Este jueves los diputados se habían puesto como tarea votar el informe que entregó el pasado 18 de diciembre la comisión especial legislativa sobre el caso del cemento chino.
Para ello se había aprobado una moción para que, durante dos semanas con plazo al 18 de enero, cada diputado pudiera hablar por 30 minutos sobre el informe.
La sorpresa para los legisladores fue que Casa Presidencial envió su aclaración sobre el informe, precisamente el día final de la votación, donde señala “8 falsedades” del mismo en un documento de 26 páginas.
La sesión inició desde las tres de la tarde, con una lista de más de 30 diputados “apuntados” para hacer uso de la palabra.
Entre ellos el diputado independiente (antes del PAC) Víctor Morales Zapata y el liberacionista Rolando González aprovecharon varias horas para atacar las conclusiones del informe donde se les cuestionaba.
Morales Zapata aprovechó que otros diputados le cedían los minutos para leer una extensa declaración desmintiendo los hechos que lo involucran, durante tres horas.
“Estos señores (los diputados redactores) a lo más técnico que pudieron llegar fue en forma temeraria y sin fundamento alguno a tirar frases sin un antes y un después, con la única intención de dejar en el ambiente una nebulosa, la duda la sospecha, con la cual hacerme escarnio político, escarnio público, mancillar mi honorabilidad, criminalizar y condenar anticipadamente más propio de una venganza cuasi personal”, señaló.
POLÉMICA
La polémica creció entre los congresistas cuando el diputado del PAC, Marco Vinicio Redondo, pidió al filo de las 9 de la noche, a la presidenta en ejercicio, Carmen Quesada, que se leyeran las 26 páginas de la aclaración del gobierno sobre el informe.
Esto hizo explotar a otras fracciones, que acusaron al PAC y al gobierno de montar una estrategia para no votar el informe.
“Yo le pido al PAC que incorporemos ese documento al acta y procedamos a votar, nos comprometemos a no hablar más”, señaló el jefe de fracción socialcristiano William Alvarado.
Agregó que de no votarse el informe este volvería al último lugar de la discusión lo que dejaría más dificultades para retomar el tema.
“Esta es una clara estrategia para que no se pueda votar hoy el informe del Cementazo”, argumentó Gerardo Vargas Varela del Frente Amplio (FA).
Pero Redondo insistió que era su derecho constitucional la lectura y que no era cierto que hasta esa hora se había pedido la lectura, sino que desde cuatro horas atrás se había solicitado.
La diputada liberacionista Sandra Piszk, respondió a Redondo dando por sentada que tenían derecho a leer la respuesta del Ejecutivo, pero que de hacerlo su fracción se encargaría de debatir cada una de las “falsedades” que la administración Solís Rivera argumenta.
Ante una falta de acuerdo, finalmente se inició con la lectura de las 26 páginas del descargue del gobierno.
“El Gobierno de la República valora el control político establecido en el artículo 49 de la Constitución Política, sin embargo, quien ejerza ese control político debe valorar el elenco probatorio existente, confirmar o descartar la utilidad de cada uno de los elementos de prueba con que se cuenta y definir cuáles son los aspectos que llevan a tener por probado un hecho. Llegar a la verdad no es solo presumir un hecho y darlo por cierto. La simple especulación no constituye un juicio de valoración probatoria”, señaló Casa Presidencial en su comunicado de prensa.
El informe del Cementazo de casi 300 páginas describe como al menos 10 funcionarios de esta administración, incluido el mandatario Solís, pudieron tener alguna participación para favorecer la operación del empresario Juan Carlos Bolaños.
Al cierre de edición, los diputados continuaban discutiendo qué hacer, ante la imposibilidad de no votarse, se podría conocer en otra sesión con un necesario acuerdo previo.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 19 Enero, 2018
HORA: 12:00 AM
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