEMENTERA
El documento del que DIARIO EXTRA tiene copia señala que Oceánica también enfrenta una demanda de la empresa Cemex Costa Rica. El caso se maneja bajo el expediente 17-000222-0180-CI, cuyo proceso estaría en una segunda etapa. “En la etapa procesal en la que nos encontramos es precisamente donde el juez deberá de resolver dichas excepciones previas, que son de especial pronunciamiento antes de la etapa de prueba y que a la fecha a la que hoy estamos, se está a la espera de la resolución”, indica la aseguradora.
Si bien el informe no detalla mayor información con respecto al tema, existirían en los estados financieros ¢232 millones como monto restringido por este asunto.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
EMAIL: [email protected]
Lunes 23 Abril, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA