El tema se encuentra candente a nivel nacional, pero hay uno en específico que mantiene la llama viva: el fondo de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial, el cual muchos encuentran abusivo.

Históricamente este ha dado beneficios que quienes laboran fuera del tercer poder de la República no pueden tener acceso, como lo son montos muy elevados con base en solo un par de años de trabajo.

Esto causó que la población llegara a cansarse y pidiera una reforma, pues son los impuestos de los contribuyentes los que sostienen sus salarios y a la vez el régimen de pensiones que pronto cambiará.

Sin embargo, desde la alta jerarquía de quienes administran los fondos, aseguran que están de acuerdo en efectuar un cambio, siempre y cuando sean los mismos trabajadores los que lo manejen y no personas ajenas a la institución.

Así lo explicaron Carlos Montero y Eugenia Romero, miembros del Consejo Superior de Administración del Poder Judicial, quienes aclararon estar abiertos al cambio siempre y cuando sea justo para los empleados y se les deje mantener su autonomía de operación.

Afirman que permitir que alguien de afuera tome control de lo que miles de empleados han construido por años podría hacer perder el horizonte que por casi 8 décadas se ha levantado con mucho esfuerzo.

¿Están de acuerdo con un cambio en su régimen?

-La iniciativa del proyecto de ley surge del Poder Judicial, es decir, nosotros preocupados por la situación que afecta el fondo de jubilaciones y pensiones basadas en un estudio que se hizo en el 2012.

¿Qué pasa en ese momento?

-En ese momento se trabaja con los gremios y se presenta un proyecto a través del Ministerio de Justicia a la Asamblea porque no tenemos representación parlamentaria para hacer los cambios adecuados.

¿Qué pasó después?

-Se hace una reunión entre los encargados y los gremios para determinar el proyecto, pero hay una separación de lo que ahora se conoce, son dos proyectos denominados uno de mayoría y otro de minoría.

¿En qué se diferencian?

-Está la comisión legislativa a la cual se le presentan estos dos proyectos, uno basado en lo que dicen los gremios y otro en la información de la Superintendencia de Pensiones (Supen), tomando en cuenta lo que dijo la Universidad de Costa Rica en su estudio. Lo que viene luego es que la comisión no quiere tomar el proyecto de los gremios y prefiere tomar el de la Supen, el cual se alejaba mucho de lo que queremos, pues el enfoque de la UCR es un poco rígido en cuanto a la posibilidad de ajustes.

¿Eso causó la huelga?

-El detonante de la huelga es que la comisión especial no acoge el proyecto de los gremios como proyecto base y prefiere que permanezca el que se hizo en el seno de la comisión con el apoyo de la Supen, esa fue la discusión.

¿Qué tiene de malo el proyecto de Supen?

-El proyecto de Supen golpea mucho a los trabajadores, los fondos de pensiones, debemos tener claro que hay que tener un contenido social para las personas cotizantes, eso es lo que resulta difícil en este caso.

¿Piensan que el estudio de la UCR estaba mal?

-No, pero nuestra principal crítica es que la UCR trabajó con una tasa actuarial mucho menor al referente histórico del fondo de jubilaciones y pensiones, ellos trabajan con un escenario donde el fondo tiene rendimientos del 3% y eso reduce radicalmente, nosotros insistimos con un escenario de al menos 4%.

¿Esto a qué se debió?

-Es un tema de la técnica, la misma lleva considerar un escenario optimista, uno ordinario y uno pesimista, la base de trabajo debe ser el normal. El tema aquí es que aunque sentimos que el estudio no está mal, el escenario no se ajusta al Poder Judicial y no de ahora sino de muchos años para atrás en realidad, los rendimientos son muy altos.

¿Cómo funcionan esos dos proyectos?

-Está el proyecto de mayoría y el proyecto de minoría, por ejemplo ambos proponen que se señale un periodo para establecer el salario de referencia, con ese salario es que se calcula el promedio y sobre eso es que le doy un 85%. En este caso la Asamblea determina en el proyecto de mayoría que se contemplen los últimos 20 años y están trabajando en base a eso. El proyecto de minoría propone que se haga muy parecido pero que sea en base a los últimos 10 años, es decir 120 salarios.

¿Qué más propone el proyecto de mayoría?

-Que se incorpore el funcionamiento de una junta independiente al Poder Judicial con un financiamiento propio (...) la cual se tendrá que financiar mediante todas las personas trabajadoras, es decir que todos los trabajadores deben aportar.

¿No les parece eso?

-A quien le corresponde administrar el fondo de jubilaciones y pensiones es al Consejo Superior del Poder judicial, por ley debe manejarlo y otorgarlas, de esta manera ha sido para seguridad de los mismos trabajadores.

¿Hay cambios con esa iniciativa?

-El proyecto de mayoría establece que debe estar conformada por personas externas al Poder Judicial, personas que no cotizan para el fondo y que tomarían las decisiones a lo interno del fondo como tal.

¿Y qué dice el de minoría?

-Mientras que el de minoría establece que la junta debe estar conformada de manera igualitaria entre patrono y trabajadores, que haya representación de ambos y aceptamos la participación de personas externas que vengan a fiscalizar.

¿Cómo quedarían conformadas?

-La junta con el de mayoría quedaría con una presencia mayor, serían 2 trabajadores, 2 representantes del patrono y tres externos, lo que les da la mayoría; o sea, sería una administración privada de los recursos de los trabajadores de la institución.

¿Y con el de minoría?

-En el de minoría proponemos que se bipartito, tres representantes del patrono, tres representantes del gremio y la representación de externos sería sobre los comités de riesgo e inversiones, que es lo que se propone.

¿No comparten que alguien ajeno a la institución esté presente?

-No compartimos que la toma de decisiones del régimen esté en manos ajenas, es riesgoso que alguien que no forme parte del Poder Judicial tome parte en las decisiones de los fondos.

¿Por qué les preocupa?

-Nos preocupa que vengan personas externas con una filosofía diferente, que vengan con otras ideas o intereses privados, puede venir una persona con una ideología diferente, que no venga a beneficiar a los empleados del Poder Judicial.

¿No creen que sea lo correcto?

-No nos parece prudente que de la noche a la mañana se les traslade el control a personas externas al fondo (…) Hay gente que teme que esto pase primero en el Poder Judicial y luego se traslade al Magisterio y otras instancias.

¿Hay perjuicio en la parte económica con el proyecto?

-El estudio de la UCR establece que para lograr actuarial del fondo se debe considerar los últimos 10 años laborados por el empleado, la Asamblea lo amplía a 20, por supuesto entre más atrás nos vayamos a la vida laboral de las personas, su referencia va a ser mucho menos. Evidentemente el impacto en la jubilación de las personas va a ser mucho mayor y sus ingresos más pequeños, es agravar de forma innecesaria a las personas porque tenemos un experto que dice que con los últimos 10 años es suficiente.

¿Pero esto no les dejaría más ganancia?

-No queremos que nos quede ganancia, queremos que nos alcance, no estamos hablando de un fondo privado, si fuera así los administradores privados buscarían ganancia, pero nosotros no buscamos eso. 

¿Qué otros cambios se presentan?

Se va a establecer un tope a las pensiones, este va a ser el equivalente a 10 salarios del salario más bajo, en este caso el límite de una persona que se pensione sería de alrededor de 4 millones de colones. Además, se aumenta la edad y los años laborados para aplicar a la pensión; por ejemplo, actualmente con 60 años de edad o 30 de laborar se puede pensionar, ahora se cambiaría a la edad de 65 o bien a 35 años laborados. También, se puede aplicar para una edad mínima, que se establecería en 62 años para los hombres y en 60 para las mujeres. 

¿Qué pasará con las pensiones actuales que son muy altas?

-A estas también se les va a aplicar un límite y ahí se aplicará un modelo distinto, que es que se pague una especie de impuesto a ese monto que se excede, lo cual servirá para que mantengamos el fondo.

¿Cómo funciona ese tope?

-Hay que considerar que el tope va a ayudar con la contribución solidaria, es decir que dependiendo de lo que se pase se puede aplicar una deducción de un 20% y este puede subir hasta 50%, esto para ayudar a bajar los montos de las pensiones.

¿Hay quienes creen que reciben muchos beneficios?

-La ley orgánica actual del Poder Judicial permite una serie de beneficios para las personas que laboran en el Poder Judicial, algo que hace que la mayoría de las personas que no son empleados judiciales piensen que son excesivas.

¿Qué pasa con los jubilados? ¿Cómo se sostienen a lo largo de los años?

-Los pensionados nuestros siguen cotizando al fondo un 11%, en un principio de solidaridad cotizan para las futuras generaciones, por lo que no se recibe el 100% como muchas personas creen que pasa.

¿Funcionan bien de esta manera?

-Nadie puede decir en 77 años que alguno de los administradores se ha robado un cinco, ha desfalcado el fondo o que han hecho inversiones dudosas o cobrado comisiones o cosas de ese tipo, eso sería completamente falso.

¿Es rigurosa la fiscalización que ustedes manejan?

-Nosotros tenemos Supen, Contraloría General de la República y auditoría interna, y la auditoría no es un órgano parcializado de la institución, es el brazo largo de la Contraloría dentro de la institución.

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CRÉDITOS: Fotos: Stephanie Sánchez

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Lunes 04 Septiembre, 2017

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