La contaminación ambiental y el cambio climático no solo afectan los recursos naturales del país, sino también pasan su factura a las arcas del Estado, según informaron desde la Contraloría General de la República (CGR).
Lo anterior debido a un documento emitido por el Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR llamado Opiniones y Sugestiones para la Asamblea Legislativa.
El objetivo consiste en suministrar un panorama fiscal relativo a la presión sobre la Hacienda Pública, producto de la variabilidad, el cambio climático y los desafíos que implica en este contexto mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Según la CGR, el aumento de la temperatura, alteraciones en el patrón de las precipitaciones, alza del nivel del mar y eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos inciden en la infraestructura pública, la salud y el bienestar de la población, lo cual, a su vez, pone en riesgo la Hacienda Pública.
De esta manera, la Contraloría identificó en el cambio climático una tendencia a considerar por parte de los gestores públicos, en la administración oportuna de riesgos que permitan la orientación del diseño de la política pública.
ESTUDIO PERMITE
EMITIR ALERTAS
Entre 1988 y 2010, se registraron 320 eventos entre los que se encuentran temporales, tormentas extremas, déficit de lluvias, temperaturas extremas y hasta episodios de vientos extremadamente fuertes.
Mediante este análisis, se puede emitir alertas en distintas áreas como los costos de reparación y reconstrucción del capital afectado entre esos años, pues la CCR estimó que el costo anual de la reparación y reconstrucción de infraestructura pasó de ¢8.903 millones en 1988 a ¢202.681 millones en 2010.
En ese ese último año, representó el 1,01% del Producto Interno Bruto (PIB); y se determina un crecimiento exponencial del costo en carreteras, puentes, acueductos y otra infraestructura relevante.
Entre 1988 y 2010, los costos de estos fenómenos climáticos extremos variaron entre 0,3% y 1,7% del PIB por año, y en promedio cada trimestre es un 3% más costoso que el anterior.
Asimismo, se estima un incremento en el costo para la atención de los eventos hidrometeorológicos y climáticos extremos de 2011 a 2025. Al 2025, en un escenario conservador, estos costos absorberían entre un 0,68% y 1,05% del PIB.
Mientras que, en un escenario que prevé mayor riesgo, entre 1,64 % y 2,50% del PIB, este último porcentaje implicaría erogar 1,47 veces el máximo porcentaje en que se ha incurrido a la fecha.
SE NECESITA UN MARCO
FISCAL CLIMÁTICO
Entre los criterios emitidos por la Contraloría, advierte que se debe crear un marco fiscal climático, el cual se refiere a los mecanismos que permitan identificar y proyectar los recursos destinados a financiar acciones de mitigación, adaptación y atención de fenómenos hidrometeorológicos y climáticos extremos.
Este debe permitir que se identifique y estime precisamente las fuentes de recursos; la asignación de estos según prioridades, en especial ante la escasez de recursos de la Hacienda Pública y las necesidades urgentes.
Se debe tener además cuentas presupuestarias que permitan identificar el gasto climático y la inversión en obra pública resiliente, junto con medios para poner oportunamente a disposición del público la información y su análisis.
Desafíos fiscales
Los desafíos para atender eficazmente las necesidades futuras en materia de cambio climático se orientan a:
- Promover acciones que reduzcan la presión del cambio climático y armonizarlas con el desarrollo del país.
- Realizar un riguroso ejercicio de planificación, presupuestación, capacidad ejecutora y evaluación del desempeño en la inversión pública.
- Construcción del mecanismo que identifique las fuentes de financiamiento climático.
- Mejora en la asignación del gasto para acciones de adaptación, como reponer la infraestructura pública y movilidad en el sector transporte.
