La denuncia fue presentada contra la ministra de Salud, Karen Mayorga; el exministro de Salud y ahora presidente ejecutivo de la CCSS, Fernando Llorca; así como los diputados Francisco Camacho del Frente Amplio y Emilia Mora de Acción Ciudadana, a quienes señalan por los delitos de tráfico de influencias y prevaricato.
Los hechos que se describen en la acción judicial se fundamentan en la negativa de las instituciones de aprobar los permisos de explotación de un tajo que se habilitaría en el cantón de La Unión con la intención de extraer el material necesario para la estabilización de un peligroso deslizamiento que amenaza a buena parte de la población y propiedades cercanas al río Chiquito en San Rafael de La Unión, Cartago.
“Ambos jerarcas señalaron que para continuar con el trámite de la solicitud del permiso sanitario de funcionamiento se requería que Hacienda San Rafael presentara la resolución municipal de ubicación (Uso de suelo), aunque el citado decreto en el artículo 9, inciso 1, indica que existe una excepción a tal requisito y es que se presente un pronunciamiento oficial del respectivo gobierno local que exime de tal requisito. Precisamente esa condición se cumple mediante la resolución DJUR-023-2016 de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de La Unión; es decir, que se resolvió contra la ley”, indicó el demandante Sergio Retana.
DIPUTADOS
La denuncia que ya estudia la fiscalía es parte del caso que el sábado DIARIO EXTRA informó en cuanto a la amenaza latente para 1.500 estudiantes de San Rafael por la construcción de una escuela en una propiedad adquirida por en MEP en la zona de peligro y que el Ministerio de Educación indicó estaría valorando el tema.
Según indica el demandante que los legisladores señalados trataron de meter mano y anular la posibilidad de concesión de los permisos de la explotación de la cantera lo cual permitiría la construcción de obras de contención del deslizamiento.
“Todas estas decisiones de funcionarios públicos definitivamente requieren que sean investigadas para que determine si ha existido un tráfico de influencias y prevaricato con el cual se haya perjudicado los intereses de mi empresa. De ser así llegaría hasta las últimas consecuencias para que hechos tan lamentables no vuelvan ocurrir porque consideramos que debe prevalecer el principio de legalidad consagrado en el artículo No. 11 de nuestra Constitución Política”, manifestó Retana.
Por el momento las autoridades del Ministerio Público analizan el tema, pero el peligro para las familias de San Rafael sigue latente tras nuevos movimientos de la montaña por el paso de la tormenta Nate del año anterior.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Viernes 19 Enero, 2018
HORA: 12:00 AM
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