La lucha para que a la Escuela Andrea Jiménez en San Francisco de Dos Ríos se le done el terreno en el que ha operado durante los últimos 27 años continúa, tanto que ayer docentes, padres de familia y estudiantes de dicha institución se presentaron a la Asamblea Legislativa pidiendo que se apruebe el proyecto de ley que contempla dicha acción.
La institución ofrece educación a niños, jóvenes y hasta adultos con alguna discapacidad en un ambiente apropiado para ellos, pero dicha labor se ve amenazada por la solicitud de los vecinos de que se devuelva el lote a la comunidad.
Sin embargo a pesar de esto, los simpatizantes por esta escuela se mantienen en pie y han sido claros en la necesidad de este centro educativo para que sus alumnos tengan derecho a una educación digna.
Así los explicó Eilyn Arce, docente de dicha casa de enseñanza, quien señaló que lo correcto es que se les permita quedarse para ayudar a todas las personas que les sea posible.
“Solicitamos a los diputados que por favor voten por la ley 19382, nuestros estudiantes querían venir para pedir que su escuela se mantenga, necesitamos la rectificación del terreno”, aseguró.
“Nuestra población goza de muchos servicios de la institución, que gracias a la ayuda que nos da el MEP, podemos contar personal para atender, pues del 100% de los estudiantes, 72% son becados, aquí se busca ayudar a todos”, agregó.
El problema nació cuando hubo un error al momento de promulgar la ley original que cedía el terreno, pues no se segregó la finca madre y por tanto los vecinos sostienen que le pertenece a la comunidad.
DIPUTADOS DIVIDIDOS
POR LEGALIDAD
Los miembros del Parlamento encargados de aprobar o denegar dicho proyecto se encuentran divididos por los problemas legales que afronta el terreno desde hace años y que ha conllevado a una lucha legal.
En especial porque algunos aducen que la propiedad originalmente fue entregada de manera inconstitucional, por lo que no votarían a favor de la donación si se decidiera en estos días.
Algunos de los diputados en contra son Marco Vinicio Redondo del Partido Acción Ciudadana (PAC), Jorge Arguedas, Patricia Mora, Gerardo Vargas y Edgardo Araya del partido Frente Amplio (FA).
El mismo Araya comentó incluso que no se debe utilizar a los niños en estado de vulnerabilidad para tratar de impulsar el proyecto, sino que se debe analizar la situación en sus bases legales.
Otro grupo de diputados asegura que están a favor de que se lleve a cabo el proceso y se le otorgue a la fundación del espacio donde han estado trabajando, tal y como lo dijo Otto Guevara del Movimiento Libertario.
“Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, sé que hubo un error cuando se consignó el número de finca, pero lo que hay que hacer es finiquitar esta situación para que puedan seguir ayudando a cientos de familias”, sostuvo.
Al igual que Guevara, mostraron su apoyo por la iniciativa Steven Núñez y Marcela Guerrero del PAC, Gerardo Vargas Rojas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Danny Hayling del Partido Liberación Nacional (PLN).
La escuela tiene cifrada la esperanza de la seguridad jurídica de sus instalaciones en el proyecto de ley número 19.382, pues requieren la creación de la normativa para que pueda seguir creciendo sin más amenazas de los vecinos de residencial La Cabaña.
Las gestiones en la Asamblea Legislativa giran en torno a que los actuales diputados puedan dejar aprobado esta solicitud, cuyo proyecto fue convocado en período extraordinario por el Ejecutivo y se encuentra en la posición 11.
Ahora, los estudiantes esperan que los legisladores les den la razón y aprueben la normativa que dará el aval de quedarse en su actual ubicación, evitando así que se desperdicien más de 27 años de trabajo.
