Dos de los árbitros integrantes del Tribunal de Arbitraje nombrado para dilucidar el diferendo entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la empresa Enel -dueña de la Planta Hidroeléctrica Chucás- tuvieron una relación de servicio con la compañía privada, de allí que, según representantes de la empresa estatal, la resolución emitida el año anterior, en la que se le obliga a pagar $112 millones por el proyecto, fuera en su contra.
Por esto, y al darse cuenta tardíamente de dicha situación, pues ya el fallo se había dado, la representación jurídica del ICE corrió a interponer la denuncia penal el 15 de diciembre pasado, en la que solicita que se anule la resolución dictada por el Tribunal, por considerar que hubo conflicto de intereses.
El proceso se efectuó en el seno del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA) y el Tribunal Arbitral rechazó, de plano, la solicitud de aclaración y adición presentada por el ICE.
Cada una de las partes en conflicto debió presentar, en 2015, un árbitro que los representara. En el caso del ICE, fue Adrián Alvarenga Odio, y PH Chucás eligió a Fernando Montero Piña y ambos, tras superar una serie de dificultades, seleccionaron a Mario Pacheco como presidente de dicho tribunal.
Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE, aseveró, ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que aun cuando el árbitro escogido por dicha institución negó cualquier conflicto de intereses o impedimento para ver el tema, posteriormente se dieron cuenta de que Alvarenga trabaja para una empresa que le da servicios tributarios a Enel.
¿FAVORECIMIENTO MUY EVIDENTE?
Enfatizó que, para garantizar la imparcialidad, la Ley de la Resolución Alterna de Conflictos (RAC) determina que los árbitros deben indicar si tienen o no conflictos de intereses y que en el caso del representante del ICE se le preguntó y este adujo que no había impedimento alguno.
“Ante el comunicado del laudo arbitral, obviamente nos sentimos sumamente extrañados, ante la forma en la que se emitió esa resolución, y a los pocos días, porque vimos un favorecimiento muy evidente a favor de la empresa privada, comenzó a salir que el presidente del Tribunal Arbitral era del bufete que le brindaba asesoría a la empresa propietaria del proyecto y sobre esa base iniciamos la redacción del recurso de nulidad”.
“Se recabaron las pruebas y se interpuso el recurso de nulidad el día 15 de diciembre ante la Sala Primera indicando las relaciones que había entre los árbitros y la empresa, es decir, nunca tuvimos oportunidad de un proceso objetivo y transparente”, externó Bejarano.
A esto agregó, en su exposición, que: “logramos establecer, y también así lo hemos denunciado penalmente, que el árbitro escogido por el ICE, pese a que lo llamamos y tuvimos una entrevista con él, le preguntamos, yo personalmente, si tenía algún impedimento o conflicto de interés, y me dijo no, y él firmó la declaración y tenemos conocimiento que trabaja con una empresa que también le presta servicios a Enel en materia tributaria”.
ACTUACIÓN TARDÍA
Jorge Arguedas, diputado del partido Frente Amplio, interpeló a los representantes del ICE porque a su parecer actuaron de manera tardía, pero aseguró que espera que las gestiones legales surtan efecto, pues de lo contrario se desmantelará al Instituto financieramente.
“El grupo de abogados que tiene eso, cómo va a decir que no recusaron porque no lo vieron, porque el expediente era muy voluminoso. Cuando se va a una RAC tienen que llevar muy claras las reglas, (…) se tiene que saber quién es la persona que va a arbitrar (…). El presidente del Tribunal es del bufete Zurcher, Odio y Raven, que está metido en todos los negocios del Estado, haciendo clavos de oro, se ponen de acuerdo por debajo y van a un arbitraje completamente irregular”, recalcó Arguedas.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: Cristián Cartín
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Viernes 23 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
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