Al no tener la liquidez suficiente el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) para hacer frente a sus obligaciones vencidas, por un monto de ¢131.125 millones, Marco Hernández, interventor de la entidad financiera, sugirió en un informe remitido al Poder Ejecutivo que el Estado asuma dichas obligaciones.
Hace tres días, el grupo interventor de Bancrédito presentó al Poder Ejecutivo la gestión para activar la garantía, con respaldo del Estado, para el caso de dicha entidad bancaria.
Así lo expuso Hernández ante la comisión investigadora de créditos bancarios cuestionados de la Asamblea Legislativa, tras una consulta efectuada por el presidente de dicho órgano, el diputado liberacionista Ronny Monge, quien preguntó sobre el avance de la intervención iniciada contra dicho banco el 22 de diciembre anterior, por orden del Consejo Nacional del Sistema Financiero (Conassif).
“El problema del banco no es que esté en insolvencia, el banco no está en quiebra. El problema es que sus activos no empatan con sus obligaciones, por lo que las obligaciones están vencidas y no tienen la liquidez para hacerles frente, porque resulta que toda la liquidez está ‘parqueada’ en una serie de activos que hay que recuperar”, reafirmó Hernández.
En este sentido, enumeró que el banco tiene bienes realizables que rondan los ¢40 mil millones y una cartera crediticia de ¢160 mil millones, cuya recuperación será de largo plazo, pues se trata de préstamos de mediano y largo plazo.
SIN POSIBILIDADES
Hernández reseñó que el objetivo de la intervención es determinar si Bancrédito cuenta o no con viabilidad financiera para seguir adelante y, tras casi dos meses de trabajo, se concluyó que no la tiene.
“(…) ya hemos establecido que el banco no tiene posibilidades de hacerle frente a sus obligaciones por una situación de iliquidez estructural, en que, a pesar de que tiene patrimonio el banco, no puede hacer frente a sus obligaciones vencidas, en vista de que no tiene la liquidez suficiente ni puede generar esa liquidez para hacer frente a esas obligaciones vencidas.
En ese sentido, hemos informado al Consejo Nacional de Supervisión que se estaría en este estado de gestionar la garantía del Estado a efectos de que el Estado pueda asumir las obligaciones vencidas del banco y eso con fundamento al artículo 4 de la Ley Orgánica del Banco Central”, enfatizó Hernández.
El interventor comentó que le corresponderá al Poder Ejecutivo determinar si acepta o no la recomendación formulada.
SON TÍTULOS DE HACIENDA
Para hacer frente a la crisis que afrontaba el banco, el Poder Ejecutivo emitió una directriz en abril de 2017, en el que se ordenó a los bancos y empresas públicas, así como a las instituciones autónomas del Estado, invertir en Bancrédito a fin de fortalecerlo, pero la orden no se aplicó en su totalidad, lo que causó que la entidad se fuera a pique.
Del 100% de los pasivos de Bancrédito, es decir, ¢131.125 millones, un total de ¢131.025 millones, o sea, el 99% del monto, son dineros que puso el Ministerio de Hacienda, mediante títulos adquiridos, entre los meses de marzo y abril del 2017, con los cuales se buscaba ayudar a la entidad bancaria para salir de la crisis que se comenzó a generar desde febrero de ese año.
“Esas inversiones fueron entre marzo y abril del 2017. (…) El problema es que, las obligaciones que tiene Hacienda son derivadas del Tesoro, de un presupuesto y esos son depósitos como tal, son macrotítulos que tenía el Ministerio de Hacienda y eso posteriormente los debe asumir el Estado con la garantía”, reseñó Hernández.
Al respecto, Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), preguntó a Hernández si el Ministerio de Hacienda podrá recuperar los dineros invertidos en los títulos adquiridos a Bancrédito y si ese proceso tomará tiempo, a lo que el interventor respondió: “creo que sí, en el sentido de que hay suficiente patrimonio todavía para que se pueda, el Ministerio de Hacienda o el Estado en este caso se dé por bien pagada la obligación que va a asumir, lo que pasa esa situación de tiempo”.
En un cálculo hecho en el recinto por Solís, este especificó que, para hacer frente al pago de los pasivos vencidos, Hacienda tendría que brindar un aporte de ¢125 mil millones, a lo que el interventor señaló que: “así sería”.
Pese a la orden emitida por el Gobierno a las empresas y bancos públicos y a las instituciones autónomas, estas no hicieron caso, por lo que no contribuyeron a inyectarle capital al banco para seguir operando.
En este sentido, los diputados preguntaron en varias ocasiones qué habría ocurrido si se hubiera aplicado la directriz tal y como estaba establecida, con el fin de saber si en ese caso se necesitaría la intervención, a lo que el interventor respondió que no.
“Si el plan se hubiese ejecutado tal y como se concibió en ese momento, el banco hubiese pagado todas las obligaciones y evitado su intervención”, recalcó Hernández.
El interventor subrayó que Bancrédito no está en quiebra pues tiene recursos para hacer frente a sus obligaciones actuales, un patrimonio de ¢38 mil millones y cuenta con operaciones para el pago de los salarios de los 214 empleados con lo que cuenta, al tiempo que sostuvo que se cuenta con ¢6 mil millones disponibles para el pago de las prestaciones de los trabajadores.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Fotos: Herbert Arley
EMAIL: [email protected]
Sábado 17 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA