Trámite antipopular y antidemocrático a nueva Ley de Aguas
Freddy Pacheco León*
Antipopular, porque se opone frontalmente a la propuesta de nueva Ley de Aguas ingresada como de “iniciativa popular” con la firma de más de 150.000 firmas a la Asamblea Legislativa. Antidemocrático, porque el texto del proyecto aprobado en primer debate la noche del 2 de noviembre pasado se mantuvo oculto al conocimiento del pueblo y de los señores diputados, hasta pocas horas antes de una votación convocada sorpresivamente. Votación que se presentó cual si estuviera relacionada con un dictamen que proponía enviar el proyecto de “iniciativa popular”, número 17.742, a la Comisión Legislativa de Ambiente para que se le corrigieran las inconstitucionalidades consultadas a la Sala IV.
Aunque en el nuevo proyecto participaron cámaras empresariales relacionadas con el agro costarricense, además de funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de intereses vinculados a un ente del Banco Mundial (la GWP), a los señores diputados que lo promovieron después de que saliera del despacho del entonces diputado Antonio Álvarez Desanti y el diputado Juan Marín, ¡jamás! se les ocurrió pensar siquiera, que tratándose de un proyecto de ley tan especial nacido del pueblo soberano, éste debería al menos, tener la oportunidad de conocerlo.
Y es que no solo no se publicó debidamente, como es el mandato democrático que ha de regir la labor parlamentaria, sino que insólitamente, lo dispensaron de todo trámite (¡incluyendo su lectura!) que permitiera su conocimiento y divulgación en el marco del poder de la República que ha de parlamentar como corresponde a una democracia que se respete a sí misma.
Tampoco pensó esa mayoría de 41 diputados silenciosos (¡ninguno habló en defensa del proyecto “negociado”!) que a propósito del proyecto aprobado en primer debate el 31 de marzo del 2014, propuesto por una comisión como “texto sustitutivo” del que ingresara con las firmas del pueblo, lo escrito por magistrados de la Sala IV. Refiriéndose al procedimiento utilizado, advirtieron a la Asamblea Legislativa con fecha 8 de agosto de ese año, que “existen cambios sustanciales, respecto del proyecto original, que implican una violación al principio de conexidad. Ello por cuanto consideramos que no es constitucionalmente admisible que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto que impliquen su desnaturalización, como ha sucedido en este caso”.
Tres meses después, el Director del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso reafirma lo anterior al indicar que, luego de haber recibido el dictamen de la Sala Constitucional, se habrían de realizar “las gestiones indispensables para subsanar los vicios de constitucionalidad encontrados en sentencia, sin que exista la posibilidad de proponer otros cambios.”
Pero si lo hecho en marzo del 2014 ya era reprochable e inconstitucional, lo que consumaron el 2 de noviembre no tiene comparación. Si antes se habló de “cambios” que desnaturalizaron el texto que no podían modificar haciendo uso del “derecho de enmienda” (que tiene otras limitaciones como cuando se trata de tratados internacionales) en el presente caso de una nueva Ley de Aguas lo hecho es innombrable. ¡Hicieron un trasplante!
Trasplante. En su afán de aprobar rápidamente y sin que mucha gente se percatara un proyecto de ley bañado de tráfico de influencias y negociaciones inconfesables, al número de expediente que identificaba el proyecto de nueva Ley de Aguas ingresado por la vía de la “iniciativa popular” le borraron todo el texto, o para ser más consecuentes, le lavaron el texto “sustitutivo” que había sido aprobado en primer debate hace más de tres años y medio. En su lugar, bajo el número 17.742, le copiaron el texto del proyecto conocido como “el de Juan Marín”, que paradójicamente… todavía sigue en estudio en la Comisión de Ambiente de la Asamblea con el número 20.212.
Es decir, literalmente no le provocaron cambios que le hicieran perder su conexidad con el acompañado por las firmas, ¡no! Lo que le hicieron fue “meterle” otro proyecto “sustitutivo” en su lugar. ¡Así de grande es la torpeza cometida! por esa mayoría parlamentaria.
Algunos dirán que somos ilusos, tal vez inocentes, en pretender seguir creyendo en la democracia participativa que Costa Rica dice mostrarle al mundo. Podría ser, pero es que cuando se trata del agua de todos, del agua que el Dr. Calderón Guardia nos legara como un “bien social” lejos del mercado de los hombres, cuyo acceso en cantidad y calidad adecuadas sea un derecho humano, hemos de lamentar profundamente que tales barbaridades se hagan en el Primer Poder de la República, en complicidad con el Poder Ejecutivo.
Agua que, con ese proyecto así aprobado en primer debate, le dificultará a las ASADAS con la imposición de nuevos cánones, su sacrificada función comunal. Que les crea obstáculos a los pequeños y medianos agricultores al imponerles normas burocráticas onerosas, como requisitos para la obtención del agua para sus semillas. Que le quita al ente público encargado de la investigación, conservación, protección y uso racional de las aguas subterráneas (el Senara) todas las funciones referentes a ese invaluable recurso natural, trasladándolas a un centro político casi unipersonal, carente de experiencia y capacidad técnica y profesional, que dejaría las aguas subterráneas en una situación tal que cabe dentro de la nefasta “regresión ambiental” que enfrenta el artículo 50 constitucional. Que debilita al Ministerio de Salud en su fundamental función relacionada con la contaminación de las aguas, amenazando aún más el goce de un ambiente sano.
En fin, esos silenciosos diputados, al haber aceptado ser parte de un acto bochornoso, antidemocrático, contrario al espíritu de la Ley de Iniciativa Popular y a los principios que juraron una vez cumplir, actuaron cual si fueren parte de una dictadura parlamentaria dispuesta a “hacer lo que les diera la gana”. Diputados a los que sin duda, no les importó enviar un mensaje desalentador al soberano, al que los eligió, al que delegó en ellos la función de legislar (con ciertas limitaciones): ¡Ustedes pudieron haber reunido un millón de firmas o más, pero aquí mandamos nosotros!, parece ser su mensaje.
*Dr. en Biología
