Las autoridades del Gobierno firmaron la sentencia para sacar del país al activista Hermenegildo Ismael González Álvarez, presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Fundeprode).
DIARIO EXTRA dio a conocer que Migración y Extranjería firmó la deportación del activista por encontrarse de manera irregular en el país, por lo cual buscamos a su Gisela Yockchen para que explicara por qué tomaron esa medida.
“El proceso de deportación ha tenido el debido proceso establecido en la Ley de Migración y revisando el expediente el proceso inicia en el año 2007, cuando él hace la solicitud de residencia, para lo cual se le resuelve denegándole el trámite de residencia al señor.
Por consiguiente, el mismo presenta un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, dentro del recurso que debe ser resuelto en Migración se le rechaza la solicitud, se le rechaza el recurso y lo que procede es llevarlo en alzada al Tribunal Administrativo Migratorio (TAM), que resuelve el tema y deniega también la solicitud”, sostuvo Yockchen.
ORDEN DE SACARLO
La directora añadió que González nunca desistió de los trámites y siempre estuvo en la anuencia de continuar con el proceso que terminó en el TAM, donde al final rechazaron la apelación y comunicaron a Migración que el señor agotó todas las vías.
“Cuando hay una denegatoria y la persona queda en total estado irregular en el país, y se ha agotado el debido proceso, se le comunica a la Policía Profesional de Migración (PPM), por eso en octubre del año 2017 la PPM procede con el caso y es aprehendido con el respaldo que la ley da, por encontrarse en estado irregular en el país, por ello implica la orden de deportación”.
Precisamente Yockchen dio la orden ayer para que arrancara ese proceso de deportación vía terrestre hacia México, pues a González, al sufrir del corazón y llevar un estent, no lo pueden sacar por aire.
“A la fecha el señor se encuentra bajo una medida cautelar de citación, él no se encuentra aprehendido, en el centro de aprehensión esta persona tiene que hacer una firma periódica, pero el proceso de deportación se mantiene vigente amparado a lo que la ley establece”.
NO TIENE REVERSA
La jerarca de Migración dijo que aunque quisieran ayudarle a González, no podrían. ¿Por qué? Pues si bien la ley faculta para tomar una decisión y permitirle la estancia bajo un argumento humanitario, el problema es que el trámite no se hizo antes que el TAM fallara.
Recordemos que el TAM es la máxima instancia migratoria en cuanto al tema. Si González hubiese alegado un nuevo proceso ante la dirección de entonces, esta podría haberle ayudado y dejar sin efecto el fallo.
Pero el activista siguió con todo el proceso y apeló a la solicitud humanitaria después de la determinación del TAM.
“Cuando nos hacen la consulta de por qué el señor no tuvo la oportunidad de solicitar o interponer algún argumento para que se considerara alguna situación humanitaria o él alegara algún otro derecho, respondimos que no se dio porque él nunca lo solicitó en el proceso ordinario, es decir nunca lo pidió.
Para que la Dirección de Migración entre a estudiar una nueva solicitud, tiene que mediar la solicitud de una persona, o sea la persona tiene no solo que solicitarlo, sino también respaldar los argumentos y él nunca lo hizo como se ve en el expediente, desistió del debido proceso, pero la orden está hecha como corresponde”, culminó Yockchen.
NO SOMOS HIPÓCRITAS
González acusa que el Gobierno es “hipócrita y doblemoralista”, ya que da un discurso pro defensa de los derechos humanos.
Asimismo el lunes pasado el Ejecutivo firmó el establecimiento en el país del programa “Shelter City Costa Rica”, que protege a los defensores de derechos humanos de Centroamérica.
Y lo que el activista critica es que no respalda a los defensores que se encuentran en nuestro territorio.
Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República, explicó desconocer el caso de González y que el gobierno es respetuoso de los derechos.
“Bueno, tendría que conocer de las autoridades de Migración la condición que le están imponiendo al señor y después podría hacer una aseveración, porque por supuesto que somos un país respetuoso de los derechos humanos, pero si hay algo, desde el nivel de legalidad del estatus migratorio de esta persona, quisiera informarme primero por las autoridades de Migración, y jamás nosotros tenemos cobros sobre ninguna persona.
Nosotros lo que hacemos mas bien es respetar la ley”, afirmó la Vicepresidenta.
Por ahora González y sus asesores legales estudian interponer un recurso contencioso administrativo, llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o encadenarse en la Corte Suprema de Justicia.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Viernes 09 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
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