Magistrados que integran la Corte Plena acordaron por voto de mayoría separar del conocimiento de los casos que tengan relación con las investigaciones de la importación del cemento chino al fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, y a la fiscal subrogante Berenice Smith Bonilla.
Por ello se designó a la fiscal adjunta Emilia Navas Aparicio para asumir la competencia del fiscal general respecto a los hechos que se investigan.
Tan solo horas antes de esta decisión Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Supremo de Justicia, solicitó separar de forma temporal al fiscal general y a la fiscal sustituta de la investigación del caso “Cementazo”.
La decisión la tomó Chinchilla tras conocer un oficio que envió Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde se desmiente a la fiscal Smith en relación con la desestimación de una causa penal a los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, así como a Walter Céspedes, exdiputado y asesor de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por un supuesto tráfico de influencias y el delito de enriquecimiento ilícito para beneficiar al empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños.
Chinchilla dio a conocer este miércoles en la Asamblea Legislativa (donde defendió el presupuesto de la Corte) que presentó la queja a la Inspección Judicial la semana anterior, luego de conocer el oficio de Espinoza fechado el 02 de octubre.
Tras saber del informe del OIJ, Chinchilla reconoció que “podría decirse que se ocultó información (de parte de la Fiscalía) que la prueba no se presentó y que esto podría haber incurrido a error a instancias judiciales, a la Sala de Casación Penal (Sala III) y a los Tribunales de Justicia”, explicó Chinchilla.
DESESTIMACIÓN
El presidente de la Corte se refiere a una desestimación que la Sala III acogió a pedido de la Fiscalía contra los diputados mencionados en febrero anterior y de la cual DIARIO EXTRA dio a conocer en agosto pasado.
En ella la fiscal Smith detalla que la investigación no arrojó que existiera un “tráfico de llamadas” entre los diputados y el empresario Bolaños.
“Este Ministerio Fiscal escudriñó los aspectos más importantes de la denuncia y tras la práctica de diversas diligencias policiales, no se pudo demostrar la relación delictiva acusada, puesto que conforme la prueba recabada, los señores Bolaños Rojas y Morales Zapata, no coinciden más que en el resultado que arroja el registro de llamadas telefónicas según Informe de llamadas telefónicas número 876-OPO/UAC/ART-2015 (Cfr. Legajo de informe, folios 1 a 111) donde los analistas encargados refieren tráfico de llamadas entre los congresistas Guevara Güth y Morales Zapata, pero no así entre Juan Carlos Bolaños y Morales Zapata”, escribió Smith.
Pero en el informe, del cual este medio tiene copia, Espinoza desmiente a la fiscal.
“La afirmación que la señora Smith Bonilla dirige a la Sala Tercera es incompatible con el contenido del informe 876-OPO/UAC/ART-2015, que describe y concluye una situación completamente distinta, toda vez que el informe citado categóricamente indica que esa relación telefónica sí existió”, indicó Espinoza en su oficio a la Fiscalía con copia al presidente de la Corte.
CIENTOS DE LLAMADAS
En ese informe del OIJ se detalla que un periodo de 11 meses, el empresario Bolaños y el diputado Morales Zapata se comunicaron vía telefónica en 184 ocasiones.
En el caso del libertario Guevara, este mantuvo comunicaciones con el importador del cemento chino en 608 ocasiones, mientras que
que con el hoy asesor del PUSC, Céspedes, las comunicaciones fueron 291 veces.
El informe detalla que al hacer referencia a las “comunicaciones” tiene que ver con llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes de voz.
“Es claro que el argumento utilizado por el Ministerio Público para solicitar desestimaciones a la Sala Tercera y a un Juzgado Penal, en cuanto al informe mencionado toca, es contrario al análisis y conclusiones del informe 876-OPO/UAC/ART-2015”, finaliza el informe de Espinoza.
Se quiso ampliar el tema con el jefe del OIJ, pero este prefirió no hablar más del tema, más allá de lo que el informe indica.
Chinchilla indicó que espera que la Inspección Judicial se pronuncie lo antes posible y sea conocida por la Corte Plena para que se aplique.
DENUNCIA ANÓNIMA
En la denuncia anónima de la cual el Periódico de Más Venta en Costa Rica también reveló en julio anterior se detalló cuál era el rol de los tres políticos implicados
Céspedes ocupando el cargo de asesor parlamentario, realizó ‘la tarea de influenciar la decisión política de su grupo el PUSC”.
Además, los tres (Guevara, Morales Zapata y Céspedes), unieron esfuerzos, por sus condiciones funcionales y políticas para asegurar que Bolaños, propietario de la empresa Sinocem, no iba a tener ningún impedimento formal o de trámite aduanal para “constituirse en importador de cemento”, en virtud de la reforma al reglamento.
Hay que recordar que, tras la comparecencia en la comisión legislativa del exdirector general de Aduanas, Benito Coghi, el 03 de octubre pasado, este dio a conocer que hubo una reunión en el despacho de Morales Zapata, donde participó el viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez y el exministro Welmer Ramos para buscar una salida a las “trabas” para el desembarque de 20 mil toneladas de cemento chino a favor de Bolaños.
En distintos mensajes de WhatsApp que Coghi entregó a los diputados se detallan comunicaciones donde aparecen los congresistas mencionados preocupados por la llegada del cemento al país.
La comisión legislativa aún debe programar la comparecencia con estos dos diputados y tres más. En el caso de Céspedes este no ha sido convocado a este órgano político.
El pasado 04 de octubre, dos días después del informe entregado por el OIJ, la Fiscalía informó mediante un comunicado de prensa que la causa contra los dos diputados se reabrió por tener “prueba nueva” del caso.
Gremios cierran filas en respaldo al presidente de la Corte
Los gremios del Poder Judicial respaldaron la petición del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, para que el fiscal general se aparte de la investigación del “Cementazo”.
El Sindicato de la Judicatura (Sindijud), gremio que originalmente solicitó, a través de un pronunciamiento dirigido a Corte Plena, el inicio de la investigación en contra de Jorge Chavarría y Celso Gamboa, respaldó la solicitud de Chinchilla.
“Creemos que, en este momento, tanto en el caso del magistrado Celso Gamboa como de Jorge Chavarría, como fiscal general, la prudencia indica que esa medida resulta pertinente y necesaria, tal y como lo ha pedido expresamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla”, informó el Sindijud mediante un comunicado de prensa.
Álvaro Rodríguez, de la Asociación Nacional de Investigadores y Criminalística (ANIC), dijo que la separación de Chavarría y Smith del caso “Cementazo” debió ordenarse desde hace tiempo. “Cualquier otro funcionario señalado por algo así o de menos peso ya hubiera sido separado. Esto no puede seguir así”, sentenció.
La Asociación Costarricense de Fiscales también se pronunció a favor de la solicitud de Chinchilla.
“Apoyamos las acciones tomadas por la presidencia de la Corte para la investigación de estas graves denuncias de la prensa. Instamos a todos aquellos fiscales o personal de apoyo del Ministerio Público que conozcan hechos que consideran deben ser de conocimiento de la Inspección Judicial procedan sin temor alguno a denunciar”, señalaron.
DIARIO EXTRA intentó conversar y obtener una reacción de Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), sin embargo a la hora de cierre de edición el gremio aún se discutía su posición ante este conflicto.
De igual forma El Periódico de Más Venta en Costa Rica quiso obtener la reacción del exfiscal Francisco Dall'Anese, sin embargo no devolvió los mensajes que dejamos en su contestadora.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Jueves 12 Octubre, 2017
HORA: 12:00 AM
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