La presencia de custodios del magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, cambio la dinámica de trabajo para sus compañeros, quienes nunca han contado con el resguardo de guardaespaldas como altos jueces del tribunal.
Así lo dejó claro la presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias, en audiencia en el Congreso en la comisión especial que investiga los vínculos del funcionario judicial con el empresario Juan Carlos Bolaños.
Arias aseguró ante los legisladores que Gamboa justificó la presencia de los policías alegando órdenes de resguardo de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, situación que después fue desmentida por esa instancia judicial.
La magistrada no guardó silencio cuando fue consultada sobre otros detalles, aseguró que tuvieron que hacer reacomodo en las oficinas de los miembros de la Sala III ante la llegada de los guardaespaldas.
Fuentes allegadas a la Corte confirmaron a este medio que a la escolta asignada por una unidad especial del Ministerio de Seguridad Pública, contaba con un trato preferencial dentro del Poder Judicial, incluso frente a necesidad de otros magistrados.
A los custodios le eran asignados vehículos judiciales, ante las fallas de las unidades de la Fuerza Pública, pero además les fueron asignados al menos 3 espacios de parqueos a lo interno de la institución, situación que no era habitual para el resto de altos jueces.
DIARIO EXTRA supo que en el caso de Gamboa la justificación para asignarle la escolta se basaría en un informe de unidades especiales de Seguridad Pública, hecho por quien en algún momento fue subalterno suyo en el ente de Seguridad Pública.
Ese informe sin mayores investigaciones alega que Gamboa realizó denuncias sobre crimen organizado y narcotráfico que ponían en riesgo su seguridad y la de su familia y que en algún momento se promovió también que su actual esposa y sus hijos, para aquel momento dos, también gozaran de ese beneficio.
Sin embargo, aún hay dudas legales de la pertinencia de mantener ese resguardo por parte de Seguridad Pública, después de que Gamboa se retiró como ministro de dicha cartera.
Este medio hizo las consultas pertinentes al Ministerio de Seguridad, pero al cierre de edición no hubo respuestas, como tampoco las hubo de parte del Poder Judicial donde también se consultó detalles de esa protección.
NUEVO PUESTO EN LA CORTE
Trascendió incluso que uno de sus custodios habría sido ascendido y contratado por el Poder Judicial, en un puesto en la oficina del magistrado sin pasar por los filtros que exige la dirección de Recursos Humanos y habiendo más personas interesadas en ocupar dicho puesto.
La diputada Patricia Mora, miembro de la comisión especial, hizo público este lunes que pidió cuentas por la asignación de la escolta a Gamboa.
La legisladora confirmó a DIARIO EXTRA que pidió detalle a Ministerio Público, a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, al Ministerio de Seguridad Pública, al Organismo de Investigación Judicial y a la Dirección de Migración y Extranjería.
"¿Quién nos explica cómo se da la introducción de un cuerpo policial de un poder en otro poder de la República? Don Celso como magistrado no puede entrar con una escolta que pertenece a otro poder del Estado para que lo cuide", alegó la legisladora.
En consulta con la Oficina de Atención a la Víctima, perteneciente al Ministerio Público alegaron que nunca han dispuesto órdenes de custodia al magistrado.
DIARIO EXTRA está en espera de conocer en detalles cuántos custodios le dio el MSP.
Recordemos que hace solo unos meses Gamboa fue sacado del estadio de Limón vía aérea en una aeronave oficial porque supuestamente corría peligro y estaba en compañía de su hijo de 10 años. En ese momento estuvo compartiendo con el ministro de Seguridad, Gustavo Mata.
Según habría declarado Gamboa a este medio, ese tipo de escolta y transporte le fue autorizado por un juez de la República tras amenazas explícitas, cosa por hasta el momento no ha sido confirmada ni rechazada extrañamente por la Corte ni por el Ministerio, a sabiendas que implica uso de recursos públicos.
Fuentes extraoficiales revelaron que el pago con fondos del Estado a escoltas que no correspondían podría ser tipificado como delito de cohecho y eso es lo que la diputada Mora quiere que se investigue.
Gamboa expresó en sus redes sociales lo siguiente: “la Unidad Especializada de la Dirección General de la Fuerza Pública brinda esta protección desde el 28 de febrero del 2015, a quienes aprovecho para expresar públicamente mi gratitud. Quienes hemos recibido esta protección podemos dar fe que en todo momento se añora la libertad de la que goza todo costarricense en la calle, pero es el precio a pagar por dar la milla extra en la lucha contra la delincuencia”.
