El Ministerio de Salud y Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) están enfrentados por un contrato de servicios que asciende a los $3,8 millones, impulsado por ese ministerio, con el fin de combatir el tráfico ilegal y contrabando de cigarrillos que se da a nivel nacional, pero el mismo fue declarado desierto, lo que causó la molestia de Radiográfica, la cual presentó la apelación correspondiente ante la Contraloría General de la República.
Desde el inicio el Ministerio de Salud pretendía que Racsa se encargara del proyecto denominado “Desarrollo, implementación y operación del proyecto: Trazabilidad Fiscal de la Ley 9028” y fue el 9 de mayo anterior, en el oficio DGS-1137-2017, en la que el Director General de Salud, William Barrantes solicitó a la proveedora institucional, Vanessa Arroyo, iniciar un procedimiento de contratación directa.
El sistema de trazabilidad consiste en identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo, con el fin de detectar y frenar el trasiego ilegal de mercancía y evitar la evasión fiscal.
Entre los mecanismos que se pueden emplear para lograr dicho cometido son estampillas, códigos y sellos, entre otros.
Este proyecto está dentro del marco de aplicación de la ley Antitabaco que entró en vigencia en el 2013 y con el mismo se buscaba el desarrollo, instalación y pruebas de toda la plataforma de trazabilidad o seguimiento de productos para tabaco.
110 MILLONES DE SELLOS
Dentro de la estimación de costos realizada por el Ministerio de Salud y Racsa, se proyectó que el mismo sería de $3,8 millones, para la activación, en un año, de 110.376.000 sellos de seguridad y marcas codificadas, las cuales se colocarían sobre cada uno una de las cajetillas de los cigarrillos.
Según se especifica en el oficio DGS-1137-2017 “el proyecto de trazabilidad fiscal busca implementar una solución basada en tecnologías de información y telecomunicaciones, con los estándares más altos de seguridad y disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año para garantiza la continuidad de las operaciones críticas, bajo la modalidad de servicio administrado, que permita al Ministerio de Salud la gestión y control fiscal de los productos principalmente tabaco”.
El Ministerio de Salud reconoce, en el oficio que el tráfico ilegal de contrabando de cigarrillos ha ido en aumento y, por consiguiente, la evasión de impuestos que esto ocasiona, de allí que se impulsaba dicho proyecto.
Se indica además que “permitirá el control directo y automatizado sobre productos sujetos a impuestos en las líneas de producción con información relevante, tal como número de unidades producidas, por marca, tipo de empaque, volúmenes y precios de venta, así mismo incrementará la seguridad estatal y contrarrestará la sofisticación alcanzada por los mecanismos de evasión que hoy permite el mayor desarrollo a nivel mundial”.
CONTRADICCIONES A LO INTERNO
El 18 de agosto anterior, se publicó en Merlink el cartel de licitación de contratación directa número “2017CD-000028-0009200001: Desarrollo, implementación y operación del proyecto de trazabilidad fiscal de la ley 9028”. y sólo participó Racsa al cierre de recepción de ofertas el 21 de agosto.
Es decir, 17 días después de que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís anunciara al país que el gobierno atraviesa problemas de liquidez, por lo que estableció cuáles iban a ser los sectores a los que se les daría prioridad y los ministerios que deberían evitar nuevas contrataciones.
El 24 de agosto, Roberto Castro, coordinador del Programa de Control de Tabaco, del Ministerio de Salud, remitió el oficio DVS-J-UAPSS-235-2017, en el que se emite respuesta técnica positiva a favor a la oferta presentada por Racsa.
Pero un día después, el 25 de agosto, la ministra de Salud, Karen Mayorga Quirós, envió el oficio DAJ-RM-4458-2017 a la Proveedora Institucional a quien, entre otros, manifestó que “He revisado los documentos que a la fecha se han publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas y he llegado a la conclusión, tomando en consideración el Decreto Ejecutivo Nº 40540-H denominado ‘Contingencia Fiscal’, que no es conveniente ni oportuno que la institución realice tan elevada erogación por un servicio que no considero actualmente como prioritario para el Ministerio de Salud”.
Sobre el particular, la funcionaria instruyó a la Proveedora Institucional a que procediera al archivo del proceso de contratación.
El 31 de agosto anterior, tanto el coordinador del Programa de Tabaco y la administradora del Programa Control de Tabaco, Roberto Castro y Hannia Fonseca, respectivamente, ambos del Ministerio de Salud, insisten sobre la importancia del proyecto y solicitaron que se convocara las reuniones con los ministros de la Presidencia, Hacienda y de ese ministerio “para definir la vía a seguir.
Fuentes allegadas a DIARIO EXTRA indicaron que, al parecer, la titular de Salud optó por echar atrás pues al parecer, el proceso se manejó, a lo interno del Ministerio de manera secreta con Racsa.
La mayor parte de la información se encuentra en Merlink, pero lo que no aparece es el contrato que habría suscrito Racsa con la empresa multinacional suiza Sicpa.
Por su parte, Racsa, el 14 de setiembre anterior, se presentó ante la Contraloría General de la República donde interpuso un recurso de apelación contra la declaración de desierto del concurso que impulsaba el ministerio de Salud.
Según pudio constatar en reportes de periódicos internacionales, la empresa Sicpa estuvo envuelta en escándalos de corrupción, con el supuesto pago de dádivas para ganar concursos en Brasil.
CADENA DE CUESTIONAMIENTOS
La Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica presentó durante el proceso, un reclamo al Ministerio de Salud a fin de que anulara el procedimiento de contratación debido que, a criterio de la entidad, había varios aspectos cuestionables en los cuales se pretendía usar fondos públicos.
Uno de los cuestionamientos efectuados por la Cámara de Industrias es que Racsa tendría que contratar a un tercero privado para que pueda cumplir con el objetivo del concurso y que esa contratación sería directa, por lo que evitaría los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa.
“(…) la triangulación aquí pretendida, mediante la contratación directa con Racsa y la posterior contratación-también directa- de esta última con un tercero para construir una alianza estratégica, no resulta legítima si tan solo enmascara un mero aprovisionamiento de bienes aprovechando la excepción de acudir a los procedimientos concursales los mismos bienes y servicios así aprovisionados por el tercero con quien ha formalizado la alianza estratégica”, detalla el reclamo.
A esto agrega la queja que el objeto concursal no está dentro de las potestades o competencias empresariales de Racsa de del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pues no se trataba de un servicio de telecomunicaciones, sino que lo buscado por el Ministerio de Salud mediante la contratación directa, bajo la modalidad de servicio administrado, es una plataforma que le permitiera la gestión y control fiscal de los productos, principalmente el tabaco.
“(…) la triangulación que se pretende configurar para la ejecución del contrato de interés incurre en fraude de ley, puesto que Racsa funge única y exclusivamente como intermediario entre el tercero que vía alianza estratégica le suministrará la solución completa objeto del contrato de servicios administrados.
DIARIO EXTRA envió, el lunes, un correo electrónico a la oficina de prensa del Ministerio de Salud solicitando una entrevista para tratar el tema con las autoridades, pero a la hora de cierre de la nota no recibimos respuesta correspondiente.
En el caso de Racsa indicaron que el gerente general Francisco Calvo estaba en reuniones este jueves y hoy.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Fotos: Randall Sandoval
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Viernes 22 Septiembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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