La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales consiguió que el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogiera una denuncia de capitales emergentes, tras la cual ordenó la pérdida a favor del Estado de ¢21.319.256, $24.943 y dos bienes inmuebles ubicados en San José. Se trata de bienes que estaban en poder de tres hombres de apellidos Mejía Hernández, Castro Solano, Arce Acuña y una mujer apellidada Durán Zúñiga, quienes no pudieron justificar ante el juzgado que estos provinieran de origen lícito, por lo cual los perdieron. A Durán le decomisaron ¢6.781.989 que estaban en dos cuentas bancarias de entidades financieras del Estado; asimismo, en la casa de la mujer y Arce, quienes son pareja, se ubicó ¢14.421.900 y $1.173 en efectivo.
Se procedió a ordenar la pérdida a favor del Estado de las dos propiedades mencionadas.
Por su parte, a Mejía, Arce y Castro se les incautó $23.770 y ¢263.000 en efectivo. La sentencia, bajo la sumaria 13-000753-1028-CA, fue dictada la tarde del miércoles 10 de enero luego de que los cuatro habían sido investigados por legitimación de capitales. La figura legal conocida como capitales emergentes está prevista en la Ley contra la Delincuencia Organizada y tiene como objetivo perseguir el patrimonio obtenido sin causa lícita aparente.
PRIMERA SENTENCIA
El 9 de julio del 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda emitió una sentencia en la cual se ordenó la pérdida, en favor del Estado, de ¢481 millones a un vecino de Hatillo que se dedicaba a la venta de tiempos.
El expediente había ingresado a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, pero pese a la investigación realizada, no fue posible establecer el origen del dinero, el cual permanecía en dos cuentas bancarias.
Ante esa dificultad probatoria, la Fiscalía remitió el caso a la vía contenciosa administrativa, por medio de capitales emergentes.
