Un golpe a la institucionalidad del Estado

Más allá del cemento:

A pesar del nombre burlesco, el presunto acto de corrupción conocido popularmente como “Cementazo” responde a una compleja red de amiguismo y cobro de favores que, hasta el momento, parece haber permeado los tres Poderes del Estado.

Lo que comenzó como una necesidad fáctica -comprar cemento para la construcción de un dique en el Río Nosara, con el fin de proteger a las comunidades de posibles desbordamientos terminó utilizándose como un medio para un fin último: el enriquecimiento ilícito de unos pocos, eso sí, a costa de muchos.

Desde que dio inicio en sus funciones la Comisión Investigadora de Créditos en la Asamblea Legislativa, han salido a relucir varios aspectos que llaman la atención en lo referente al financiamiento y la forma en que la empresa importadora de cemento chino (Sinocem Costa Rica, cuyo dueño es el señor Juan Carlos Bolaños) logró la adjudicación.

Como una primera irregularidad, se impulsa una reforma al reglamento en lo respectivo a una norma que permite otorgar préstamos a un cliente que otorgue seguros expedidos por una compañía aseguradora como garantía. Antes, el Banco solo permitía cauciones (seguros) del Instituto Nacional de Seguros (INS), con el cambio reglamentario, ahora acepta de empresas privadas, como ocurrió en el caso de Sinocem. La Fiscalía General y los diputados investigan un posible tráfico de influencias por funcionarios públicos y políticos en los procesos que se gestaron y que terminaron por facilitar a Bolaños la importación de cemento.

Seguidamente, el gerente general del BCR, Mario Barrenechea, es nombrado a partir de una sugerencia dada por Casa Presidencial, en una reunión de la cual participó Mariano Figueres (director de la DIS). Más adelante, se acusa al gerente de la entidad de interceder en la aprobación del multimillonario crédito a Sinocem; en la comparecencia los diputados le cuestionan que una compañía de su hijo tiene una relación con Sinocem.

Asimismo, resulta muy sospechoso que el BCR haya girado todo el dinero del crédito de una vez, en lugar de haber hecho giros parciales, tal como lo cuestionaron seis directivos del BCR en su momento. Siendo que para el 26 de julio de este año no se había cumplido el plan de inversión que prometió Juan Carlos Bolaños, que era una importación de 30.000 toneladas al mes.

Además, según la forma de pago que había definido el comité de crédito del BCR, el Banco giraba los $20 millones a la única proveedora de cemento, llamada Sinobuilding Materials Hong Kong, no a Sinocem Costa Rica. Y, por alguna razón, la firma con sede en Hong Kong ‘devolvió’ $7,5 millones a Sinocem Costa Rica. En este punto vale la pena hacer la siguiente anotación: según el informe de la oficina de Investigaciones Técnicas, Sinobuilding fue constituida en Hong Kong en octubre del 2015, poco antes de que Bolaños recibiera el préstamo, a principios del 2016. El único cliente de Sinobuilding es Sinocem Costa Rica.

De la misma manera, llama poderosamente la atención el informe emitido por la SUGEF (Superintendencia General de Entidades Financieras), en el cual se señalan una serie de incumplimientos de los contratos de préstamos, por parte de la empresa de Juan Carlos Bolaños. En primer lugar, el Banco reportó información incorrecta sobre la morosidad de Sinocem, lo que impide conocer el estado real de las operaciones de crédito. En segundo lugar, encontraron que en el 2016 el Banco hizo siete desembolsos de dinero a la compañía de Bolaños para la compra de 368.464 toneladas de cemento, sin embargo, solo se importaron 121.902. Y en tercer lugar, hubo cancelaciones de envío de producto por parte del suplidor Sinobuilding Material Hong Kong, pese a que el Banco giró el dinero a su cliente.

En resumen, hay una captación de ciertos funcionarios y sectores políticos al servicio de intereses nada loables; que van desde un diputado que vacaciona en casas de lujo gracias a la gestión de una persona que figura como director de al menos cuatro sociedades de Juan Carlos Bolaños; una bancada legislativa que silencia a una diputada cuya intención era hacer comparecer a varios diputados por conexión con el señor Bolaños; un magistrado que coincide en tiempo y espacio con Juan Carlos Bolaños en un vuelo hacia Panamá y que además desestimó denuncia en contra de Morales Zapata; un partido político tradicional cuya cúpula tiene un posible nexo con Juan Carlos Bolaños; hasta otro partido no tradicional que prometió ser “el cambio”, etcétera.

¿Cómo le afecta esto a la sociedad costarricense? Tal como se plantea en el titular, esto, lejos de ser un simple caso aislado de corrupción, posee una compleja estructura que montaron ciertos funcionarios pertenecientes a todos los poderes de la República y de la clase política en general. Pero, además del enojo que naturalmente causa el que algunas personas vean los fondos públicos como su caja chica, debemos sentirnos sumamente preocupados por las implicaciones que tienen este tipo de acontecimientos en el imaginario colectivo. Una consecuencia, lastimosamente muy lógica de todo lo acontecido, es que los y las costarricenses vayan perdiendo su fe en la democracia y la institucionalidad del país, al ver cómo unos altos sectores políticos y económicos destruyen los cimientos de nuestro Estado Social de Derecho, que tanto ha costado construir.

Teniendo esta preocupación latente es que debemos ser beligerantes en mantener incólumes nuestros más altos valores como sociedad; un primer paso es nunca normalizar una situación como la de la presente magnitud.

*Estudiante de Derecho, UCR.

PERIODISTA: Natalia Oviedo Rodríguez*

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Martes 26 Septiembre, 2017

HORA: 12:00 AM