DIARIO EXTRA dio a conocer una estadística elaborada por el Departamento de Investigaciones y Estadísticas del Ministerio de Justicia y Paz, en la que se asegura que entre 2016 y 2017 liberaron un total de 1.656 reos.
Sin embargo estudios y auditorías que solicitó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revelan que los datos de esa cartera no son exactos por los vacíos de información existentes durante esos años.
Pese a que las autoridades de Justicia aseguran que los números que entregó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica son exactos, el informe Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, del préstamo del BID No.2526/OC-CR, señala lo contrario.
Ese documento elaborado por Eduardo Ghusolfi, especialista de esa entidad bancaria, indica que Adaptación Social no contaba con un programa de cómputo fiable, en el que se registrara fielmente la población penitenciaria y mucho menos el control de ingresos y salidas de privados de libertad.
Según el estudio, durante 2016 y 2017 los datos que manejaba el Ministerio Público quedaban en programas básicos de cómputo como Word, que eran manipulados por funcionarios de la Policia Penitenciaria, sin que otra dependencia ministerial interviniera en el tema o ejerciera controles.
“La diferencia en valor absoluto de los privados de libertad que reportan ‘radio’ y SIAP asciende a 1.826 reclusos, se detectaron reclusos con distinto nombre que se encuentran en distinto centro, pero con igual número de identificación e incluso se han encontrado reclusos con ceros o ‘XXXXXXX’ en el número de identificación, incongruencias entre el campo ‘Nombre’ y el campo ‘Nombre completo’”, reseña el informe.
INFORMACIÓN
La inexactitud de los datos hace que la estadística que presentó el Ministerio de Justicia y Paz no sea fiel a la realidad que afrontaba en ese momento y quedó en evidencia en cuanto a la solicitud de los especialistas para que se corrigiera esa delicada debilidad informativa.
"Que un experto en temas de administración penitenciaria o monitoreo revise la información contenida en los formularios de la base para estar seguros de su pertinencia, completitud, que los datos permiten tener un mejor conocimiento de la población privada de libertad y que permiten realizar una clasificación y programación penitenciaria de forma más expedita", indica el informe del BID.
DEFICIENCIAS
Ghusolfi desnudó en esa oportunidad serias deficiencias, como la falta de información de los privados de libertad, inexistente en esos años y que no se pudo recuperar debido al desorden con que se manejaba la estadística de ingresos y salidas de reos, situación que el BID calificó como información inexacta.
“La información es deficiente, no está actualizada, no se registra completamente, y se omiten datos relevantes, tanto en la trayectoria del privado de libertad y atención técnico profesional como en los datos básicos de ingreso: documento de identidad, fechas, nombre, etc. y su situación jurídica”, añade.
Después de las auditorías se realizaron nuevas evaluaciones en cuanto al sistema de cómputo con que se modernizaría el banco de datos de Justicia, pero tras varios intentos y la presentación de por lo menos cuatro, el BID indicó a los jerarcas de esa cartera que, pese a que se contrató a una empresa para que migrara los datos no exactos al nuevo sistema, no se capacitó al personal y tampoco se contaba con el equipo tecnológico en los centros penales para desarrollar los controles para determinar la información exacta de las estadísticas que comparte el Ministerio de Justicia.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Viernes 16 Marzo, 2018
HORA: 12:00 AM
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