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Nacionales

Impulsan creación de sistema único de pensiones

Presentan proyecto de ley y acción de inconstitucionalidad

Penjusol aboga por que el sistema único de pensiones lo administre la Caja

La Asociación Costarricense Pro Pensiones Justas y Solidarias (Penjusol) busca terminar con las pensiones de lujo, las cuales son pagadas del presupuesto nacional. Esta organización propone eliminar dicho régimen y crear un sistema único y solidario, en el cual se beneficie por igual a todos los trabajadores.  

El planteamiento surge ante los problemas de liquidez que afronta el gobierno, el cual fue reconocido por el mandatario Luis Guillermo Solís el 1° de agosto anterior.

Para Penjusol las pensiones de lujo se han convertido en uno de los principales factores causantes del desequilibrio financiero que afronta el gobierno. Según esta agrupación, el Estado ha pagado entre $500 millones y $750 millones a un pequeño grupo de personas en perjuicio de la gran mayoría de los ciudadanos del país.

Luis Carlos Ramírez, presidente de Penjusol, comentó que el 14 de agosto anterior se presentó una acción de inconstitucionalidad contra las normas Ley del Régimen de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, Ley de Pensiones de Hacienda, y artículos 224 a 235 inclusive de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esto por cuanto, aseveró Ramírez, dichas leyes crean privilegios de pensiones para un reducido grupo de personas a los que la gran mayoría de ciudadanos no tienen acceso.

En este sentido, también se presentó un proyecto de ley, ante la oficina de Iniciativa Popular, para buscar con ambos mecanismos derogar las pensiones de lujo.

 “Las pensiones de lujo son el saqueo más cuantioso y sostenido de las finanzas públicas en la historia de Costa Rica. Este saqueo consiste en pasar dineros sagrados que son de todos los costarricenses a un minúsculo grupo que construyeron sus privilegios a partir de leyes absolutamente injustas y antisolidarias. Pensemos en la cantidad de escuelas, colegios, universidades, ebais, puentes, carreteras y viviendas de bien social que se hubieran construido con esta millonada de dólares a través de los años”, reafirmó Ramírez.

 

ADMINISTRADO POR LA CCSS

 

Según enfatizó Ramírez, lo que se pretende es que exista un solo régimen de pensiones “justo y solidario”, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). “Las normas impugnadas violan los principios constitucionales de la unidad de la seguridad social en materia de jubilaciones, el cual exige que el sistema funcione con criterios congruentes y coordinados. Además, que otorgue prestaciones o beneficios similares para las diferentes categorías de personas protegidas bajo su régimen; es decir, los diferentes regímenes deben establecer los mismos beneficios jubilatorios para todos sus miembros, y la normativa señalada en la acción de inconstitucionalidad crea regímenes privilegiados que exceden en mucho los beneficios del régimen de la Caja”, mencionó Ramírez.

En la actualidad la Sala Constitucional tramita 243 gestiones, entre recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad de beneficiarios que defienden su derecho a recibir las altas pensiones que van entre los ¢7 millones y ¢16,3 millones, esto luego de que el Ministerio de Trabajo aplicara cuatro leyes tendientes a ordenar el tema y al frenar el pago de las pensiones de lujo.

Un estudio efectuado por el Ministerio de Hacienda en el 2014 concluyó que, de los casi 60 mil pensionados, 1.745, es decir, el 15% de los jubilados de los distintos regímenes de pensión, se les pagó ¢90 mil millones.

 

TOPE DE ¢1,5 MILLONES

 

Los proponentes pretenden que, de aprobarse sus planteamientos, que se otorgue un plazo de seis meses para que, quienes pertenecen actualmente a estos regímenes de pensiones de lujo, sean trasladados de oficio al régimen del IVM, y que se les imponga el mismo tope máximo que tiene ese sistema que es ¢1,5 millones y que el dinero adicional sobre ese tope sea considerado como una contribución solidaria.

“La Constitución Política es muy clara en el sentido de que el Estado es el único que debe tener un sistema solidario de pensiones para los empleados públicos y privados del país. Sin embargo, contrario a lo que establece la Constitución, que aboga por un sistema único de pensiones, se fueron montando estos sistemas de privilegio que hoy les dan a unos cuantos pensiones millonarias. Esto es lo que queremos eliminar”, puntualizó Ramírez.

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Jueves 24 Agosto, 2017

HORA: 12:00 AM

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