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Opinión

¿Qué nos pasa?

Editorial

El país enfrenta momentos cruciales en todos los ámbitos, el político, en lo económico, pero sobre todo afronta una crisis social de magnitudes insospechadas que ya nos golpea fuertemente en la cara. 

El desempleo, la falta de oportunidades, la carencia de vivienda digna, el descenso en la escolaridad y la proliferación del narcotráfico y el lavado de dinero son la materia prima para una bomba de fabricación casera. 

Y por qué decimos esto, bueno, es inevitable darse cuenta que Tiquicia, la Suiza Centroamericana como por años nos hicimos llamar, sucumbe irremediablemente en un caos que en pocos años nos dejará saldos lamentables. 

La pérdida de valores golpea en lo más profundo a los costarricenses, el irrespeto a la dignidad humana, a la autoridad, la falta de solidaridad, la intolerancia y la irresponsabilidad nos están llevando a situaciones de vida realmente preocupantes. 

Costa Rica se compara siempre con países de América Latina que han tenido pésimas evaluaciones en desarrollo social y siempre sale airosa. Defiende este país a ultranza que la corrupción es poca y que los modales de sus habitantes son ejemplares y envidiables. Pero aterricemos ya, aquella Tiquicia se está transformando y por pura vanidad no lo estamos aceptando. 

Una muestra de lo que hablamos es la detención de dos agentes del OIJ y una abogada particular, los tres en total desprecio a la autoridad planearon y ejecutaron la venta de un expediente judicial de un caso de crimen organizado. 

Lo peor es que los trabajadores judiciales aprovecharon su cercanía con las pesquisas y sustrajeron la información para venderla a DIARIO EXTRA a cambio de más de ¢8 millones. 

Haciendo uso de sus conocimientos policiales fraguaron el plan que para su desdicha y fortuna de los costarricenses se vio truncado y desencadenó las detenciones. 

El Periódico de Más Venta en Costa Rica recibió la oferta a cambio de la información sensible que involucra en narcotráfico y lavado de dinero, en apariencia, a un reconocido empresario del fútbol. 

Qué delicado, pues estos empleados del OIJ eran personas de confianza, manejaban datos sensibles de las investigaciones y tuvieron la osadía de vender tales contenidos a sabiendas de que arriesgaban una indagación de alta trascendencia. 

El crimen organizado en el país es una realidad y aunque no queramos verla en su magnitud, nos maja los talones, ya se ha cobrado cientos de vidas, nos expone a los ciudadanos cada día, nos vulnera y se ensancha por más esfuerzo que hacen las autoridades nacionales. 

Vemos en este tipo de actos delictivos que muchos trabajadores públicos sucumben a esas acciones por pagos de toda índole. Porque no es la primera vez que en el Poder Judicial o en el Ministerio de Seguridad se detectan policías que cruzan la línea al bando de la delincuencia sin medir consecuencias personales y nacionales de sus actos. 

El segundo caso ocurrió también a inicios de esta semana, cuando la policía judicial allanó varios despachos del Cosevi, pues funcionarios de esa dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) “donaron” ilegítimamente 4.500 autos a empresas privadas. 

Se habla de 20 colaboradores involucrados que facilitaron mecanismos prohibidos por la ley para entregar y hasta vender los vehículos que estaban en planteles decomisados, a sabiendas de que solo se puede hacer a instituciones sin fines de lucro, asociaciones, escuelas y colegios. 

Se dice que por esa actividad generaron no menos de ¢30 millones, cifra preliminar cuantificada por el OIJ, y que llevan al menos dos años realizando esos trámites. 

A estos casos se une el del empresario Samuel Yankelewitz, quien es investigado por el desastre de la empresa Yanber y los créditos bancarios que obtuvo con estados financieros que en apariencia eran falsos e indujeron a error a las entidades. 

Este señor, además era cuñado del expresidente Luis Alberto Monge Álvarez, hablamos de una persona reconocida en los negocios, pero que está ahora en el ojo del huracán. 

Yankelewitz, según denunció la diputada Patricia Mora, prácticamente mintió para no comparecer ante la Asamblea Legislativa y evadir los cuestionamientos, pero la propia congresista mandó horas más tarde una foto del señor peluqueándose tranquilamente y no en cama con una cirugía a corazón abierto que adujo tener.

Entonces, estos casos nos ponen a pensar seriamente qué pasa en Costa Rica, qué nos está llevando a este descaro, al irrespeto a la autoridad. 

¿Cómo oficiales de inteligencia del OIJ venden información sensible, cómo otros policías ya están participando con el crimen organizado? 

Lo que sucede nos lleva a tomar medidas urgentes, a repensar sobre el comportamiento que la sociedad costarricense asume. No podemos permitir que el país se nos vaya de las manos. 

¿Qué oportunidades está dando el país que muchos ciudadanos buscan alternativas delictivas para sobrevivir?

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Miércoles 21 Febrero, 2018

HORA: 12:00 AM

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