Dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fueron detenidos por sus propios compañeros luego de figurar, junto a una psicóloga, como sospechosos de intentar vender un expediente judicial a DIARIO EXTRA.
En el folio de investigación de la Fiscalía Adjunta de Crimen Organizado, se pretende señalar al empresario y presidente del Club Sport Herediano David Patey y otros, con los delitos de narcotráfico y legitimación de capitales.
Cabe destacar que El Periódico de más Venta en Costa Rica rehusó adquirir la documentación oficial de carácter sensible y denunció la acción ante las respectivas autoridades, caso que derivó tres meses después en las mencionadas detenciones.
El director del OIJ Walter Espinoza, manifestó que se llevaron a cabo diligencias mediante las cuales se determinó, que los dos funcionarios de apellidos Díaz Vega y Córdoba Quesada, intentaron obtener una ganancia de $15 mil (cerca de ¢8,6 millones) a cambio de revelar el contenido de la investigación contra el dueño del Herediano.
“El precio se estableció en $15 mil, sin embargo, la transacción no se materializó, logramos establecer que los dos sospechosos son de la oficina de Planes y Operaciones (OPO) de recolección de informaciones, hicimos allanamientos en las oficinas en la que ambos trabajaban, allanamos sus viviendas y además otra vivienda en San Sebastián, esta última, en virtud de que fue donde el denunciante se reunió con las personas que intentaron venderle la información”, dijo Espinoza.
El jefe policial, pese a que no reveló en qué consistía el caso que se intentó negociar, rechazó públicamente cualquier acto de corrupción que atente contra la imagen del Organismo de Investigación Judicial y su funcionamiento.
“El Organismo de Investigación Judicial en su función de autocrítica y evaluación realizó hoy actividades con el fin de eliminar cualquier manifestación de delincuencia dentro de la Policía Judicial”, acotó.
Consultados al respecto, en el Ministerio Público señalaron que el caso lo investiga la Fiscalía de Probidad y Transparencia, bajo el expediente 17-031799-42-PE y que en las próximas horas se estarán solicitando medidas cautelares, que están dirigidas principalmente a la suspensión del cargo de ambos agentes.
ARCHIVARÍAN CAUSA
El contacto por parte los funcionarios judiciales con DIARIO EXTRA, ocurrió en los primeros días del mes de noviembre del año pasado vía telefónica, con el fin de hablar acerca de una investigación que en apariencia iba a ser archivada.
Según lo que manifestaron los policías, su interés era que se diera a conocer el caso y se expusiera a las personas que figuran dentro del proceso de investigación.
A partir de esos primeros enlaces, se coordinó una reunión en una vivienda en San Sebastián, precisamente donde fue detenida la psicóloga de apellido Márquez, fue ahí donde uno de los investigadores manifestó que quería dinero a cambio de brindar por completo los folios de trabajo de la Fiscalía.
CASO PATEY
Propiamente sobre el caso, previo a la intención de los funcionarios de vender el expediente, este medio supo que existen varios socios de Patey vinculados a la investigación y que su perfil ha sido activo en ciertas transacciones sospechosas, que actualmente se investigan.
El Periódico de más Venta en Costa Rica tuvo acceso a un esquema durante la reunión con los agentes judiciales, basado en las intervenciones telefónicas sustraídas de uno de los legajos del expediente de la Fiscalía de Crimen Organizado.
En el resumen figura el empresario florense Patey junto a otro hombre de nombre S.B, según el expediente.
Ese mismo esquema, donde aparecen involucrados el magistrado suspendido de Sala III Celso Gamboa y el empresario de Sinocem Juan Carlos Bolaños, fue aportado al expediente del Ministerio Público en relación con los supuestos hechos denunciados.
No obstante, tanto la Fiscalía General como la dirección del Organismo de Investigación Judicial, señalan que su intención es concretar el caso y evitar a como dé lugar el entorpecimiento del proceso judicial.
El expediente fue abierto a finales del año 2014, y la intención de los dos agentes de vender las informaciones data del mes de noviembre del año pasado.
“Nosotros, por razones obvias no podemos revelar ningún tipo de detalle sobre la investigación porque el interés único del Ministerio Público es avanzar en sus casos”, dijo la fiscala general Emilia Navas.
