El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Alfredo Chirino, está acusado de irrespetar unas medidas cautelares en favor del profesor Olivier Remy Gassiot, quien aduce haber sido despojado de su plaza como docente para adjudicarla a un magistrado propietario del Tribunal Supremo de Elecciones.
De acuerdo con el expediente 17-009711-1027-CA, desde el 26 de agosto de 2015 existe una resolución de medidas cautelares dictadas a favor del doctor en Derecho Público, quien funge como profesor invitado de la Facultad desde agosto de 2009.
Estas medidas cautelares las impone la Comisión Instructora Institucional de la Universidad en virtud de que existe una denuncia del docente contra el decano Alfredo Chirino por acoso laboral, las cuales fueron ratificadas por la Vicerrectoría de Docencia en el 2015 y comunicadas a la Jefatura Administrativa de la Facultad de Derecho, e implicaban mantener el nombramiento vigente de Gassiot en su plaza, así como en la misma jornada y puesto, con las mismas actividades y rango que ha ocupado durante ocho años.
La asignación de la plaza al magistrado Luis Diego Villalobos es cuestionada por Gassiot porque la Asamblea de la Facultad de Derecho que se realizó en mayo de 2017, y en la cual se adjudicó el puesto, se efectuó sin contar con el quórum debido, y a pesar de la existencia de las medidas cautelares resueltas desde agosto de 2015 por la Comisión Instructora Institucional que regula la materia del hostigamiento en el trabajo o acoso laboral.
Según Adrián Fernández, asesor legal de Gassiot, el pasado 13 de diciembre, la Vicerrectoría de Docencia de la UCR adjudicó la plaza a tiempo completo al magistrado propietario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Luis Diego Brenes Villalobos, por lo que considera que nuevamente incurren en un error grave, pues existe un contencioso administrativo planteado.
Fernández explicó que el decano Chirino debió esperar a que el Tribunal Contencioso Administrativo resolviera si existe ilegalidad o no en la apertura del concurso, sin embargo, continúa omitiendo los cuestionamientos planteados por el profesor en Derecho Público, a quien dejan sin cursos por impartir, lo que implica que no percibirá ingresos.
El profesor denunciante impugnó las tres asambleas de la Facultad de Derecho donde se asignó la plaza, una de ellas fue la del 19 de mayo pasado, cuando la representación estudiantil optó por retirarse del recinto y publicó su oposición al procedimiento en su página de Facebook.
Los representantes de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho cuestionaron el procedimiento que se realizó en la Sesión Ordinaria 04-2017, porque consideraban que traería una responsabilidad judicial y administrativa a la Universidad y cuestionaron la modalidad de votación secreta, porque no se encontraban frente a ninguno de los dos supuestos en los que corresponde esta modalidad, según lo establecido en los artículos 82 inciso b) y 82 bis inciso a) del Estatuto Orgánico de la UCR, por lo que sería imposible determinar a quién correspondía cada voto y su posible responsabilidad, subraya la representación estudiantil en su página de Facebook del 19 de mayo del 2017.
Dicha Asociación no dejó muy bien parado al decano Alfredo Chirino y cuestionó su actuar: “Esta Representación Estudiantil, reprocha y rechaza los actos arbitrarios del señor Decano Erick Alfredo Chirino Sánchez y de varios miembros de su equipo administrativo, actos que son contrarios a Derecho y que no permiten una verdadera transparencia ni respeto por nuestros deberes como asambleístas, sino que limitaron la función de esta Representación Estudiantil, y por ende, los derechos de los estudiantes a los cuales representamos”, acota el comunicado de los representantes del estudiantado.
Se consultó sobre la decisión por la que se adjudicó la plaza al magistrado Luis Diego Brenes, y la Vicerrectoría de Docencia se limitó a decir que la resolución no está en firme; se intentó conversar con la vicerrectora Marlen León, pero no respondió, a pesar de los mensajes dejados con su asistente.
Por su parte, al decano Alfredo Chirino se le hicieron las consultas vía correo y al cierre de edición no había respondido.
MAGISTRADO ACEPTARÍA
MEDIO TIEMPO
“Se está queriendo meter algún ruido, en un momento que además mi preocupación está de lleno en el proceso electoral. En el 2015, se inició un concurso de antecedentes en la Facultad de Derecho para una plaza a tiempo completo. Fue un concurso abierto a cualquiera que se quisiese postular, yo, en ese momento, ni siquiera era magistrado del TSE”, afirma Luis Diego Brenes.
El magistrado reconoció que el concurso desde el inicio ha tenido una serie de impugnaciones por algunos de los participantes, quienes cuestionan si podría abrirse o no. “Parece ser que hay un profesor que ha objetado que no se debió abrir, sino que se le tenía que asignar a él directamente”.
Dentro de los cuestionamientos efectuados por quienes objetan la designación de la plaza destaca cómo hará Brenes para cumplir con su jornada de tiempo completo en el Tribunal Supremo de Elecciones y la labor en la UCR.
“Lo primero que hice fue solicitarle al Consejo asesor de la Facultad de Derecho que se me otorgase un permiso de medio tiempo en la UCR, debido al cargo que tengo como magistrado, este está en trámite, informalmente lo que se me ha dicho es que existe el acuerdo para que se me otorgue ese permiso, porque la normativa universitaria lo permite cuando lo es para el beneficio de un cargo, en la función pública. Está por resolverse el permiso”, recalcó.
Según explicó el magistrado, antes de salir a vacaciones de la UCR firmó una declaración jurada en que sostiene que “tengo un tiempo completo en el TSE, y medio tiempo en la UCR, que eso sí está permitido. Si la UCR no me avala el permiso de medio tiempo, yo no aceptaría el nombramiento de la Universidad de Costa Rica”, argumentó Luis Diego Brenes.
