Don José Alberto Castro Otárola es uno de los muchos agricultores que pactó con la Asociación Proagroin para tener mayores y mejores ingresos a través del cultivo de la piña, pero, como ha ocurrido con una gran mayoría de finqueros, sus propiedades y todo lo que tenían prácticamente lo han perdido.
Castro sacó un crédito por 20 millones de colones para sembrar piña en una finca de dos hectáreas en la Zona Norte, pero ahora le están rematando la finca luego que este le canceló la deuda al Lic. Jorge Sánchez Ulate, delegado ejecutivo de la Fundación Proagroin.
“Esa gente (Proagroin) prestaba un dinero para que nosotros trabajáramos dos hectáreas de piña o algo más y lo fuéramos pagando poco a poco, con la mercadería que íbamos entregando, y así se fueran pagando los rubros, de hecho, asumí el cargo de sembrar el área y lo fui sacando con el producto y lo fui pagando, y así consta en los archivos”, sostuvo Castro Otárola.
El problema fue que los dineros cancelados por el agricultor a Proagroin presuntamente nunca fueron reportados a la entidad bancaria con la que Sánchez Ulate había pactado los préstamos para los finqueros, la cual era el extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
Lo peor del caso es que, al cerrar Bancrédito, la cartera de crédito fue adquirida por el Banco de Costa Rica mediante Finade, pero la entidad estatal no escucha al agricultor y lo obliga a cancelarle la plata pese a que este ya explicó que saldó las deudas a Proagroin.
“Me prestaron ¢20 millones con un bajo interés, no sé si un 0,7 o un 0,8% en aquella época, no preciso si fue en el 2007 exactamente, cuando me prestaron ese dinero para que hiciera dos hectáreas de piña y luego fuera pagando con el producto. Nos hicieron varias promesas de un rubro que nunca se nos dio, al final cinco pagamos”, aseveró don José Alberto.
DECLARACION JURADA
A este productor han intentado rematarle su finca en varias ocasiones, de modo que le solicitó a Jorge Sánchez una declaración jurada. En esta, el hombre indica que, “En mi calidad de Delegado Ejecutivo de la Fundación Proagroin y en el carácter de Organización intermediaria (colocador y cobrador de créditos) del Programa Fortalecimiento a la Pequeña Empresa de Banca de Desarrollo (SBD) y su Fideicomiso Finade según consta en contrato firmado, Acuerdo 61-13-2009, Sesión No 14-2009 del 04 de setiembre del 2009, hacemos declaración jurada que el señor José Alberto Castro Otárola, titular del crédito por la suma de 20.000.000.00 (veinte millones de colones exactos), canceló en su totalidad del crédito con garantía hipotecaria de la propiedad inscrito al tomo 2, asiento 463980 del Registro Público, razón por la cual a la fecha el señor Castro Otárola no tiene deudas con este programa de crédito bajo la modalidad de Banca de Segundo Piso del Programa de Fondos para financiar a productores de piña, otorgado por el Programa Especial para pequeña Empresas del Consejo Rector de Banca de Desarrollo (SBD) y su fideicomiso Finade constituido inicialmente con el Banco Crédito Agrícola de Cartago y trasladado bajo la administración del Banco de Costa Rica actualmente.
Se emite la presente a solicitud del interesado señor Castro Otárola a los doce días del mes de julio del año dos mil diecisiete”.
Por lo anterior, el abogado y exdefensor de los Habitantes, José Manuel Echandi, quien ha hecho frente a todo este caso, buscó un acercamiento con las autoridades del BCR, pero estas prestaron oídos sordos, según argumentó el litigante.
“Fuimos a tratar de buscar una conciliación con las autoridades del Banco de Costa Rica que están a cargo este fideicomiso, tomando en consideración que teníamos una carta donde indica que el señor ya pagó y que, de acuerdo al contrato de fideicomiso, el señor tenía que pagarle a la Fundación Proagroin para que hiciera el pago al Banco.
Ya el hecho de que esta Fundación no haya hecho el pago respectivo al Banco no es responsabilidad de él, es responsabilidad de la Fundación. El Banco y el fideicomiso deberían dirigirse contra la Fundación no contra don José”, recalcó Echandi.
Además, Echandi reveló que en el Banco aceptaron incluso convenios con una Fundación cuya personería jurídica esta vencida y que más bien le dijeron que se salvó del remate la semana pasada, por la tormenta Nate, pues el trámite estaba pactado para el viernes tras anterior en su finca, cuyo valor supera los ¢100 millones de colones y ahora sería rematada en ¢20 millones.
Se intentó conocer la versión de los personeros del BCR, pero se señaló que ya no estaban.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Fotos: Alexander Otárola
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Sábado 21 Octubre, 2017
HORA: 12:00 AM
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