¿Representar la democracia sin ser demócrata?
Ricardo Vargas Durán*
La Constitución de Costa Rica, en el Título IV, Derechos y garantías individuales, señala en el Art. 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.
La manifiesta “igualdad ante la ley” tiene aquí su enclave en el hecho de que, como persona, no se le pueda discriminar. El problema es que, en nuestro país, las leyes no expresan ser iguales para todas las personas y que tengamos máculas de discriminación en la medida que somos personas distintas y diversas, por un lado, por otro, iguales en cuanto a nuestras necesidades vitales como es amar, constituir un núcleo familia alternativo y que no se nos discrimine de otros derechos en virtud de que somos “ciudadanos personas” con toda la prerrogativa constitucional expresada como “dignidad humana”.
En su gran mayoría, las leyes de nuestro país privilegian a la mayoría heterosexual, precisamente porque son los que por tradición patriarcal han dominado el medio institucional costarricense. Así, las leyes se inscriben en el ámbito hetero-normativo, que si bien beneficia positivamente a este gran sector tradicionalmente reconocido por el derecho, no exime de cualquier otro reconocimiento a otras personas que, por su orientación amorosa, no han obtenido aun actualmente la posibilidad de que se les trate como “iguales ante la ley”. Se les niegan modelos de vida tradicionalmente institucionales, afines al ser costarricense.
Como sucede en todas las sociedades del mundo, establecer principios en una Carta Magna supone que estos deben responder a las distintas coyunturas históricas que se van presentando, y que, de hecho, demandan, por decirlo así, nuevos reconocimientos hacia sectores de ciudadanos, comprometidos no solo en colaborar activamente en el sostenimiento institucional, sino también demandar en que el Estado y las leyes sean iguales para todos, procediendo a facilitar el beneficio de todas las partes para el fortalecimiento de la institucionalidad en un país diverso.
Quienes representan nuestra democracia, que no es nada que exista más allá de la articulación material de sus enunciados, deberían tener claro la procedencia, alcances y posibilidades de la Constitución Política que prometen salvaguardar, como lo que son, los auténticos principios que nacen de una larga y difícil batalla humana que apelará siempre a garantizar lo que tanto nos ha costado: los Derechos Humanos occidentales, en este caso, el de personas con equidad e igualdad ante la ley.
Es sumamente difícil, para un gobernante, el tener que expresar “democracia” cuando se vive una especie de división personal donde se confrontan dos perspectivas de acción distintas como son, las orientaciones de los Derechos Humanos confirmados por los artículos constitucionales, y ciertos principios de cuño cristiano tradicionalmente patriarcal e inconexo con el Derecho Civil. En realidad, algunos enunciados de la moral judeocristiana riñen en gran medida con la perspectiva propuesta por las democracias modernas, que si bien la nuestra es positivista y liberal, también es secular y, aunque moleste, laica; no debería ser confesional de credo alguno.
En este sentido, representar la democracia en el Congreso de la República de Costa Rica poco tiene que ver con el ejercicio moral propuesto y válido para algunos espacios bastante importantes y necesarios de rango religioso, pero no deben extenderse a los espacios institucionales donde la labor es otra distinta: gobernar, es decir, legislar para que se cumplan los afanes constitucionales en beneficio de toda la población, de todas sus partes.
El ejercicio de la democracia, está demostrado en otras latitudes del mundo, trae más beneficios, pues se está incluyendo positivamente a sectores de la población diferenciada en cuanto a su sexualidad y expresión de esta. No hemos de olvidar que, desde un pasado reciente, Costa Rica ha ratificado una vez y otra vez más, la ejecución, legislación y ejercicio de la justicia establecida por los Derechos Humanos y que, muy lejos, nuestra institucionalidad beneficiaría un modelo de organización social allende a las teocracias donde el ejercicio de la libertad humana queda restringida por enunciados que por su carácter, se piensan por encima de los derechos fundamentales al volverse fundamentalistas.
* Profesor Universidad de Costa Rica
