En la actualidad, la oferta formativa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se caracteriza por una existencia de módulos formativos que no generan empleabilidad frente al bajo porcentaje de programas de formación técnica; lo anterior hizo que la institución contratara una asesoría denominada Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica y cuyo costo supera los ¢450 millones.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue asignada para modernizar esa oferta académica, que no se adecúa a las demandas de los sectores productivos del país, según lo revela un estudio de Escasez de Talento Humano realizado por Manpower, el cual señala que 35% de los empleadores costarricenses asegura no encontrar profesionales idóneos para desempeñar las tareas que requiere su empresa y aducen como la causa principal la falta de experiencia y carencia de competencias técnicas.
El estudio desveló que 53% de los empresarios capacitan por su cuenta a sus empleados, con el fin de cubrir las vacantes requeridas.
El análisis encomendado a la OIT se desarrollaría de julio de 2017 a diciembre de 2018 y fue aprobado por la Junta Directiva del INA en la sesión extraordinaria No. 4785 de marzo pasado. Se supo que hoy la Junta Directiva daría a conocer ese plan de modernización de la formación técnica.
Para Ricardo Jara, del Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), la institución requiere de acciones concretas y la mal llamada modernización no cumplirá con las necesidades del país porque, en su criterio, el presidente ejecutivo de la institución, Mainor Rodríguez, se ha encargado de utilizar mal los recursos. “Imagínese, los docentes se dedican más a la parte administrativa y no a la docencia, como corresponde, y además existe una tendencia a privatizar los servicios”, enfatizó Jara.
PRESUPUESTO 2017
Para este 2017, el INA tiene presupuestados ¢126.419 millones y sus recursos provienen de las empresas privadas que tienen por lo menos cinco trabajadores, las cuales contribuyen con 1,5% sobre el monto de las planillas de los salarios, mientras que las empresas agropecuarias con más de diez trabajadores aportan 0,5% y en el caso de las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado, aportan 1,5% de las planillas de sus funcionarios. Además, recibe ingresos por venta de productos, explotación de bienes y prestación de servicios generados por el INA.
De acuerdo con la Ley No.3506 de 1965, el INA tiene como función promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de la población, sin embargo, de acuerdo con la Unidad de Planificación Estratégica (UPE) de dicho Instituto, la cantidad de personas egresadas se ha ido reduciendo y pasaron de 51.349 en el 2009 a 30.919 en 2016.
Por su parte, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y de Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), Franco Arturo Pacheco, confirma que un 40% de los empresarios ha externado que el sistema educativo (formal y técnico) no está preparando jóvenes de manera adecuada para insertarse en el mercado laboral costarricense.
“Ante esta situación, se les ha consultado a los empresarios si considera que la actual oferta formativa del INA responde a las necesidades reales de su sector productivo, y solo dos tercios de los empresarios indican que sí, mientras que uno de cada tres considera que no”, subraya el representante de Uccaep.
Pacheco agregó como acierto que el INA avanza con la construcción de nuevas sedes (Heredia, Cartago, Zona Sur), laboratorios y el uso de nuevas tecnologías que respondan a las necesidades de la Industria 4.0, y esperan que los dividendos de estas inversiones se vean en el mediano plazo.
El empresario reconoció que la incorporación de la modalidad de educación dual es el gran reto pendiente, y que sus representantes en la Junta Directiva del INA buscan crear una unidad específica para atender dicho asunto.
Pacheco agregó que apoyan la cooperación que la OIT brinda para llevar a la institución a retomar su puesto como punta de lanza, y esperan que este proceso rinda frutos en el mediano plazo, con el objetivo de beneficiar a la población que atiende dicha institución (tanto jóvenes como empresas).
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