Los magistrados de la Corte Plena acordaron por unanimidad abrir un proceso disciplinario contra cinco integrantes de la Sala III, quienes en febrero anterior firmaron una desestimación que solicitó la Fiscalía General por el supuesto delito de tráfico de influencias a favor de los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara.
Tras una sesión extraordinaria privada que se extendió por cinco horas y media, los magistrados resolvieron primero abrir el quinto proceso disciplinario contra el magistrado Celso Gamboa y luego conocer la causa contra los magistrados Carlos Chinchilla (presidente de la Corte), Celso Gamboa, Doris Arias, Jesús Ramírez y la suplente María Elena Gómez, todos miembros de la Sala Tercera o de Casación.
La causa contra los diputados a los que se les ha vinculado con el empresario Juan Carlos Bolaños y el caso del Cementazo se desestimó a pesar de que los magistrados conocieron el informe de registro de llamadas que había realizado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que vinculada a los legisladores con el importador de cemento.
Antes de tomar la decisión, los magistrados conocieron el informe preliminar que presentaron los hoy indagados donde solicitaron no ser investigados aduciendo entre otros argumentos que dicho informe de llamadas no podía ser vinculante, ya que el mismo no indicaba el contenido de las conversaciones.
DENUNCIA
El 30 de octubre anterior la Asociación de Investigadores en Criminalística (ANIC) presentó, la denuncia al Tribunal de Inspección Judicial (máximo órgano disciplinario de la Corte Plena) pero también otra de tipo penal ante el Ministerio Público contra los cinco magistrados.
Según ANIC estos magistrados pudieron cometer el delito de prevaricato (dictar una resolución arbitraria sabiendo que es contraria a la ley) luego que firmaron la desestimación de una causa penal que pidió la Fiscalía General contra los mencionados diputados.
SIN EXPLICACIONES
En ese momento el magistrado Chinchilla era presidente de la Sala de Casación Penal (Sala III) y fue el magistrado instructor para la desestimación.
Luego que el jefe del OIJ, Walter Espinoza alertó al mismo Chinchilla que la Fiscalía General había omitido el peso del informe del rastreo de llamadas, los magistrados decidieron suspender por primera vez en la historia al entonces jefe del Ministerio Público Jorge Chavarría.
Estos magistrados fueron incluso llamados a comparecer en la comisión legislativa que investiga el Cementazo, pero ese día no hubo mayores explicaciones ya que todos se abstuvieron de declarar precisamente por la denuncia que ya había interpuesto la ANIC.
PROCESO
¿Qué significa la apertura de este proceso? Tras la decisión de iniciar la investigación, por medio de un sorteo, será el magistrado Román Solís, de la Sala Primera quien liderará la investigación.
Solís tendrá hasta un año para llegar a una conclusión sobre el caso, aunque puede ser en un tiempo menor.
Precisamente para el abogado constitucionalista Pablo Barahona, debido al cuestionamiento que sufre la institucionalidad del Poder Judicial, la rapidez en obtener los resultados de la investigación es primordial, además de ser lo más justo para los magistrados cuestionados.
“Esto demuestra que hay una disposición a no tapar las cosas y hay que confiar en los contrapesos de la Corte Plena y que sean conclusiones objetivas a favor o en contra”, indicó Barahona.
En este caso, se aplica el 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dentro de las posibles sanciones menciona la suspensión o separación de los funcionarios.
A pesar de que son cinco los magistrados de la Sala III los investigados, esto no significa que no puedan seguir ejerciendo su labor de forma normal.
Otro detalle adicional es que Gamboa suma así su sexta investigación disciplinaria en menos de tres meses.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto archivo
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Jueves 07 Diciembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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