Después de que la jueza María Victoria Salas Ruiz denunciara públicamente la situación que vive con su repentina jubilación, donde asegura que existe corrupción en el Poder Judicial, las reacciones no se hicieron esperar.
Salas reveló a DIARIO EXTRA que Ernesto Jinesta, presidente de la Sala Constitucional, la llamó para recomendarle que se jubilara por una enfermedad (Sjögren: trastorno autoinmune en el cual se destruyen las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, lo que causa resequedad en boca y ojos) que padecía cuando la contrataron y según expertos no amerita su jubilación.
John Brenes, abogado de Salas, lamentó lo sucedido a una empleada del Poder Judicial ejemplar, por lo que solicita se investigue y se lleve el caso hasta las últimas consecuencias.
“No puede ser posible que dejen de lado la investigación que pedí en contra del presidente de la Sala Constitucional. Espero que la fiscala general me dé una cita para que sea en sede penal lo que tenga que hacerse y vean las llamadas que hicieron el magistrado y su esposa a mi clienta.
Vea la discriminación que hay, el 5 de junio del 2019 está señalado el juicio, esto se puede llevar cinco años y mientras tanto la dejan sin salario para que ella pierda todo”, manifestó.
Brenes fue más allá y aseguró que presentó el 8 de noviembre una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
“Si se determina que hay un magistrado involucrado, la competencia para investigarlo son ellos. Mencionamos tres médicos del Consejo Médico Forense, a Jinesta y a la presidenta del despacho del magistrado.
Me llegó un oficio que firma una fiscal auxiliar donde dice que el caso lo envían a la Fiscalía de Heredia, por lo que fuimos a la Fiscalía General faltando 15 minutos para el mediodía, le di mi carné a la oficial de seguridad que se apostaba en el portón principal, ya que no me dejaron pasar, y pedí una cita con la fiscala general Emilia Navas y la secretaria dijo que en 15 minutos iban a almorzar”, comentó.
El representante de la jueza manifiesta que iban a atenderlo en la calle. “Ese no era el problema, sale la fiscal que firma el oficio, me hace pasar a una salita y me dice que se mandó a Heredia por orden de la fiscal Navas porque están acusando a médicos forenses y le respondí que no había leído bien.
Pero en todo caso no le tocaría a Heredia sino a San Joaquín de Flores, pero la denuncia es contra un magistrado y la jefa de despacho, por lo que eso corresponde a Probidad, y me dicen que si todos los casos son enviados a Probidad colapsa”, añadió.
Jorge Cartín, secretario de Asuntos Laborales del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), manifestó que en la casa de justicia se cometen injusticias.
“En el primer momento que me enteré del caso me identifiqué. Nuestra filosofía es la defensa de los derechos laborales y no es el único caso que manejamos. Es valiente denunciar un hecho así, hemos logrado condenar por cuestiones de derecho al trabajo. Es difícil que logren aceptar que un magistrado tiene responsabilidad, hay jerarcas que amedrentan. Estamos dispuestos a luchar”, enfatizó.
Cartín agregó que muchos empleados se sienten solos o el sistema se los come.
“El Poder Judicial le da largas al reacomodo de funcionarios con algún grado de discapacidad, es contradictorio a lo que proyectan a lo interno. Cuando no hay voluntad los afectados son despedidos con responsabilidad patronal. Esperemos que se haga justicia”, expresó.
Tanto la jueza como su abogado esperan que en las próximas horas los atienda la fiscala general de la República.
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CRÉDITOS: Fotos: Herbert Arley
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Martes 12 Diciembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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