Una presunta red de poder que opera en el Poder Judicial es parte de una nueva denuncia, documentada con nombres y apellidos, que surgió en medio de la polémica que envuelve a la institución.
Por este escrito y otros elementos la Inspección Judicial (IJ) tiene una causa abierta, bajo expediente 17-001583-0031-IJ, en la que deja claro que de momento no figura ninguna persona acusada, pero se confirmó que está en investigación preliminar.
Al ser consultada sobre el tema, la oficina de prensa del Poder Judicial explicó “que no se puede dar detalles de la investigación” por la etapa en que se encuentra.
A quien señalan directamente es a la fiscal adjunta de Heredia, Tatiana Chaves Lavagni, quien según la oficina de prensa del Ministerio Público sí tiene una causa abierta en el ámbito disciplinario, de la cual no manejan detalles porque se sale de su jurisdicción al estar en la IJ.
Chaves actualmente es fiscal adjunta de Heredia, donde está a cargo de velar por los casos que ocurren en ese cantón, no así de otras zonas.
Sin embargo el 31 de marzo de 2016 firmó la solicitud de sobreseimiento definitivo a favor del alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, a quien se le investigaba en la Fiscalía de Alajuela.
Al máximo representante del ayuntamiento la Fiscalía lo investigó por el otorgamiento de patentes para licor, que en apariencia se hicieron de forma irregular.
Lo que busca la investigación de IJ es determinar si hubo algún tipo de presión por parte de la fiscal Chaves contra otros miembros del Ministerio Público para que se resolviera el caso de Thompson y saber por qué se trasladó el caso a su oficina, sin ser la encargada de investigar al alcalde.
“Ella no debía inmiscuirse en casos que no le corresponden territorialmente, lo cual se puede verificar simplemente con echar un vistazo al expediente, el cual tramitaba la fiscal auxiliar Patricia Zeledón. (…) el expediente fue sacado de su oficina para resolverse en Heredia, pese a que no había finalizado la investigación”, según la denuncia.
“Sabemos que la Licda. Patricia Zeledón fue presionada por la Licda. Chaves Lavagni para que sobreseyera la causa, pese a que no se había terminado la investigación, lo cual debía hacer antes de las elecciones municipales (2016), para que así se pudiera limpiar el nombre de Thompson”, añade el documento.
Pero allí no acaba todo, una vez más vuelve a figurar el nombre del magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, a quien ahora señalan por meter la mano en un caso por resolver.
“Pese a la presión, la Licda. Zeledón se mantuvo firme en sus convicciones y no realizó el sobreseimiento, lo cual motivó que la Licda. Chaves Lavagni pidiera el expediente y se lo llevara para su oficina en Heredia, alegando -ella a su vez- que estaba siendo presionada por su amigo Celso Gamboa, quien en ese momento era subjefe del Ministerio Público y candidato a magistrado, situación que debe aclarar la Licda. Chaves Lavagni”, se lee en la denuncia.
ASPIRANTE
A MAGISTRADA
La fiscal Chaves es una de las figuras que aspiran a quedarse con la silla de magistrada suplente de Sala IV y por su extensa trayectoria en el Poder Judicial es una de las favoritas.
Además su hermana Laura Chaves Lavagni trabaja para el despacho del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, de quien tendría la venia para tomar el puesto.
También en el documento habla de la estrecha relación de amistad que existe entre Chaves y el magistrado Celso Gamboa, lo que para algunos serviría hasta cierto punto para acercarse al puesto que pretende.
Es decir, Chaves ya tiene varias personas de confianza sentadas en la alta cúpula judicial, a la cual tiene muchas probabilidades de llegar.
MÁS RELACIONES
Pero las coincidencias no terminan ahí, pues Róger Solís Corea, fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, fue el esposo de Laura Lavagni durante muchos años.
El propio Thompson dijo que fue esa Fiscalía la que al final autorizó a Chaves que se firmara la solicitud de sobreseimiento a su favor, en la que trabaja el excuñado de Tatiana.
Solís fue uno de los miembros del equipo del Ministerio Público que investigó el caso del cemento chino en el que están involucrados el magistrado Gamboa y el empresario importador Juan Carlos Bolaños.
Sin embargo con la suspensión de Jorge Chavarría de su cargo como fiscal general y el nombramiento de Emilia Navas como fiscal subrogante hubo cambios.
La oficina de prensa confirmó que Navas ordenó reacomodar el personal y como parte de esas variantes Solís fue removido del grupo a cargo de ver el “Cementazo”.
Solís fue el fiscal que entregó a Juan Carlos Bolaños el certificado o constancia del Sistema Electrónico de Gestión, en el que se expone que el empresario no tenía ninguna investigación pendiente en el Ministerio Público.
Esa acción se hizo mediática cuando en las comparecencias de la comisión legislativa que investiga los créditos para el cemento se ventiló que Gamboa acompañó al importador hasta la oficina de Probidad para pedir el comprobante.
Fue Róger Solís Corea quien otorgó ese día el certificado, el cual reza: “CONSTANCIA: A quien interese, hago constar que al ser las catorce horas y veinte minutos del dieciocho de abril de 2017, consultado nuestro Sistema Electrónico de Gestión, el señor Juan Carlos Bolaños Rojas, céd. 01-1037-0745, no cuenta con ninguna causa abierta en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción”.
PERIODISTA: Carlos Castro Gamboa
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Miércoles 18 Octubre, 2017
HORA: 12:00 AM
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