La mayoría de diputados que integran la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público solicita al Ministerio Público que investigue al regulador general Roberto Jiménez y al intendente de Transportes Enrique Muñoz, por las graves fallas que contiene el modelo de tarifario del transporte de autobuses que establece la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Luego de meses de investigación y audiencias de todos los afectados por el modelo, esta comisión emitió un informe final donde se solicita a las autoridades valorar si los jerarcas incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes.
En el caso de Muñoz, el informe indica que mintió bajo juramento en la comisión, por lo que también podría indagarse por esta causa.
De acuerdo con el liberacionista Rolando González, quien preside dicha comisión, en el caso del regulador general, este intentó “evadir” su responsabilidad sobre el modelo, pero fue claro en que sí avaló lo actuado por la Aresep a partir de su nombramiento el 8 de mayo del 2016.
“(...) Si bien él no participó en la aprobación de la metodología en febrero de 2016, sí votó el recurso de reposición (...) donde se avala prácticamente todo lo actuado por la Aresep hasta ese momento y se reafirma que ninguno de los argumentos presentados contra la metodología era procedente (...)
Por esa razón, se considera que el regulador general es corresponsable de cualquier acierto o falencia que tenga que ver con la metodología de cálculo tarifario”, concluye el informe.
ERRORES
En 2012 la Contraloría General de la República pidió a la Aresep cambiar la metodología para fijar las tarifas al transporte público de autobús. Fue hasta febrero del 2016 que se aplicaron cambios, pero no los que se recomendaron.
De acuerdo con el informe, Jiménez debió tomar las medidas necesarias para corregir y eventualmente proponer a la Junta Directiva retrotraer el proceso hasta sus inicios, con el fin de “generar un instrumento regulatorio apropiado” que sí tomara en cuenta las diferencias entre pequeñas, medianas y grandes empresas.
Precisamente el no hacer esto “desencadenó una serie de ajustes tarifarios desproporcionados, originados entre otras causas, por esas diferencias de escala entre las empresas, que el modelo anterior no podía segmentar y que el actual tampoco lo hace, en virtud de que heredó prácticamente los mismos coeficientes de asignación de costos de su predecesor”, señala el documento.
INTENDENTE
En el caso de Muñoz, los legisladores alertan que, siendo la primera figura en materia de transporte en el país, trató de evadir sus responsabilidades.
“Esa evasión de responsabilidad fue al extremo que en criterio de la comisión mintió bajo juramento, porque una vez nos dijo que no tenía nada que ver con el modelo y luego se demostró que sí tuvo que ver, asistió a reuniones de una fuerza de tarea, hizo la propuesta de una figura llamada ‘demanda implícita’, que es una estimación del volumen de movilización que hacen las empresas de transporte público”, indicó González.
“Con juegos de palabras, trató de confundir a los diputados acerca de su verdadera participación y responsabilidad, no solo en las fijaciones que ha realizado con el nuevo modelo tarifario, sino en la construcción e implementación del mismo, al punto que se llegó a expresar por parte de señores diputados que este funcionario mintió (bajo juramento) a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y que incluso pudo incurrir en un incumplimiento de deberes”, agrega.
RECOMENDACIONES
Los congresistas además solicitan al Consejo de Gobierno iniciar un proceso por eventual negligencia o falta grave contra el ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo.
A la Junta Directiva de Aresep, ordenar una investigación contra Muñoz por supuesto incumplimiento de deberes.
A la Contraloría General le solicitan revisar los conceptos técnico-jurídicos que llevaron a la Aresep a perder gran cantidad de juicios, que le están significando la erogación de miles de millones de colones y señalar las responsabilidades más los responsables.
Hasta el momento en juicios de primera instancia, la institución tendría que pagar cerca de ¢8 mil millones en indemnizaciones.
Se trata de obtener respuesta a los señalamientos por parte de la Aresep, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Jueves 14 Diciembre, 2017
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA