El Tribunal Contencioso Administrativo dio curso a la demanda presentada por la empresa costarricense Euroconcretos S.A. en contra de la firma holandesa APM Terminals, la empresa contratista Van Oord-Bam, el Estado y el Consejo Nacional de Concesiones, alegando un supuesto fraude de ley, en el que solicitan como medida cautelar que se detengan las obras de la Terminal de Contenedores.
Gonzalo Carrillo, abogado de la demandante, explicó a DIARIO EXTRA, que Van Oord adeuda $3 millones a su representada, y ante el incumplimiento del pago, investigaron la conformación de la empresa internacional, determinando que se constituyó en el país, con un capital de responsabilidad limitada de ¢500.000, conformada por dos secretarias de un bufete jurídico nacional.
“Lo que implica que la responsabilidad civil por cualquier contratación e incumplimiento se limita a esa suma a pesar de que han construido la Fase 2-a de la terminal de carga con un costo de $468 millones. Lo anterior configura, en criterio de la empresa demandante, una serie de irregularidades que justifican no solo la demanda sino además la paralización de las obras. El artículo 5 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº8.422 indica que tanto en función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos, que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se consideran ejecutas en fraude de ley”, alegó Carrillo.
Larry Jiménez, director técnico de la empresa Euroconcretos, que se encargó de desarrollar los denominados “rompeolas”, para el desarrollo de la Terminal de Contenedores, aseguró que los limonenses han sido engañados con este proyecto, que ahora tiene al borde de una crisis económica a su empresa.
“Usted va a Limón y conversa con los proveedores de servicios de transporte, todo mundo está decepcionado porque lo que dicen es a nosotros no nos llegó nada. Estas compañías vinieron y recogieron todo, usted llega ahí y en esas oficinas el 80% del personal son holandeses e ingleses.
Es decepcionante que uno quiera trabajar y tras de eso se lleven la plata de uno. Si nosotros nos vamos a un arbitraje que es una de las posibilidades del contrato nuestro, de qué nos sirve si nos vamos a gastar $200.000 en los tribunales contra una compañía que no vale ni $1.000”, alegó.
FISCALIZACIÓN
El abogado Carrillo insiste en que el Estado en la figura del Consejo Nacional de Concesiones ha fallado en la fiscalización.
“El Estado es la persona responsable, que tiene al Consejo de Concesiones para que fiscalice y evite que esto ocurra. Cuando le presentamos el reclamo al Ministro de Obras Públicas, que es el presidente del Consejo de Concesiones, nos contesta que él no sabe quién es Van Oord Bam”, sostuvo.
DIARIO EXTRA cuestionó al Ministro de Transportes, Germán Valverde, quien indicó que prefería no referirse, hasta tener información sobre la demanda.
Este medio también interpeló a los representantes APM Terminals, con el antecedente de que el consorcio Van Oord-Bam habría intentado vender tubos de esta obra a otra empresa, y sacarlos del país.
“APM Terminals se encuentra al día con todas sus obligaciones contractuales con el consorcio Van Oord-Bam, encargado de la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín. No hemos sido notificados sobre la presentación de una supuesta demanda, de acuerdo con su consulta. Es política de APM Terminals mantener una relación transparente con quienes hacemos negocios; en este caso, con el consorcio holandés Van Oord-Bam. APM Terminals no tiene relación alguna con la empresa Euroconcretos”, alegó Kenneth Waugh, director general de APM Terminals.
Sobre este caso, consultado por este medio, el diputado limonense, Gerardo Vargas, manifestó que esta demanda debe verse como un “tema país” y planteará una moción para que abra una investigación en el Congreso.
“Más allá de la deuda, es un tema país. No se vale que APM Terminals venga a este país, gane una concesión tan millonaria, contrate dos empresas, y que estén respondiendo con una sociedad tiene respondiendo a dos secretarias primero con ¢50.000 y después con ¢500.000”, concluyó el congresista.
