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Nacionales

Sobresueldos en gobierno se pagaron por corrupción

Opina un 71% de entrevistados en un estudio pagado por el gobierno

Casa Presidencial sabe, gracias a una encuesta que pagó, que el tema de los sobresueldos es visto como corrupción, sin embargo el gobierno tarda meses en resolver casos pendientes

En junio la Presidencia de la República pagó por una encuesta que le advirtió que la polémica por el pago de sobresueldos de manera ilegal en algunos ministerios se percibía como actos de corrupción dentro del gobierno, sin embargo seis meses después la administración Solís Rivera aún no resuelve este embrollo.

DIARIO EXTRA tuvo acceso al Estudio Tipo Sondeo o “Pulso” del Escenario Político Sobre Ítems Específicos de Interés Inmediato, que elaboró la empresa Índice por encargo de Casa Presidencial.

De esa encuesta, aplicada a 150 hombres y 150 mujeres entre los 18 y 65 años y residentes en la Gran Área Metropolitana, se deduce que un 71% de los consultados opinó que el pago ilegal se hizo por corrupción; entre tanto, solo un 29% indicó que fue fruto de un error administrativo.

Además un 24% de los entrevistados dijo saber que los pagos resultaron ilegales porque los burócratas no estaban incorporados a sus respectivos colegios profesionales. 

Un 17% aseguró que a los involucrados había que castigarlos, un 27% apuntó que tenían debían destituirlos de sus puestos y un 39% que los beneficiados no son eficientes para ganar esos pluses.

El Diario del Pueblo intentó constatar la versión de Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, sin embargo no fue posible localizarlo. Con él también se quería consultar sobre el costo de dicho estudio.

 

A PESAR DE CONOCER OPINIÓN
SE DUERMEN EN LOS LAURELES

 

A pesar de que la Casa de Cristal, como se autodenominó la Presidencia en mayo de 2014, conocía de esta percepción de los costarricenses sobre los sobresueldos, el gobierno aún no resuelve algunos de estos casos.

La semana anterior DIARIO EXTRA dio a conocer que a cinco meses para que concluya este gobierno Olga Marta Sánchez y Alexander Mora, ministros de Planificación y Comercio, respectivamente, aún no devuelven ni un cinco de los ¢36,5 millones que cobraron de más en su salario a lo largo de los tres primeros años de esta administración.

En el caso de Sánchez el Ministerio de Planificación (Mideplan), el cual dirige, ha demorado siete meses en investigar el caso por medio de un procedimiento administrativo que se abrió el 28 de abril.

En el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) desde el 5 de mayo se abrió una investigación que determinará si Mora debe pagar los ¢36,5 millones. Casi siete meses después de iniciada dicha investigación está varada.

La excusa que ponen en Comex para explicar que el caso se haya prolongado tanto tiempo es que aguardan el criterio del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas sobre el asunto del Ministro. 

Al igual que ellos, cinco miembros del gabinete de Luis Guillermo Solís cobraron un incentivo salarial conocido como prohibición, a pesar de que no cumplían con los requisitos para ello.

La Procuraduría General de la República dejó claro que para cobrar ese plus es necesario estar incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos en que la membresía sea requisito para ejercer la profesión.

Dicho plus equivale a un 65% del salario base y se creó para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan sus profesiones liberales.

Además de Sánchez y Mora, este mismo plus lo cobraron, sin estar colegiados, el titular de Turismo, Mauricio Ventura; el viceministro de Paz, Víctor Barrantes; la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga; y la de Gobernación, Carmen Muñoz.

También lo cobraron las ex viceministras Ana Cristina Trejos, de Vivienda, y Gina Paniagua, de Agricultura.

Entre estos ocho funcionarios el monto cobrado de más suma ¢189 millones. 

DIARIO EXTRA dio a conocer la semana anterior que Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, ha devuelto ¢14 millones y los ¢12 millones que aún debe los cancelará en dos tractos en diciembre y abril.

Entre tanto Víctor Barrantes, viceministro de Paz, solicitó un arreglo de pago al Ministerio de Justicia. El funcionario propuso cancelar ¢14 millones en los próximos días y el resto dentro de un año. Esta solicitud está en valoración por las autoridades de esa cartera. 

Los demás funcionarios también llegaron a arreglos de pago.

PERIODISTA: Carlos Mora

EMAIL: [email protected]

Jueves 07 Diciembre, 2017

HORA: 12:00 AM

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