Cinthia Solano, vocera de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), pidió al Poder Ejecutivo convocar el proyecto 20.144 a sesiones extraordinarias y ruega a los diputados aprobarlo antes de que termine esta legislatura porque la iniciativa crearía un fondo de ¢10 mil millones para la compra de fármacos para pacientes con cáncer que son de alto impacto económico para la institución. “La iniciativa se encuentra en el lugar número 10 de la Comisión Especial de Temas Vinculados a las Personas con Discapacidad, presidida por el diputado Óscar López, y de no aprobarse durante la actual legislatura, el trámite se vería severamente retrasado, dado que a partir del 1 de mayo del 2018 un nuevo grupo de legisladores requeriría conocer el fondo de todos los proyectos de ley pendientes”, advirtió Solano. Además explicó que es un impuesto solidario que recaería en los consumidores que podrían estar seguros que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendría los recursos para suministrarles las medicinas que necesiten. El proyecto 20.144, denominado “Ley para la Adquisición Solidaria de Medicamentos de Alto Impacto Financiero para la Caja Costarricense de Seguro Social”, establece un impuesto de ¢5 al impuesto que grava las gaseosas, así como otras bebidas envasadas, con excepción del agua, la leche y otras que se utilizan con fines médicos y terapéuticos. Los fondos se destinarán exclusivamente a la compra de tratamientos oncológicos y para tratar otras enfermedades críticas, crónicas y degenerativas. El proyecto procura recursos frescos para la CCSS, por lo que la hace más sostenible en lugar de afectarla.
“La vida de muchas personas está en riesgo y no podemos permitir que sigan muriendo en espera de un tratamiento. Actualmente la única vía para acceder a fármacos no incluidos dentro de la lista oficial de la Caja es a través de la Sala Constitucional, proceso que puede tardar meses”, explicó Solano. La vocera de Anasovi expone que la situación de salud hoy es muy diferente a la que teníamos cuando se estableció la política de medicamentos esenciales, en 1982. “Por ejemplo, el cáncer en sus diferentes formas es la segunda causa de muerte en Costa Rica y como país debemos encontrar vías para que todos los pacientes puedan ejercer su derecho a la salud”, explicó Solano.
El expediente cuenta con la firma de 45 diputados y la revisión del departamento de Servicios Técnicos del Congreso, pero aún requiere el dictamen positivo de la Comisión de Discapacidad y luego pasar al plenario para los debates respectivos. La aprobación de este proyecto es actualmente la única propuesta que aseguraría a los pacientes el acceso a sus tratamientos sin la necesidad de acudir a los recursos de amparo y se enmarca en las recomendaciones de entes internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Estos organismos consideran buscar fuentes alternativas de financiamiento para garantizar que la política institucional de medicamentos continúa fortaleciendo el bien común en la toma de decisiones, así como también permitir el acceso a los fármacos de alto impacto financiero, indica en su exposición de motivos la iniciativa.
En la CCSS se seleccionan fármacos que son innovaciones terapéuticas reales, por lo que se incluyen en el arsenal terapéutico que se pone a disposición del equipo de salud para el tratamiento de los pacientes.
Entre ellos se dispone de Trastuzumab para tratar el cáncer de mama, con un costo anual de ¢14.837.780. El Imatinib para combatir la leucemia mieloide crónica tiene un costo anual de ¢10.533.900 por asegurado y el Factor VII recombinante humano para tratar a pacientes hemofílicos con inhibidores de alta respuesta tiene un costo promedio de ¢111.498.945 al año.
