¿Contratos sin refrendos de la Contraloría?
Editorial
La tranquilidad sobre la legalidad en los contratos que han dado y darán vida a grandes obras que se desarrollan en el país ha descansado -para una mayoría de costarricenses- en la fiscalización que realiza la Contraloría General de la República (CGR).
Los refrendos otorgados por el ente contralor han sido garantía de eficiencia y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en los convenios de manejo de fondos públicos.
Sacar a la Contraloría de esta responsabilidad para atribuírsela a los propios departamentos jurídicos de las instituciones, con el fin de agilizar las contrataciones, sin duda provoca un gran recelo, aunque la propia entidad lo apoye.
La duda es si verdaderamente estas instancias tendrán los criterios y la imparcialidad que maneja la Contraloría para dar aval a los contratos, sin que medien presiones u otras irregularidades internas. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de control?
Los diputados, antes de irse a disfrutar sus vacaciones de fin y principio de año, se han unido en favor del proyecto 20.202 “Ley Sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”, para aplicar dicha reforma.
Han alcanzado incluso el consenso de darle un trámite rápido en el Congreso, pero en medio de la pérdida de credibilidad por la infiltración de la corrupción, ¿está el país preparado para dar ese giro en el sistema de fiscalización?
Por meses, el Estado debió esperar con el fin de obtener el refrendo de la Contraloría para que la empresa china Chec ampliara la ruta 32 o para avalar los fondos de la carretera a San Carlos.
En tres ocasiones el ente contralor le ha negado los permisos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para suscribir un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios de Proyectos (Unops) con el objetivo de desarrollar un nuevo edificio.
Pero lejos de considerar el accionar de la Contraloría como un entrabamiento, ha sido la luz roja para asegurarse el buen manejo de fondos públicos.
Con esta reforma, se tendría un plazo de 25 días hábiles para dar el aval a licitaciones públicas y 45 días cuando respondan a otros convenios.
Los diputados proponentes defienden esta modificación, alegando que “no se está planteando la eliminación de un control para la Administración Pública, por el contrario, se está planteando fortalecer su control interno al asumir estas el refrendo y la Contraloría General direccionaría sus competencias hacia una fiscalización posterior que deberá ejercer la lectura de esa materia de contratos en forma integral, eficiente, efectiva y oportuna como ya se ha venido haciendo conforme los artículos 1, 2 y 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Así, entonces, considerando la nueva dimensión que la propia Sala Constitucional ha dado a la figura, se plantea el presente proyecto de Ley del Refrendo de los Contratos de las Administraciones Públicas”.
Además, insisten en que los departamentos internos ya tienen sobre sus hombros buena parte de fiscalización de contratos que no están a cargo de la Contraloría.
Pero ¿quién vigilará los parámetros que utilicen las instancias internas para otorgar los refrendos? La responsabilidad caerá de rebote en la Contraloría, que tendrá que, según la propuesta de ley, emitir lineamientos que deben regular estos avales y fiscalizar los controles que apliquen en cada institución.
¿Tiene sentido delegar una función, que finalmente la Contraloría tendrá que entrar a inspeccionar? ¿No será más factible fortalecer esta institución y dejar en sus manos la garantía de la legalidad de los contratos que suscribe el Estado?
Si bien, los legisladores argumentan que de por sí ya son menos los casos que son remetidos para su refrendo al ente contralor, según sus estadísticas en 2016 la CGR atendió 453 (9%) frente a 4.661 (91%) que atendieron a lo interno las instituciones, lo cierto es que el peso ante la ciudadanía como garante de que existan los recursos suficientes, que se cuente con los estudios técnicos, que el costo del contrato se ajuste al avalúo administrativo, entre otros aspectos, lo tiene la Contraloría.
Así que, si deciden finalmente avanzar en esta modificación, la propuesta de ley debería ser más específica sobre los mecanismos internos para garantizar el proceso de refrendo en manos de la administración interna.
En un momento en que el país exige mayor transparencia, en el que ha visto salpicado a los tres poderes del Estado en posibles hechos de corrupción, dar un paso de este nivel les exige a los congresistas mayor claridad sobre cómo pretenden cambiar la reglas de fiscalización.
