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Nacionales

TSE alerta riesgo de demandas e indemnizaciones

Al pasar plata de deuda política a CNE

Los partidos tendrían ¢10.600 millones para cobrar como deuda política

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechaza la decisión de los diputados de Asuntos Hacendarios de restarle ¢10.637 millones en la partida de deuda política para trasladarlos a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) con el fin de atender los efectos de la tormenta Nate en el país. 

Gustavo Román, asesor del TSE, asegura que este cambio, de quedar en firme en la aprobación del proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2018, somete a un riesgo de demanda e indemnizaciones contra el Estado. 

Román insiste que la Constitución establece que se debe otorgar un 0,19% del PIB para esta campaña electoral, el Congreso ya aprobó una reducción al 0,11% del PIB y, por tanto, deben mantener los cálculos de reconocimiento de deuda, considerando ese parámetro. 

“El TSE lo único que hace es constatar que ese 0,11% en dinero constante y sonante son 25 mil millones de colones, esa ley está vivita y coleando, nadie la ha tocado, ni la ha modificado ni la ha reducido (…) 

La consecuencia es que el derecho se mantiene, de los que compren bonos o ya hayan comprado bonos de la deuda política, o de las entidades financieras que han establecido, que ya algunas lo han hecho por cierto, fideicomisos con partidos políticos.

Ese derecho se mantiene sobre los 25 mil millones de colones, pero cuando lo vayan a reclamar, van a faltar 10 mil millones de colones para honrar esa deuda y eso lo que puede generar son demandas contra el Estado, que esto salga más caro porque estas demandas pueden incluir indemnizaciones por daños y perjuicios”, sostuvo. 

Román añade que es un error cambiar a estas alturas las reglas electorales. “Nosotros hemos hecho propuestas para reducir el monto de contribución del Estado, más austeras, no es 10 mil millones de colones, sino mucho más ambiciosas. Tenemos cuatro años entre elección y elección para hacer eso. Pero no es la forma ni el momento. 

Una vez que el árbitro ya pitó el inicio del partido no es el momento para discutir la reglas ni las normas que van a regir este proceso”, manifestó.

Para el vocero del TSE, al final el gobierno si quiere evitarse las posibles demandas, tendría que reponer el dinero el próximo año a través de un presupuesto extraordinario. 

 

“AL ÚNICO QUE AFECTA ES AL PLN”

 

El legislador y candidato presidencial Otto Guevara, quien presentó la moción para aplicar la reducción de recursos, asegura que este cambio “al único que afecta es al PLN, porque el resto de partidos políticos no estamos dentro del radar de los financistas”. 

Guevara logró el respaldo de cinco diputados para hacer valer este cambio, que trasladará según alega para la “reconstrucción de carreteras, escuelas, Ebais, que quedaron muy dañados en la tormenta Nate”.

Justamente los congresistas del PLN Olivier Jiménez y Paulina Ramírez y la parlamentaria Rosibel Ramos votaron contra la propuesta. 

El aspirante presidencial del Liberación, Antonio Álvarez, tildó ese cambio como improcedente y asegura que el único escenario viable es que los mismos partidos se propongan gastar menos, y con la plata que no se utilice se busque después de pasadas las votaciones el mecanismo para transferirla. 

 “Si bien el objetivo es un objetivo que luce noble, como es recortar dinero de la política para invertirlo en la reconstrucción de los daños de la tormenta tropical, definitivamente una prioridad para el país y algo realmente urgente para todos los costarricenses, la verdad es que ya legalmente no es viable que se recorte el presupuesto porque no tiene ninguna incidencia en lo que vaya a ser la deuda política; por dos razones, porque ya el TSE fijó el monto de la deuda política, lo hizo en una resolución. 

Y segundo, porque no se pueden modificar las leyes electorales ya dentro de este periodo de la campaña electoral y, por lo tanto, aunque es una posición noble, la verdad es que ya legalmente no es procedente”.

Para que la modificación presupuestaria quede vigente debe ser aprobada en plenario legislativo. El plazo máximo de votación es el 29 de noviembre.

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Viernes 20 Octubre, 2017

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