La diputada liberacionista Sandra Piszk envió este lunes una carta al magistrado Ernesto Jinesta, presidente de la Sala IV, en que le solicita que cuanto antes los altos jueces se pronuncien sobre la consulta constitucional al proyecto de ley que modifica las pensiones judiciales y que se aprobó en primer debate hace más de tres meses.
El 30 de octubre del año pasado, la mayoría de los cogresistas aprobó la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial y, un día después, 12 legisladores lo enviaron a consulta en la Sala IV.
El problema es que, desde el 1 de noviembre, comenzó una desbanda de inhibiciones de magistrados propietarios y suplentes que al día de hoy impide conformar el quórum de la Sala, ya que para ver el tema se requiere contar con siete altos jueces.
En total, la Sala cuenta con 14 suplentes y a la fecha 13 se inhibieron del tema.
“Si ellos lo que dicen es que no pueden resolver porque no se puede conformar el tribunal, la ley les da un plazo y la preocupación es que si todo el mundo se recusa y no ofrecen una alternativa son ellos los que tendrán que tomar esa decisión y los insto a que resuelvan el asunto”, señaló Piszk.
Según la liberacionista, el artículo 101 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la Sala IV tendrá el plazo de un mes para resolver las consultas de los diputados a los proyectos de ley.
Esta versión la confirma el abogado constitucionalista Ewald Acuña, pero también justifica que la Sala no pueda responder dadas las inhibiciones presentadas.
¿ESTRATEGIA?
La diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), interpreta la larga espera como una estrategia para no resolver la consulta.
“Están haciendo tiempo, no hay conciencia de que esto es un tema disparador del gasto tremendo y ellos saben que se hizo una mala administración del fondo y esto es parte de las estrategias de la agremiación de la política y sería una lástima y una pérdida de tiempo que tengamos que volver a cero”, recalcó.
La reforma, que incluso llevó a los empleados judiciales a 13 días de huelga, se basa en los estudios actuariales ejecutados por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), pagado por la misma Corte Plena, proyecta a futuro un déficit de ¢5,3 billones de colones si no se aplican los cambios propuestos.
Entre las variaciones se encuentra el aumento para la edad de pensión a los 65 años para los trabajadores judiciales. Anteriormente, las mujeres podían jubilarse a los 60 años y los hombres a los 62.
Otro cambio es el aporte de los trabajadores, que pasa de un 11% a un 13%, además de un tope de pensión establecido en 10 salarios base (alrededor de ¢4 millones) y una contribución solidaria que sobrepase el tope y que se aplica de manera escalonada entre un 35% y hasta un 55%.
MÁS RECURSOS
DIARIO EXTRA consultó a los gremios judiciales sobre la presión que están ejerciendo algunos legisladores sobre el tema.
Para Jorge Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura de Costa Rica (Sindijud), el proceso ha sido normal dadas las inhibitorias.
También recordó que los diputados han contribuido a alargar el tema porque hasta diciembre pasado nombraron 12 suplentes que faltaban.
“Pero no solo es la consulta constitucional, recordemos que nosotros interpusimos una acción de inconstitucionalidad sobre el procedimiento en que se aprobó la reforma en primer debate y precisamente nos están diciendo que hay problemas de inhibitorias”, subrayó Morales.
La esperanza de Sindijud es que el recurso prospere, lo que llevaría la reforma de nuevo a la comisión y tendría que ser votada ya no por una vía rápida como se hizo, sino ordinaria.
Ronald Segura, presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales (Acofi), externó que el procedimiento de los magistrados ha sido ético y legalmente procedente, de modo que es un error querer ahora venir a presionarlos.
“La Sala no puede, como hizo el Plenario, votar esto en tres horas. Ellos (los diputados) le dieron un trámite rapidísimo, sin ningún tipo de consulta y los magistrados no pueden actuar así, además que esta reforma tuvo ya una presión política electoral y no es cierto que haya urgencia por que el fondo esté quebrado, sino que se hagan reformas a algunos de los privilegios, pero que se hagan bien y no que luego se rechacen por inconstitucionales”, declaró.
Recordó que 16 mil familias dependen de dicho fondo de pensiones.
El presidente de la Corte Plena, el magistrado Carlos Chinchilla, tampoco cree que se deba apresurar a la Sala IV.
“Creo que la Sala IV ha venido desarrollando ese expediente en forma a los tiempos correspondientes, es una de las salas más grandes, con 7 magistrados, y están tratando de conformarse de forma completa para ver el tema como corresponde”, indicó respecto a la consulta.
DIPUTADOS Y GREMIOS REACCIONAN
• Sandra Piszk
PLN
“La Sala puede tener sus tiempos y uno lo respeta, pero no pueden aducir que, en vista de que todo el mundo se recusó, que fue la respuesta que me dieron, entonces no puede resolver. ¿Cuál es la solución entonces? Hay una gran preocupación y lo que pedimos es que hagan algo”.
• Marcela Guerrero
PAC
“Van a buscar todos los medios para retrasar que se apruebe la reforma, pero el riesgo es mayor para ellos mismos y para un país que vive una crisis fiscal, vamos a ejercer el control político necesario para presionar”.
• Jorge Morales
Sindijud
“Creemos que lo mejor es que esto lo resuelvan los titulares, porque las resoluciones de la Sala IV son vinculantes excepto para ella misma, si un punto específico lo resuelven los suplentes quedaría muy endeble y estaría sujeto a que otra integración lo cambie”.
• Ronald Segura
Acofi
“No es correcto que exista una presión de un Poder sobre otro, y me parece que los diputados deberían esperar a que los procedimientos se den como corresponde y no es cierto que esto se ha dilatado intencionalmente”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 21 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
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