El 30 de octubre de 2017 un total de 31 diputados votaron a favor en primer debate la reforma a las pensiones del Poder Judicial, cambios que según estudios actuariales son urgentes porque dicho régimen tiene proyectado un déficit de ¢5,3 billones.
Después de su aprobación, 12 legisladores enviaron el texto a consulta a la Sala Constitucional, algunos con la intención de que los magistrados se trajeran abajo la iniciativa y otros con la intención de blindarla de cualquier posible roce constitucional.
Lo cierto es que han pasado tres meses y 19 días sin que el alto tribunal dé una respuesta.
Para Mario Redondo, congresista del partido Alianza Demócrata Cristiana, esta situación es alarmantemente irregular, ya que por lo general la Sala IV tarda un mes en resolver estas consultas.
“Sería grosero decir que el retraso es al propio, pero lo cierto es que es absolutamente desproporcionado. Este es un tema urgente para poner freno al régimen más abusivo que existe y uno esperaría que la respuesta de la Sala Constitucional se haga llegar lo más rápido posible”, indicó.
INHIBICIONES
El problema es que al parecer magistrados titulares y suplentes no quieren conocer el fondo del tema. De los 18 suplentes que podrían conocer la consulta, a la fecha 12 se han inhibido de hacerlo.
Desde inicios de noviembre de 2017 los 6 propietarios de la Sala IV (Luis Fernando Salazar, Paul Rueda, Nancy Hernández, Ernesto Jinesta, Fernando Cruz y Fernando Castillo) solicitaron no ver el tema aduciendo que todos son cotizantes del régimen.
Si los suplentes rechazan ver la reforma, deberán ser los propietarios quienes deban resolver.
CAMBIOS
Entre los principales cambios se encuentra el aumento para la edad de pensión a los 65 años para los trabajadores judiciales. Anteriormente las mujeres podían jubilarse a los 60 años y los hombres a los 62.
Otro cambio es el aporte de los trabajadores, que pasa de un 11% a un 13%, además de un tope de pensión establecido en 10 salarios base (alrededor de ¢4 millones) y una contribución solidaria que sobrepase el tope y que se aplica de manera escalonada entre un 35% y un 55%.
“Este régimen mantiene privilegios muy amplios que han sido objetados por la Superintendencia de Pensiones y dado que ya es insostenible, entre más se tarde en resolver, peor será la situación para los futuros resultados del régimen”, agregó Redondo.
Si la Sala IV determina que la reforma contiene vicios de inconstitucionalidad deberá volver a una comisión legislativa para “arreglar” los puntos problemáticos, lo cual incluso podría llevar a una nueva consulta, lo que hace suponer que el tema podría recaer en los próximos diputados.
Los principales opositores a la reforma son los congresistas del Frente Amplio, en especial Jorge Arguedas, así como los representantes de los gremios judiciales que cuestionan los estudios actuariales que realizó la Universidad de Costa Rica.
Mario Redondo
ADC
“Es un tema de alto interés para el país, que se maneja con una enorme lentitud y que es absolutamente fuera de lo normal. No recuerdo otra consulta que haya tardado tanto y no conviene que sea así porque se generan percepciones que podrían no ser correctas”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 19 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
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