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Nacionales

Fiscalía investiga al ICE

Indaga posible delito de divulgación de secretos

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga si el ICE incurre en el delito de divulgación de secretos al tener un software que le permite hacer intervenciones de escuchas

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga si en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se generó un posible delito de divulgación de secretos.

El proceso de indagación es producto de la denuncia interpuesta por los diputados Patricia Mora, del Frente Amplio, y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana.

Los legisladores cuestionan el traslado del Centro de Operación de Servicios (SOC), que estaba en una instancia técnica del ICE, a la Dirección de Protección y Seguridad Institucional (DPSI), perteneciente al área de Administración y Finanzas.

La acusación fue interpuesta por los congresistas el 15 de marzo anterior, cuyo documento tiene fecha de recibido el 22 de ese mes por la Dirección General del Poder Judicial. 

Entre otros aspectos se alerta que el ICE cuenta con un sistema para hacer escuchas de conversaciones de usuarios de servicios celulares.

Redondo dijo que “la Fiscalía de Probidad abre causa e investigación, ante denuncia presentada por la diputada Patricia Mora y este servidor. Tenemos serias sospechas de que en el ICE opere, al margen de la ley y el Poder Judicial, un software para intervención de llamadas y datos, así como para rastrear la ubicación de los habitantes de la República. 

Lo cual nos preocupa más, en virtud de que el mismo podría operar bajo el mando de un funcionario que ya fue condenado en el 2011 por violentar el derecho a la privacidad, además de que recientemente se anunció el traslado de la oficina y el equipo técnico que vela por la seguridad de la red”.

 

MOTIVO DE PRECAUCIÓN

 

Los parlamentarios cuestionaron el hecho que se concretó el 16 de abril y fue calificado por los sindicatos del ICE como la creación de una “mini DIS”.

Se encuentra bajo el mando del funcionario Juan de la Cruz Solera, quien es director de la DPSI y que el instituto contrató. Se implementó un software de intervención de llamadas telefónicas que fue pasado al Poder Judicial, pero la entidad procedió a emplear otro sistema llamado Locatix, mas se desistió de este por su alto costo.

“Que debido al alto costo de Locatix, la DPSI del ICE, al mando del señor Brenes Solera, decidió crear su propio software denominado Silocel (Sistema de Localización de Llamadas), el cual se utiliza actualmente y permite ubicar al usuario de la línea celular, por medio de la trazabilidad de sus movimientos en un mapa. 

Al parecer dicho sistema actualmente se encuentra en custodia del subalterno del señor Brenes Solera, el funcionario César Alpízar Murillo.

Que no pareciera ser potestad legal del INC desarrollar con recursos públicos un software de alcances tan delicados como Silocel y gestionarlo bajo control de un funcionario que ha sido cuestionado por la Sala Constitucional, como es el señor Brenes Solera”, se detalla en la carta de los diputados.

Además, externaron su preocupación en el sentido de que, en 2011, la Sala Constitucional había condenado al ICE y advirtió al funcionario Brenes Solera de no arrogarse funciones propias de las autoridades judiciales, como es el caso de seguimiento a colaboradores.

Esto tras denuncia formulada en su momento por Jorge Arguedas, cuando fue dirigente sindical, quien comprobó que dicha unidad de DSPI lo espió por varios días.

Los parlamentarios indicaron que el ICE y Brenes Solera reincidieron en dicha práctica el 13 de febrero anterior, cuando enviaron funcionarios de la DPSI a una conferencia convocada por legisladores y a la que asistieron representantes del Frente Interno de Trabajadores del ICE.

Ante los hechos denunciados, el 17 de abril, bajo el oficio FGR-155-2018, la fiscal Laura Cordero informó a los dos congresistas que a la denuncia se le asignó el expediente 18-000078-0033-PE contra ignorados y en perjuicio de los deberes de la función pública.

“La cual, una vez valorados los hechos, se determinó que lo procedente era remitir la causa penal a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para que se investigue el posible delito de Divulgación de Secretos”, señala el oficio, del cual DIARIO EXTRA tiene copia.

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

EMAIL: [email protected]

Jueves 19 Abril, 2018

HORA: 12:00 AM

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