El gremio de los taxistas asegura sentirse cansado de ver que Uber sigue operando en el país y las autoridades parecen no hacer nada, motivo por el cual presentarán una demanda contra el Ministerio de Hacienda.
La denuncia será interpuesta la próxima semana y va dirigida en específico a la fiscala general Emilia Navas, en la cual se acusará al jerarca de Hacienda y también vicepresidente de la República, Helio Fallas Venegas.
Así lo confirmó el representante del Foro Nacional de Taxistas y a su vez candidato a diputado por el Partido de los Transportistas, Gilberth Ureña, quien fue claro en que están cansados de la falta de compromiso.
“Vamos a llevar un documento al Ministerio Público y a la Fiscalía General, pidiéndole a la señora Navas intervenir de forma inmediata el Ministerio de Hacienda y a su jerarca por incumplimiento de deberes”, dijo.
“Esto por la gran salida de remesas de la empresa Uber que se sigue dando a vista y paciencia del Ministerio, al igual de los dineros que ingresan sin control alguno, pues no se conoce su procedencia o destino verdadero”, continuó.
De acuerdo con Ureña, han tratado de hacer ver a Fallas y a otros especialistas de Hacienda que el estado pierde millones por la falta de paga en los impuestos que cada chofer se supone debe reportar además de las ganancias de la empresa.
CARAVANA PARA ENTREGAR DENUNCIA
Como parte de la entrega del documento, Ureña recalcó que alrededor de 200 taxistas podrían hacerse presentes para ejercer presión a las autoridades al momento de presentar el acta.
La misma está programada para el próximo martes 23 de enero a las 10. a.m., con taxistas saliendo de puntos distintos como son la radial de Paso Ancho y el otro la rotonda de Guadalupe.
Uber opera en el país desde el 21 de agosto del 2015 y aunque se ha dado la detención y decomiso de algunos de sus vehículos, estos siguen operando, algo que aseguran los taxistas ha afectado sus ingresos, disminuyéndolos hasta en 60%.
A raíz de su llegada y la lucha suscitada se han dado agresiones físicas contra ciudadanos y daños a la propiedad privada en ambos bandos, además del arresto de choferes de taxi durante las marchas y protestas.
La cosa no pinta muy bien para los conductores de la empresa extranjera, pues desde hace algunos meses se han venido intensificando operativos contra el transporte ilegal de personas en modalidad taxi.
Tras lo dicho por la Sala IV en febrero del año anterior, se dio luz verde a sanciones por parte de la Dirección General de la Policía de Tránsito, como de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para detener esta actividad.
Las mismas van desde el decomiso del vehículo hasta multas de hasta ¢8 millones, las cuales son solo algunos de las acciones que hoy tienen a los de Uber intranquilos y con mucho en qué reflexionar.
