Nueve meses después de su designación como presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Carlos Chinchilla lidera la institución durante una de sus peores crisis de credibilidad.
Chinchilla, junto a los otros altos jueces, reacciona ante esa coyuntura en la que se ha vinculado a algunos de sus miembros en escándalos de corrupción como el caso del Cementazo, mediante el desarrollo de 10 propuestas de reformas urgentes a la institución.
El presidente de la Corte confía en que este trabajo comprende la “oportunidad” para saldar las deudas que arrastran con la ciudadanía.
Varios magistrados califican de “crisis” la situación que afronta el Poder Judicial. Como presidente de la Corte, ¿lo define de igual manera?
- En el Poder Judicial, estamos en una crisis, nada más que las crisis hay que identificarlas como momentos de oportunidad, para rehacer cosas e identificar cosas nuevas. En este caso, el magistrado Paul Rueda fue quien presentó una propuesta ante la Corte Suprema de Justicia, sobre la confección de todo un programa donde podíamos desarrollar los temas que hoy en día estamos debiendo como Poder Judicial, como Corte Suprema, y de los cuales podemos hacer de ellos cada uno, en diferentes comisiones.
¿Creen que esta crisis es solamente del Poder Judicial o involucra a alguien más?
- Es una crisis no solo del Poder Judicial, sino a través de los tres Poderes de la República. En términos generales del Estado costarricense, se ha identificado algunos aspectos, no hay que dejar de lado todo lo que ha venido por medio de comunicación, las situaciones que ha habido por medio de relaciones, de alguna forma que han dado tal vez un matiz distinto a lo que antes nosotros podríamos interpretar como un desarrollo normal entre los Poderes de la República, si hacemos acciones que podrían interpretarse en forma contraria a lo que es la independencia, no es conveniente seguir por ese camino. En realidad, la coordinación entre los diferentes poderes de la República es especial y relevante.
Parte de las reformas consiste en crear un protocolo de conducta para los funcionarios judiciales. ¿Qué límites éticos se debe establecer?
- La comisión que ve todo el tema de comportamientos éticos tiene aspectos que me parecen sumamente relevantes, porque muchas veces las acciones que realizamos pueden ser malinterpretadas. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Trasparentar lo que vamos a hacer, si vamos a reunirnos a la Asamblea Legislativa con algún diputado, decir a qué va y qué está haciendo ahí.
De los 10 ámbitos que abarcan, ¿qué es lo más urgente en estas reformas?
- Todos los lunes vamos a empezar a discutir todos los productos que ya tenemos, la sesión va a ser dedicada al desarrollo de todos los productos. Vamos a empezar con carrera fiscal, que es toda una reorganización de lo que es nombramientos, designación, un escalafón que tiene que ver con los fiscales y fiscalas del país, y por supuesto tiene que ver con ascensos, y en esto es evitar, en situaciones en las que se puede excluir personas por condicionamientos subjetivos, sino tiene que ser una carrera que evalúe de forma específica cuestiones académicas, de rendimiento, de desarrollo, de tiempo de servicio, y el desempleo que ha tenido en cada una de las diferentes oficinas.
¿Qué buscan evitar con estas reformas?
- La idea es evitar los nombramientos a dedo, y hacerlo de forma objetiva. El otro, en la carrera judicial, en esta es muy importante también, porque si bien es cierto tenemos una ley de carrera judicial, tal vez no es la más óptima. Porque una persona puede llegar con cero experiencia en el Poder Judicial y no tiene conocimiento tampoco de litigio, va a hacer un examen, por ejemplo, el caso de los jueces penales, hay cinco categorías, como está la carrea judicial en este momento, puede venir la persona que no tiene ninguna experiencia, y aún si podría convertirse en juez 5 penal, sin experiencia, ya que al hacer examen podría quedar elegible. El escalafón tiene que ser ascendente.
¿Se debe incluir la carrera como juez entre los elementos para nombrar magistrados?
- Yo desearía que, para ser magistrado, como mínimo una persona tenga 45 años de edad, porque llegar a ser magistrado es la última etapa, culminación de una carrera exitosa de una persona en la judicatura.
Hay una disyuntiva, la gente tiene una dicotomía, dicen: “tienen que ser los jueces más experimentados”, pero cuando dicen que pueden ser abogados litigantes, señalan que no saben, porque nosotros hemos fijado la idea de que la magistratura debe ser esencialmente de juezas y jueces de carrera; hay posiciones contrarias a esto que le estoy diciendo. Pero es una posición que yo creo que con ello tengo mayor seguridad de la gente que se pueda nombrar, no quiere decir que siempre se acierte. Para mí, una persona debería tener una carrera de 20 años, y 20 años como juez.
¿Debe haber un periodo de desintoxicación de puestos en cargos públicos?
- Tiene que ser tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, por un periodo de 10 años. Porque no deja de tener una visión negativa ante el pueblo que una persona pase inmediatamente de un puesto político a una magistratura, no es bien visto.
¿Qué otros aspectos se deben corregir en la elección de magistrados? Se critica que no es un mecanismo transparente.
- De alguna forma, yo creo que tiene que eliminarse el lobby, en tiempos anteriores era una costumbre normal porque no había otro mecanismo para que el aspirante se diera a conocer ante los diputados, lo que tiene que hacerse, y es importante, es efectuar audiencias públicas, de entrevistas de los mismos diputados. Ante la opinión pública, que pueda llegar la gente y que, de alguna forma, tengan posibilidades de dirigir preguntas para poder responder algún tipo de situación, nos da posibilidades de que la sociedad civil sea participativa en los nombramientos, pero también nos da la posibilidad de que los mismos diputados se muestren con transparencia ante toda la ciudadanía; ahora la comisión hace entrevistas, pero ese es otro elemento, debe haber el establecimiento de un reglamento, en las comisiones, donde sea estable, que no cambie, una tabla que sea objetiva, que se mantenga en el tiempo, porque llega otra Asamblea Legislativa y lo cambia.
La Corte también estudia la reducción de funciones. ¿Se debe reducir el número de magistrados?
- Habría que ver con las competencias de Corte, porque tienen competencias administrativas, no le digo que esas sean innecesarias realizarlas por Corte, muchas de ellas son importantes, algunas otras yo creo que sí se pueden devolver o entregar al Consejo Superior del Poder Judicial, ahora, también soy presidente del Consejo Superior y es muy cansado, se integra dos veces a las semanas y las sesiones son de 8 a.m. a 4 o 6 p.m.
¿Cómo sacar adelante estas reformas en medio de procesos disciplinarios contra los mismos magistrados?
- En algo llegamos a tener un convencimiento, que nosotros no deberíamos juzgarnos a nosotros mismos. No debería ser, sino que tiene que haber un órgano, yo diría la misma Inspección Judicial, la que siga los procesos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, cuando se tiene que tomar una decisión máxima, en aspectos distintos, pues tendría que llevarla a la Corte, ya cuando tenga una decisión, porque eso de investigarnos y juzgarnos a nosotros mismos no es el sistema más idóneo.
¿Qué cambios proponen en el régimen disciplinario?
- Con régimen disciplinario es más importante, porque hoy en día tenemos varias falencias, hay plazos que son muy reducidos y puede llegarse a la caducidad, a veces el traslado de cargos tiene que ser de un mes, podría ser que no necesariamente se dé tan fácilmente, tiene que haber una investigación preliminar, que, si yo en un mes no logro atraer toda la información, podría ser que no tengo que poner en conocimiento de la persona que se le está siguiendo el proceso disciplinario, y si no puedo hacer el traslado de cargos, caduca la causa. Yo creo que tiene que ampliarse más los términos, porque si no los términos son fatales, y eso prolongaría, que un proceso llegue a su fin.
La Corte también exige mayor rendición de cuentas a la Fiscalía General…
- La idea es que no solo rinda cuentas a la Corte Suprema de Justicia, sino a todos los costarricenses. Cuando estaba de presidente de la Sala III, convocábamos a la prensa, y lograban tener informe de primera mano, y, después de ahí, nosotros, atendíamos a cada uno de los periodistas para que tuvieran una impresión sobre eso. Es parte de transparentar, es lo que tiene que hacerse con la Fiscalía General de la República, y también con diferentes despachos de la Fiscalía General de la República, que la gente sepa si está trabajando de forma eficiente, que dé números y cómo se está incumpliendo con esos números.
¿Qué pretenden abarcar con la reforma al sistema penal y procesal contra corrupción?
- En estos tiempos, es importante tomar en cuenta muchos aspectos que se han dejado de lado, que me parece especial relevancia es implementar una normativa con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un tema que tiene que ver mucho con el Estado, proveedores, gente que contrata con el Estado, que a veces, de forma fraudulenta, hacen algún tipo de contratación, y no hay manera de sentar responsabilidad penal, sino solo civil, y a veces son empresas que son de cartón y esas empresas no podemos perseguirlas, esto se presta mucho para lo que es lavado de activos, lavado de dinero, y la responsabilidad penal de personas jurídicas ya se ha venido desarrollando, en Europa existe, en América Latina son pocos los países que tienen responsabilidad penal, es un vacío necesario de llenar, y además es un requerimiento de la OCDE.
De cara a la elección del nuevo Presidente de la República y diputados, ¿impulsará que acuerpen estas reformas?
- Vamos desarrollando estos proyectos, no los vamos a presentar ahora, porque están en estudio, y todavía no tenemos un estudio aprobado, que tenemos productos que son proyectos nada más, en su momento ya llegaremos, ya tendremos un nuevo Presidente de la República, y por supuesto nosotros no tenemos iniciativa de ley, la tenemos por medio del Ministerio de Justicia.
¿El fin de todas estas propuestas es robustecer la confianza en el Poder Judicial?
- El fin último es robustecer los ámbitos que no hemos podido atender de forma directa, esta es una oportunidad, de las crisis, vienen las oportunidades y, además de esto, si nos sirve para reconstruir una mejor imagen ante la ciudadanía costarricense, también es importante para nosotros, todo esto no va dirigido a engrandecer el Poder Judicial, sino a prestar un mejor servicio a la ciudadanía, de lo que nosotros necesitamos.
¿Cómo debe restablecerse la relación de la ciudadanía con los magistrados?
- La ciudadanía a veces nos vio, en tiempos anteriores, no muy lejanos tampoco, como gente inaccesible, gente que no dialogamos con nadie, y que nos manteníamos en un círculo de nosotros mismos. Eso ha ido cambiando, vienen nuevas generaciones, yo soy una de ellas, pero vendrán otras que también van a tener una visión distinta
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CRÉDITOS: Foto: Isaac Villalta
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Viernes 19 Enero, 2018
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