Las dudas siguen surgiendo entre los legisladores que investigan el crédito otorgado por el Banco Nacional a la empresa Hidrotárcoles para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Capulín-San Pablo.
Los dardos apuntan con fuerza hacia el manejo que ha dado el ICE a este proyecto.
Este martes tuvo audiencia la contralora general de la República, Marta Acosta, quien acudió en compañía del gerente de contratación administrativa, Allan Ugalde.
El diputado frenteamplista Jorge Arguedas denunció que el Instituto ordenó la resolución del contrato por “una bravuconada de Carlos Obregón (presidente ejecutivo del ICE) y Julieta Bejarano (directora jurídica)”.
Ya los congresistas de este foro han sido enfáticos en señalar que el ICE, de forma anómala, ha aplicado criterios más rigurosos con este proyecto para darle fin, en relación con parámetros que se sigue con otras obras.
“Esto es una sacada de clavo de Carlos Obregón con el Banco Nacional porque Carlos Obregón y Julieta Bejarano tenían los fideicomisos con el Banco Nacional y cuando el banco les dijo que no les aceptaba, a la empresa de Julieta, con la empresa que inspeccionaba o supervisaba, se enojaron con el Banco Nacional y se fueron para el BCR y ahí siguieron haciendo todos los fideicomisos.
Es un cambio de política del ICE por personas”, alegó.
También los acusó con dureza el parlamentario verdiblanco Julio Rojas después de que la controlara desmintiera la postura del ICE.
Rojas ha alegado que la Controlaría habría condicionado el refrendo al proyecto, impidiendo la ampliación del plazo de la entrada en operación de la planta.
Acosta detalló que fue el ICE quien dispuso el periodo máximo de tres años sin ampliación, pero al mismo tiempo explicó que existe un mecanismo legal para variar ese plazo.
En específico, si existiera un acuerdo de las partes se podría ampliar el lapso, el cual requeriría un refrendo interno del ICE.
El contrato con Hidrotárcoles lo suscribieron en abril del 2014 y pactaron el arranque de operación para agosto de 2015.
Los congresistas han cuestionado al ICE del porqué si existen documentos, tal es el caso de una carta firmada por el administrador del contrato por parte del ICE, donde se detalla el cambio de fecha al 2017, la entidad se negó posteriormente a la ampliación y le dio fin justificando un incumpliendo en los plazos.
El diputado Rafael Ortiz, miembro también de la comisión, expuso que además del tema económico, en el que ya se ha dado un desembolso bancario de $117,5 millones (¢67 mil millones), ha recibido una advertencia de un experto en geología.
El especialista le manifestó que, si se deja varada la obra que levantaron en el lugar, generaría afectación a los vecinos en época de lluvias.
Por lo que interpeló a la contralora si era viable que entraran a negociar una solución a este conflicto. Acosta indicó que un escenario sería que entraran bajo la figura de asesor del juez, si las partes quisieran echar marcha atrás a la disputa.
Otto Guevara aseguró que debe ser el Poder Ejecutivo quien tome la batuta sobre este conflicto para mitigar el daño al interés público.
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CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval
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Miércoles 21 Febrero, 2018
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