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Opinión

Gobierno entrante y fallo de La Haya sobre daño ambiental: Mucho más que un monto a cobrar

Bernardo Aguilar González*

Ahora que el país se ha llenado de discusión política sobre el fallo de la CIDH sobre matrimonio igualitario, vale la pena también recordar que en este mes la Corte Internacional de Justicia de La Haya resuelve sobre varios litigios entre Costa Rica y Nicaragua. Serán temas importantes cuyas implicaciones socio-ambientales tendrá que atender a su entrada el próximo gobierno. Estos incluyen la definición de los límites marinos entre ambas naciones y el valor monetario del daño ambiental que las partes no pudieron acordar en el plazo de un año que la Corte concedió. 

Respecto al segundo aspecto, el fallo va a determinar un precedente cuyas implicaciones van muchísimo más allá de cuál país logra el monto que considera más apropiado para sus intereses. Afectará todos los procesos que impliquen indemnización de daños ambientales en Costa Rica. Influirá en los procesos de definición de montos de pagos por servicios ambientales para combatir el cambio climático. De esta manera, puede afectar las estrategias y cumplimientos de compromisos internacionales ambientales en temas tan trascendentales como las políticas recientemente adoptadas de biodiversidad, humedales y los compromisos adquiridos en el Convenio de París. De hecho, el fallo podría sentar un precedente con implicaciones internacionales de importante consecuencia para todos los países del planeta.

La comunicación entre las cancillerías, a pesar del envío a tiempo que hizo Costa Rica de su propuesta, no resultó en manifestaciones de Nicaragua de acuerdo o desacuerdo. Más bien parece que el plazo fue utilizado para prepararse para una fase litigiosa, la cual llegó cuando Costa Rica planteó ante la Corte la necesidad de su intervención a principios del 2017.

Los alegatos y reportes técnicos presentados ante la Corte tuvieron perspectivas sumamente distantes. El daño directo causado por Nicaragua se realizó en algo más de 6 hectáreas de remoción de bosque, socola y dragado de canales, con consecuencias e implicaciones en un territorio mucho más amplio. Costa Rica estimó el valor del daño ambiental ocasionado en Isla Portillos y sus humedales afectados en $2.8 millones. Esta estimación fue realizada por un equipo interdisciplinario de la Fundación Neotrópica en coordinación con personal de la Cancillería y del SINAC. Contó con el respaldo de las opiniones técnicas de un reconocido geomorfólogo fluvial de la Universidad de Nottingham y de los calificados técnicos en diferentes ramas de las ciencias naturales del SINAC.

Nicaragua presentó un equipo técnico de una firma consultora y de dos universidades de los EEUU que objetó la estimación costarricense y argumentó la pretensión de que el valor monetario de los daños ocasionados no supera, en su estimación más baja, $30.000 aproximadamente. La fundamentación del equipo nicaragüense se centra en una posición teórica muy conservadora que sostiene que el método apropiado de calcular el valor de estos daños ambientales es utilizar lo que se conoce como el costo de reemplazo, el cual estiman en un programa de 20 a 30 años en un costo de más o menos $1000 al año. Llegan a esta conclusión alegando que los métodos reconocidos internacionalmente para la valoración del daño ambiental son los reconocidos por el panel que valoró los daños ambientales causados en la Guerra del Golfo (1990-91) para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como es previsible, hacen una aplicación conservadora y restrictiva del mismo. 

En contraposición, el enfoque utilizado por Costa Rica partió de tres pilares científicos de la valoración económica del daño ambiental. En primer lugar se usó el marco internacionalmente reconocido de los servicios ecosistémicos como ordenador de los elementos a valorar. En segundo lugar, se usó el marco de valoración del daño ambiental desarrollado por el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) en Costa Rica en cuanto a la imputabilidad y gradación del daño. Finalmente, conforme lo recomienda el mismo método de IPS y la doctrina internacional reconocida, se usó una mezcla de métodos de estimación monetaria directa e indirecta en relación a la disponibilidad de información. Se cumplió estrictamente con lo establecido por la Directriz DE-1156 de 2014 que oficializa el Protocolo de Valoración Económica del Daño Ambiental del SINAC. 

Ánimo conciliador. La inclusión de diversos extremos se hizo con un espíritu conservador y con el ánimo de alentar la conciliación. Por ello, se hizo una estricta evaluación de los servicios ecosistémicos perdidos y de éstos se estimaron monetariamente sólo aquellos para los que sería mayormente sustentable su reclamo con base en la abundante prueba técnica y de inspecciones de campo que obra en autos. Esta decisión se validó con un sobrevuelo por la zona en compañía de personal de SINAC. 

Así, pérdidas como las de servicios ecosistémicos de riqueza genética, regulación hidrológica y servicios estéticos, científicos y educativos no fueron tasadas, sino solamente presentadas cualitativamente. Se estimó la pérdida a cobrar por 50 años, tiempo que se consideró conservadoramente suficiente para que un ecosistema, donde se cortaron árboles de más de 200 años y se removieron cerca de 9500 metros cúbicos de tierra, se recuperara hasta hacer que sus funciones fueran sostenibles nuevamente.

Entre otras cosas, nuestro vecino del norte alega que el enfoque de servicios ecosistémicos si acaso sirve como una herramienta de sensibilización. Asimismo alegó que aun aceptándolo como válido, servicios como el de mitigación de desastres o la formación de suelos y la prevención de la erosión no son relevantes en la zona. Unos meses después la función protectora de los bosques del humedal quedó probada en las consecuencias del huracán Otto, claramente diferentes en las zonas adyacentes a la masa boscosa. 

Costa Rica sustentó su pretensión en la evolución de la normativa y práctica en valoraciones del daño ambiental internacionalmente con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio sobre Diversidad Biológica (1993), que han superado nefastas prácticas que llevan a la subvaloración y sirven de incentivo para la destrucción ambiental. Ello motivó a que, en apoyo de su alegato, influyentes economistas y ecólogos expertos en la materia endosaran la pretensión costarricense con notas que se presentaron ante la Corte. Por ello hemos asegurado que si La Haya refrenda esta posición sentará un precedente pionero y con grandes implicaciones en todo el planeta. A la administración que llega le corresponderá su implementación.

 

*Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica.

 

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Martes 16 Enero, 2018

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